A pesar de los diferentes programas de pacificación y el intento de convertir Río de Janeiro en una ciudad segura, homicidios, tiroteos, robos y violencia asolan a la capital carioca.
1 de julio: una joven doctora muere por herida de bala en un tiroteo en la Linha Vermelha, una autopista que atraviesa Río de Janeiro.
2 de julio: un grupo de ladrones cortan una calle de la periferia de la misma ciudad con un camión y asaltan a varias personas en sus coches, además de quemar un autobús.
3 de julio: un violento tiroteo en la favela Vila Cruzeiro, en la zona norte de Río de Janeiro, deja cuatro heridos.
4 de julio: otro tiroteo sacude la favela del Alemão, próxima a Vila Cruzeiro. Un vídeo muestra a unos niños intentando protegerse de los tiros dentro de uno de los vagones del teleférico que conecta los diferentes morros de esta macro-favela.
Son solo algunos ejemplos de la escalada de violencia que se vive en la Cidade Maravilhosa a menos de un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Esos cuatro casos muestran dos caras de la convulsa realidad carioca: la ausencia de seguridad ciudadana y la crisis que viven las favelas supuestamente pacificadas, donde operan las 38 UPP (Unidades de la Policía Pacificadora) instaladas a partir de 2008 con el objetivo de limitar la violencia y recuperar el territorio del control de los narcos.
Este macabro balance se repite semana tras semana desde hace varios meses. En abril, un pastor evangélico fue asesinado a tiros al salir de la iglesia en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de Río de Janeiro. Un moto-taxista falleció durante un tiroteo entre policías y narcotraficantes en Alemão. Dos personas fueron asesinadas, entre ellos un niño de siete años, y seis resultaron heridas en tiroteos entre narcotraficantes y policías, de nuevo en el Alemão.
Todo apunta a que el modelo de seguridad pública diseñado para garantizar la paz durante los tres grandes eventos internacionales de esta década – visita del Papa, Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos – pasa por sus horas más bajas. “El proceso de pacificación tuvo una expansión muy rápida y gozó de un apoyo político y social muy elevado en los primeros años. Progresivamente, ha entrado en una crisis que conlleva tiroteos constantes en algunas favelas, sobre todo en las más grandes, y una pérdida de apoyo dentro y fuera de las comunidades”, explica Ignacio Cano, profesor y coordinador de Laboratorio de Análisis de Violencia (LAV) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
Los datos oficiales no dejan lugar a duda: Río de Janeiro vive el momento más tenso de la última década y experimenta un importante retroceso en términos de seguridad. En 2016, en la capital carioca se han registrado 16.339 robos de coches, 80.061 atracos, 1.469 personas fueron víctimas de disparos, 56 policías resultaron muertos y se produjeron 2.083 homicidios. En marzo de este año, el número de muertes violentas aumentó un 15,3% con respecto al mismo mes de 2015, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP). En tan solo un mes fueron registrado 521 homicidios dolosos, ladronicios (robo seguido de muerte) y fallecimientos a manos de la policía. Un reciente reportaje de la revista Veja titulado Una muerte cada dos horas traza un balance espeluznante en un solo fin de semana: 27 muertos, 20 heridos, 19 tiroteos y siete atracos en serie en tan solo 48 horas.
A pesar de estos datos negativos, es innegable que en los últimos ocho años el proyecto de las UPP ha conseguido reducir significativamente el número de muertes. “Respecto a 1995, que fue con diferencia el peor año para Río, la situación es objetivamente mejor desde muchos puntos de vistas. Disminuyó la sensación de inseguridad en muchas áreas de la ciudad, aunque lamentablemente el proyecto no se ha conseguido avanzar en el sentido de transformar la relación entre los policías y los habitantes de las favelas”, señala Ignacio Cano, profesor español afincando en Río desde hace 20 años.
Estos avances se ven ahora amenazados por el aumento de crímenes violentos. Hoy la situación en la ciudad olímpica dista mucho de ser ideal. Según una investigación del diario Extra, durante el mes de marzo hubo 112 combates armados en las favelas ‘pacificadas’ de Río de Janeiro, en los que fueron disparados 3.693 tiros. Eso equivale a una media de un tiro cada 12 minutos. En total, 30 de las 38 UPP registraron tiroteos. En algunas favelas como Jacarezinho y Manguinhos, hubo 13 y 11 choques, respectivamente. Ambas comunidades están ubicadas muy cerca de la Comisaría de Policía, lo que demuestra la incapacidad de respuesta de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Lo que muestran las investigaciones es que los grupos armados ilegales están volviendo a las favelas pacificadas y presionando por el control del territorio”, afirma Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de la Universidad Cândido Mendes. Para Ramos, se trata de un problema grave, que indica que hay una crisis en la política de las UPP. “Recuperar el control del territorio de esos grupos era uno de los puntos centrales de las UPP”, explica.
Según esta investigadora, hasta 2013 la venta de drogas en la mayoría de las favelas con UPP estaba limitada a pequeñas cantidades y no implicaba el uso de armamento pesado. Eso reducía drásticamente la frecuencia de los tiroteos. De hecho, entre 2007 y 2014, las muertes violentas en áreas controladas por las UPP bajaron un 81,6%, según datos del ISP. No obstante, en los últimos tres años la presencia de narcotraficantes armados en estas comunidades ha vuelto a crear fuertes tensiones.
“2014 ha sido el peor año con un aumento de las muertes violentas dentro y fuera de las áreas controladas por las UPP”, confirma Ignacio Cano. En los últimos dos años, una mezcla de erosión y agotamiento de la Policía Pacificadora ha puesto en entredicho la legitimidad de todo el proceso. “El error ha sido ampliar las UPP a varias favelas sin hacer una reflexión y un análisis previo. Los gestores de este proyecto tuvieron un abordaje un poco ingenuo: las UPP funcionaron bien al principio y ellos decidieron expandir el sistema sin tener en cuenta las peculiaridades de cada favela. No hubo una evaluación ni una corrección de rumbo, ni una evolución hacia una policía de proximidad, más cercana a la población”, explica este sociólogo.
Recientemente, el ideólogo de la pacificación, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, ha reconocido que la crisis financiera por la que pasa el estado de Río compromete seriamente la política de seguridad pública e impide planificar acciones y estrategia más allá de lo inmediato. Eso fue antes de que la policía dejara de cobrar tras el colapso financiero de Río de Janeiro y organizara una manifestación en el aeropuerto internacional con pancartas que avisaban a los turistas: “Welcome to hell”.
Beltrame ha defendido en varias ocasiones los resultados alcanzados gracias a las UPP. “Creo que hoy estamos en una fase en la que hay muchas menos armas y muchos menos crímenes en estos lugares. Si hay un crimen allí dentro, las personas pueden acudir a una comisaría para denunciarlo y la policía podrá llevar a cabo una investigación y las pertinentes detenciones. Lógicamente, no digo que vivimos en un mundo perfecto, pero la situación hoy es mejor que antes”, ha afirmado a principios de marzo. A pesar de eso, ha anunciado que dejará su cargo después del periodo olímpico.
Por lo pronto, esta ola de violencia ha alcanzado incluso Santa Marta, la primera favela pacificada y convertida en un punto turístico oficial, gracias al tirón que todavía tiene la visita del cantante Michael Jackson, que hace 20 años grabó un famoso videoclip. Varios tiroteos interrumpieron este año una paz que duraba desde finales de 2008, dejando por lo menos una víctima mortal, un joven narcotraficante.
El hecho de que esta favela, considerada el ejemplo mejor sucedido de la política de pacificación, haya sufrido la embestida de los fusiles ha puesto aún más en entredicho este proceso, muy criticado por ONG y algunos actores sociales. “Nunca he aceptado el término pacificación, adoptado como eslogan por el Gobierno y repetido por todos los medios de comunicación”, señala el fotógrafo carioca Luiz Baltar. “La política de pacificación no trae paz para los moradores de las comunidades ocupadas. Su objetivo es garantizar la sensación de seguridad para los habitantes del resto de la ciudad, o para quien transita en las regiones ocupadas utilizando la fuerza policial y el control territorial donde la democracia no puede ser ejercida fuera de las actividades permitidas”, añade.
Incluso el Papa Francisco advirtió de que la pacificación de las favelas no será duradera mientras se margine a una parte de la sociedad. Lo hizo en el marco de su visita a Río de Janeiro de 2013, cuando estuvo en la favela de Varginha (Manguinhos). “Que cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias sociales. No es la cultura del egoísmo, del individualismo, que muchas veces regula nuestra sociedad, la que construye y lleva a un mundo más habitable, sino la cultura de la solidaridad; no ver en el otro un competidor o un número, sino un hermano”, dijo en aquel entonces.
Violencia policial
A este panorama de violencia generalizada hay que añadir los abusos policiales denunciados una y otra vez por los habitantes de las favelas supuestamente pacificadas. El caso del albañil Amarildo, secuestrado, torturado y asesinado en 2013 por agentes de la UPP de la favela de Rocinha, dio la vuelta al mundo. Después de una larga investigación, el pasado mes de febrero 12 de los 25 policías militares acusados han sido condenados.
“El caso Amarildo representó la quiebra de confianza de la población hacia las UPP. Es el peor caso posible porque hubo tortura, homicidio y desaparición del cuerpo. Al mismo tiempo, si no hubiese acontecido con agentes de la UPP, a lo mejor jamás habría sido investigado a fondo y jamás habría acabado con tantas condenas. En otra comunidad menor y no pacificada, ni siquiera habría trascendido en los medios de comunicación”, afirma Ignacio Cano.
Un reciente informe de Amnistía Internacional muestra que uno de cada cinco homicidios cometidos en Río de Janeiro fue perpetrado por policías en servicio. Según esta ONG, entre enero y marzo de 2016, los homicidios cometido en operaciones policiales crecieron un 10%, en comparación con 2015. Otro informe de la organización Human Rights Watch indica que la policía militar de Río es la más violenta de Brasil: en la última década ha matado a más de 8.000 personas.
Para Amnistía Internacional, el despliegue de fuerzas de seguridad para los Juegos Olímpicos puede conllevar un aumento del número de víctimas mortales, como ocurrió durante el Mundial de Fútbol de 2014, cuando la policía mató a 580 personas en Río de Janeiro, un 40% más que en 2013. En 2015, esta cifra subió a 645 muertos. Un informe de esta ONG del año pasado indica que la policía brasileña es la que más mata en el mundo. Solo en 2012 hubo 56.000 muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Tan grave es la situación, que la ONU ha denunciado la impunidad que predomina en los crímenes cometidos por la Policía en Brasil. “Los casos de agentes de seguridad que cometen abusos contra prisioneros o detenidos no son investigados de manera significativa y los autores raramente son llevados ante la justicia. No existe ningún mecanismo independiente de investigación para impedir que estos casos sean archivados”, ha afirmado el relator del informe, Juan Méndez. Para él, la impunidad contribuye al aumento de crímenes violentos.
“Parece que la vida en la favela tiene menos valor”, afirma Raull Santiago, fundador de Papo Reto, un colectivo de comunicación independiente formado por moradores del Complejo de Alemão, que en abril ganó el World Press Photo de la mano del fotógrafo español Sebastián Liste.
Violencia común
La violencia creciente en las favelas no es el único problema que tiene que enfrentar la ciudad olímpica. La delincuencia común también está aumentando vertiginosamente. Los datos del ISP revelan que en marzo el número de robos creció un 29% con respecto a 2015. En especial, los robos de móviles subió un 55%.
El pasado 21 de abril, un tiroteo en una conocida tienda del lujoso barrio de Ipanema dejó tres heridos por bala. Un día antes, un hombre de 35 años, Wilson Ourofino de Souza, fue asesinado a tiros por la mañana en una calle del turístico barrio de Copacabana. Según testigos, era un conocido empresario del juego del bicho, un sistema de apuestas ilegales que mueve millones de reales en Río de Janeiro. El asesino esperó a su víctima, bajó del coche y le disparó en la espalda, antes de irse tranquilamente.
Los ajustes de cuentas con armas de fuego acaban con la vida de muchos jóvenes también en el extrarradio. El pasado 2 de mayo, tres hombres fueron asesinados a tiros en un bar de Nilópolis, una ciudad suburbana de Río. Los investigadores sospechan que el crimen está ligado a una disputa por narcotráfico.
El futuro de la pacificación está fuertemente amenazado y la escalada de violencia es su reflejo. Son muchas las voces que auguran su declive después de los JJ OO. Es un hecho innegable que el mapa de la pacificación coincide con el de los grandes eventos deportivos. “Lo que hay detrás de las UPP es un proyecto económico y político para transformar Río de Janeiro en un centro turístico y de servicios”, afirma Ignacio Cano. Sin embargo, este profesor universitario duda que la pacificación pare en seco en septiembre de este año. “El proyecto actual está muy ligado al Gobierno regional, que estará en el poder hasta 2018. Lo que acontecerá después es imprevisible”, asegura Cano.
Mientas, crece el número de cariocas que sueñan con dejar el país por la crisis política y económica y por la violencia. “Es horrible vivir con miedo”, dice Ana, una periodista que espera mudarse a España en breve. “Yo estoy cansado y desmotivado. Me temo que todo irá a peor después de los JJ OO”, afirma Alberto, productor cultural a punto de mudarse a Estados Unidos.
