Manifestación en República Dominicana por los escándalos de corrupción de Odebrecht en el país. (Erika Santelices/AFP/Getty Images)

¿Cómo Odebrecht consiguió exportar su modelo de corrupción a América Latina? He aquí un repaso de los sobornos que la constructora brasileña repartió entre los políticos y empresarios de los 10 países latinoamericanos salpicados por los casos de corrupción.

Desde su lanzamiento hace poco más de tres años, la Operación Lava Jato ha destapado la mayor trama de corrupción de Brasil y de todo el mundo, según un prestigioso periódico británico. La constructora brasileña Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras aparecen en el centro de una espesa trama de sobornos, desvíos de fondos estatales y tráfico de influencias, en la que están implicados varios políticos y empresarios brasileños. Algunos han acabado entre rejas. Entre los más ilustres, destacan Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa homónima y condenado a 19 años de cárcel, y Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y autor intelectual del impeachment de Dilma Rousseff.

El esquema de Odebrecht era sencillo y complejo al mismo tiempo. Petrobras hinchaba el coste de las obras públicas realizadas por esta constructora. El dinero sobrante era usado para comprar el apoyo de los políticos brasileños, que perpetuaban un sistema de intercambios de favores y de negocios privados con dinero público. Pero los tentáculos de la todopoderosa compañía no se han limitado a sobornar a los políticos nacionales y han llegado a una decena de países del continente latinoamericano.

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Desde que Odebrecht admitió haber repartido 788 millones de dólares (unos 690 millones de euros) en sobornos en 12 países de América Latina y África entre 2001 y 2016, tanto los jueces brasileños como los de los países vecinos investigan activamente a esta empresa. La compañía realizó pagos ilícitos para obtener contratos en más de 100 proyectos. Además de los 349 millones de dólares usados para sobornar a políticos en Brasil, 386 millones de dólares han servido para untar a las autoridades de varios países latinoamericanos.

Estos datos han sido divulgados tras la firma de un acuerdo de cooperación entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a finales de diciembre de 2016, que condena a esta empresa a pagar una multa de 3.500 millones de dólares. Inmediatamente después, siete países latinoamericanos comenzaron investigaciones parecidas a la Lava Jato. Aunque los actos de corrupción ocurrieron en América Latina y África, la legislación estadounidense permite que sus autoridades locales procesen a empresas extranjeras, siempre que las compañías involucradas tengan algún vínculo con EE UU.

Venezuela encabeza el ranking de los sobornos internacionales con 98 millones de dólares entre 2006 y 2015. Las suma se refieren a cinco obras públicas, iniciadas durante la época de Hugo Chávez y a día de hoy inconclusas, como la línea 5 del metro de Caracas, el tercer puente sobre el río Orinoco y la central hidroeléctrica Tocoma. Se calcula que serán necesarios 16.000 millones de dólares para acabar las obras dejadas a medias por Odebrecht.

En el segundo lugar está República Dominicana, con 92 millones de dólares de sobornos. A cambio, según el Departamento de Estado de EE UU, la constructora obtuvo beneficios de 163 millones de dólares en hasta ocho plazos. El pasado mes de enero, miles de personas se manifestaron en Santo Domingo para exigir la condena de los funcionarios locales implicados en este escándalo. Odebrecht ha aceptado pagar una multa de 184 millones de dólares al Gobierno dominicano, tras admitir el pago de sobornos y comisiones. Según la información que publica en su web, esta empresa tiene tres proyectos en construcción en República Dominicana y 11 concluidos. El país se había convertido en la filial de Odebrecht para articular su red internacional de sobornos, según ha reconocido Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, exdirectivo del Departamento de Operaciones Estructuradas de esta empresa.

En Panamá el montante de las propinas es de 59 millones de dólares. El expresidente Ricardo Martinelli está implicado. Su hermano Mario y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían recibido 11 millones de dólares y nueve millones de euros, respectivamente, a través de offshores administrados por Odebrecht. El dinero sirvió para garantizar los contratos para la construcción de la hidroeléctrica Dos Mares y de las líneas 1 y 2 del metro, entre otros. Según la Justicia panameña hay 36 personas implicadas en este caso: 23 panameñas, 13 brasileñas y una estadounidense. El Ministerio Público ha abierto 24 investigaciones sobre la actuación de Odebrecht en este país.

En Argentina, Odebrecht pagó inicialmente sobornos por 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, según el documento que la propia empresa firmó en una corte Federal de Nueva York. Posteriormente, se ha descubierto que esta suma podría haber llegado a los 100 millones de dólares. Los sobornos están relacionados con tres proyectos de infraestructura, que le reportaron beneficios de unos 278 millones de dólares. En la lista divulgada por el Departamento de Justicia de EE UU aparecen los nombres de 42 sobornados, entre ellos altos cargos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las investigaciones muestran que Odebrecht, que opera en Argentina desde hace 27 años, era una de las principales contratistas de obra pública en la era Kirchner. Tanto Néstor Kirchner (2003-2007) como su esposa y sucesora (2007-2015) impulsaron la obra pública como nunca antes para crear empleos y estimular el consumo interno. Odebrecht fue la gran beneficiada por la buena sintonía de los Kirchner con los dos presidentes brasileños, Lula da Silva e Dilma Rousseff.

La reputación del presidente Mauricio Macri también ha quedado manchada desde que se ha destapado que la constructora brasileña costeó parte de su campaña electoral. El jefe de la inteligencia del Gobierno argentino, Gustavo Arribas, ha sido acusado de recibir 600.000 dólares de Odebrecht en 2013, como se desprende de la investigación de Lava Jato. Arribas ha negado las acusaciones y Macri le ha apoyado públicamente.

En Ecuador las propinas alcanzaron los 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, según el Departamento de Justicia estadounidense. El Gobierno de este país expulsó a Odebrecht en 2008. Los nombres de los responsables no han sido divulgados. La Fiscalía de Ecuador está investigando a “altos funcionarios del Gobierno” y ha establecido acuerdos de cooperación con otros países latinoamericanos afectados por la trama de corrupción de Odebrecht. En enero, el juez Gustavo Brito ordenó que se suspendiera el pago de 40 millones de dólares a esta empresa mientras duren las pesquisas. En enero de 2017 se produjo la primera detención por el caso Odebrecht y el pasado mes de abril Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad con Rafael Correa, y el empresario Marcelo Endara fueron procesados por el delito de lavado de dinero.

Periódicos de Perú muestran la noticia de la acusación del expresidente Alejandro Toledo por el caso de corrupción de Odebrecht. (Ernesto Benavides/AFP/Getty Images)

Los sobornos en Perú entre 2005 y 2014 alcanzaron los 29 millones de dólares. Aunque no es la suma más alta, el caso de Perú representa uno de los ejemplos más visibles del terremoto político provocado por la Operación Lava Jato en América Latina. Tres expresidentes de este país andino han sido acusados de haber recibido propinas de Odebrecht durante la realización de obras públicas.

El expresidente Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, ha sido acusado de llevarse 20 millones de dólares a cambio de conceder ventajas en la licitación de la carretera Interoceánica. Se trata de una de las obras de ingeniería más caras de Perú. Con 2.600 kilómetros de longitud, conecta el litoral peruano a la frontera con Brasil, cortando la Cordillera de los Andes. La obra costó más de 3.000 millones de dólares y ha sido concebida como un símbolo de la integración de la región suramericana, además de ser una ruta de los productos brasileños hacia el Océano Pacífico. Hoy esta carretera protagoniza el que para varios analistas es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Perú. La justicia peruana ha autorizado la detención preventiva del expresidente. Toledo, que vive en Estados Unidos, ha negado las acusaciones y se enfrenta ahora a un proceso de extradición.

Más recientemente, el expresidente Alan García (2006-2011) ha sido acusado de recibir propinas para favorecer a Odebrecht en la construcción de dos tramos del metro de Lima. En marzo el Ministerio Público peruano abrió una investigación. El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) también habría aceptado donaciones ilegales en su campaña electoral. El exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ha declarado que en 2011 entregó tres millones de dólares a la entonces primera dama Nadine Heredia, mujer de Humala, para financiar su campaña, según se desprende de un documento publicado por la Corte Suprema de la Justicia de Brasil y de la información filtrada por fiscales peruanos a la prensa local.

Perú representa un negocio redondo para la constructora brasileña, que en este país andino obtuvo 19 contratos públicos, consiguiendo un lucro de 143 millones de dólares. Entre los proyectos más destacados, cabe citar la construcción del Gasoducto Sur Peruano, con 1.100 kilómetros, una obra valorada en 7.000 millones de dólares. Desde el año pasado la constructora brasileña, que es dueña del 55% del consorcio responsable de la construcción y la explotación del gasoducto, intenta vender su participación.

Sin embargo, la negociación está atascada desde que el escándalo de corrupción ha sido divulgado. Ningún acreedor se arriesgó a prestarle dinero y el consorcio perdió el plazo para conseguir el financiamiento de 4.000 millones de dólares necesarios para el proyecto. Ante esta situación, el Gobierno peruano ha roto el contrato con el consorcio y deberá realizar una nueva subasta. Odebrecht tiene derecho a recibir de vuelta el 80% del valor invertido, pero aún no se sabe si va a recuperar ese dinero ni cuándo.

En Guatemala Odebrecht destinó 18 millones de dólares al tráfico de influencias entre el 2013 y el 2015, durante la presidencia de Otto Pérez Molina. La constructora brasileña habría conseguido a cambio obras públicas que le rindieron 34 millones de dólares, según el informe divulgado por la Justicia estadounidense. En 2015 Pérez Molina fue arrestado por su implicación en el caso La Línea, una red en la que algunos empresarios habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Desde entonces está involucrado en al menos tres casos de corrupción y ahora tendrá que responder por el escándalo Odebrecht. El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi también está siendo investigado.

En Colombia, los dos últimos presidentes están involucrados en el escándalo. El actual gobernante, Juan Manuel Santos, está siendo investigado por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2014. El equipo de Santos habría recibido un millón de dólares de Odebrecht a cambio de un tratamiento de favor en la concesión de varias obras públicas. Esa suma sería parte de los 4,6 millones de dólares que la empresa brasileña destinó en concepto de propina para hacerse con la concesión de la Ruta del Sol, que debe unir las ciudades de Ocaña y Gamarra.

Odebrecht ha admitido que pagó 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia. Santos ha negado estas acusaciones, aunque Roberto Prieto, jefe de su campaña, ha admitido que en 2010 recibió de la empresa brasileña una financiación irregular de 400.000 dólares. Además, Gabriel García Morales, que fue viceministro de Transporte en el Gobierno de Álvaro Uribe, ha sido arrestado el pasado el 13 de enero. Se le acusa de embolsarse 6,5 millones de dólares para favorecer Odebrecht en las obras de la Ruta del Sol.

En México el coste asciende a 10,5 millones de dólares, entre 2010 y 2014. Las investigaciones han salpicado al expresidente Felipe Calderón y al mandatario en funciones Enrique Peña Nieto. Los sobornos habrían sido pagados en dos tandas. Primero fueron entregados 4,5 millones de dólares entre 2010 y el 2012, en el último periodo del Gobierno calderonista. Posteriormente, entre 2013 y el 2014 Odebrecht habría entregado seis millones de dólares, en la etapa de Peña Nieto. La prensa mexicana sugiere que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva habría sido el intermediario.

La revista brasileña Veja ha publicado que el exdirector general de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, también habría participado en el esquema de corrupción, aunque este niega haber recibido cinco millones de dólares de Odebrecht.

Las investigaciones han mostrado que el modelo de corrupción ejecutado por Odebrecht en Brasil se extendió por todo el continente latinoamericano. Sin embargo, no todas son malas noticias. Para el director de Transparencia Internacional para las Américas, Alejandro Salas, el caso Odebrecht marca el fin de la impunidad de los políticos y empresarios en América Latina. Para él, ya no hay intocables en este continente. “Nadie hubiera imaginado hace años a Marcelo Odebrecht en la cárcel, que es un empresario poderosísimo, o a políticos de primer escalón”, señala Salas.