La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto al vicepresidente del país, Amado Boudou, en Buenos Aires, diciembre de 2011. AFP/Getty Images
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto al vicepresidente del país, Amado Boudou, en Buenos Aires, diciembre de 2011. AFP/Getty Images

La Casa Rosada hace equilibrios entre el proceso por corrupción contra el vicepresidente argentino, la deuda pendiente con los fondos buitre y un escenario económico poco optimista.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece ir de final en final. Terminado el Mundial de Brasil, los partidos que disputa en casa son claves para afrontar el último tiempo de legislatura y de ciclo kirchnerista.

En menos de año y medio, sin posibilidad de otra reelección, la Presidenta tendrá que abandonar la Casa Rosada, donde los problemas más urgentes se pasan, como una pelota, del corazón del Ejecutivo al de las finanzas. Dicho de otro modo, del vicepresidente procesado por corrupción, Amado Boudou, a la deuda pendiente con los llamados fondos buitres y otros acreedores que no entraron en la reestructuración de 2005 y de 2010.

En ambos casos una decisión equivocada puede convertir el tramo final de la despedida del poder de la viuda de Néstor Kirchner en un doloroso camino de espinas y llevar a la Argentina a una situación de bancarrota, un escenario que, en rigor, resulta inverosímil imaginar o “una irresponsabilidad política enorme”, en palabras de Ricardo Delgado, director de la Consultora Analytica.

Amado Boudou, de 51 años, es el segundo vicepresidente de Cristina Fernández, un político, a diferencia suya, que no viene del peronismo. Lo eligió como ministro de Economía en su primer mandato (2007-2011) y lo volvió a elegir después como compañero de fórmula a la Presidencia, que reconquistó en 2011 con el 54% de los votos.  En esa decisión pesó la mala experiencia anterior vivida con Julio Cobos, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato adjudicado –tal y como reconoció el difunto ex presidente– por Néstor Kirchner. La presidenta no le perdonó a Cobos que, a los pocos meses de su investidura, votara en el Senado un desempate en contra de un ajuste impositivo para el sector agropecuario, un proyecto de ley que se había convertido en estandarte de su Gobierno.

Fernández estaba convencida de que con Amado Boudou esa historia de rebeldía no podría repetirse. De su delfín rescataba lealtad y ser el autor de la idea original de estatizar los planes de pensiones y jubilaciones, iniciativa propia, –aseguró– de “un hombre sin miedo”.

Aquella apuesta por Boudou, tres años más tarde, únicamente le da y le ha dado disgustos a la mujer más poderosa de Argentina. Su vicepresidente está procesado y tiene embargados bienes por –presuntamente– apropiarse de una imprenta que imprime papel moneda de curso legal. Originalmente conocida como Ciccone Calcográfica, la firma, tras sucesivos cambios de nombre, fue estatizada –por  la mayoría oficialista– pese a desconocerse quién era su propietario. El juez federal Ariel Lijo se la adjudica a Boudou y le atribuye la figura de “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles” con el cargo, pero la causa judicial tiene otras ramificaciones, graves, en curso. Dicho esto, no es la única ...