Las implicaciones constitucionales y de seguridad, tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea, apenas han sido mencionadas en el debate. He aquí el repaso de los aspectos clave.

El 23 de junio los británicos votan abandonar o no la Unión Europea. Las encuestas indican que el resultado será muy ajustado y los últimos sondeos sugieren una mayoría a favor de marcharse. No es esto lo que David Cameron imaginó cuando incluyó el compromiso de un referéndum en el programa conservador de las elecciones generales de 2015. Lo que buscaba en ese momento era proteger su flanco derecho de la amenaza del UKIP. Y creyó que la necesidad de prolongar su alianza con los Liberal Demócratas proeuropeos le permitiría esquivar su compromiso, echando la culpa a sus socios de coalición. Al final, la amenaza del UKIP no se materializó, y su mayoría absoluta le obligó a seguir adelante con el referéndum. Ahora debe luchar con todas sus fuerzas para ganarlo.

La decisión se tomará virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que por primera vez contempla la posibilidad de que un país salga de la Unión Europea. Aunque los británicos votaran a favor de marcharse, eso no significaría que Gran Bretaña vaya a abandonar inmediatamente. Lo que sucederá es que comenzará un periodo de dos años durante el que el Gobierno británico tendrá que negociar con sus todavía aliados europeos y con la Comisión las condiciones de su futura relación con la Unión. Al acabar ese periodo se producirá un acuerdo que marcará la salida final. Esto es, al menos, lo que dice el artículo 50. Pero podría ser más complicado. Las negociaciones sobre la salida de Groenlandia duraron más de tres años; Groenlandia tiene 56.000 habitantes y un único asunto que tratar: la pesca. Gran Bretaña tiene ...