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Aldeia da Paz, una aldea a las afueras de Macomia tras recibir un ataque terrorista. (MARCO LONGARI/AFP via Getty Images)

La provincia más septentrional de Mozambique, Cabo Delgado, es escenario desde 2017 de los ataques del grupo terrorista Al Shabaab. El grupo siembra el terror entre los locales y tiene en jaque al Gobierno de la todopoderosa FRELIMO, que hasta ahora está perdiendo la partida. La provincia es, además, rica en recursos naturales. Allí se descubrieron en 2010 enormes depósitos de gas que pueden convertir a Mozambique, un país que está a la cola del desarrollo, en uno de los grandes exportadores mundiales.

 

De cómo una tierra puede ser el infierno y El Dorado al mismo tiempo

En agosto de este año militantes islamistas tomaron la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia en la provincia de Cabo Delgado, situada al norte de Mozambique. La ofensiva, reivindicada por el Estado Islámico, dejó decenas de muertos y puso en evidencia a un Gobierno y unas Fuerzas de Seguridad incapaces de recuperar el control de la ciudad mientras los terroristas han continuado atacando otras localidades.

Desde su inicio en 2017 los ataques terroristas en Cabo Delgado han causado más de 2.000 víctimas, según The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). El conflicto y la inseguridad alimentaria de la zona también han provocado, según Naciones Unidas, el desplazamiento de más de 300.000 personas que dependen por completo de la ayuda humanitaria.

Situada en la frontera con Tanzania, Cabo Delgado es la provincia más septentrional de Mozambique, estando su capital, Pemba, a más de 2.000 kilómetros de Maputo. A la provincia en la que empezó la lucha por la independencia de Portugal se la conoce hoy como Cabo Esquecido, un olvido que la ha convertido, y pese a ser rica en recursos naturales, en una de las provincias más pobres del país.

La tierra que fue escenario de heroicas batallas lo es ahora de un fenómeno yihadista sin líder conocido ni reivindicaciones concretas y sobre cuya naturaleza todavía se discute. Sí parece claro que en su origen está el proselitismo propio de las redes islamistas que, como en tantos otros lugares, encuentra un excelente caladero en una juventud sin empleo ni expectativas, que malvive en una región apartada y abandonada por el Gobierno.

Al Shabaab (los jóvenes), como se conoce al grupo terrorista que opera en Cabo Delgado, surgió en torno a 2014 como un grupo de jóvenes radicalizados de pobladas barbas y blancos turbantes que exhibían armas blancas como símbolo de la yihad que propugnaban. En sus inicios se hacían llamar Ahlu Sunna Wal-Jamaa (adeptos de la tradición profética y la congregación) y, según investigadores del Instituto de Estudos Sociais e Económicos, habrían estado en contacto con células fundamentalistas de Tanzania, Kenia y Somalia y con líderes espirituales de Arabia Saudí, Libia y Sudán. También se habla de la influencia de los vídeos del clérigo keniano Aboud Rogo, quien inspiró a los terroristas somalíes de Al Shabaab, grupo vinculado a Al Qaeda con el que los de Cabo Delgado comparten nombre aunque no forman parte de la misma estructura.

Los miembros de Al Shabaab se enfrentaron a los líderes islámicos tradicionales de Cabo Delgado a los que consideraban Káfir (infieles), y estos respondieron expulsándolos de sus mezquitas. Las autoridades, aunque fueron advertidas de la radicalización creciente, optaron por no actuar y mientras el grupo se organizaba militarmente. Y así, de forma similar a lo que ocurrió con Boko Haram en Nigeria, el grupo pasó de secta religiosa marginal a organización armada.

Al Shabaab, que inicialmente reclutaba seguidores ofreciéndoles pequeños préstamos y empleos o financiando su educación islámica en el exterior, realizó su primer ataque violento en octubre de 2017. Desde entonces los ataques han ido en aumento y el grupo ha sembrado el terror asesinando a militares y civiles (a menudo decapitándolos), arrasando aldeas, robando y destruyendo infraestructuras. La población huye abandonándolo todo, sus casas y los cultivos que son su medio de vida.  Uno de los  ataques más graves  tuvo lugar en Xitaxi, donde más de 50 jóvenes fueron asesinados por, según la Policía, no querer unirse a los insurgentes.

En la actualidad, la realidad es que resulta difícil conocer con certeza lo que ocurre en Cabo Delgado. Se han denunciado varias detenciones  y desapariciones de periodistas y se acusa al Gobierno de haber impuesto un cierre informativo, aunque este lo desmiente diciendo que las dificultades para acceder e informar desde la zona son consecuencia del estado de guerra que se vive.

En 2018 el grupo colgó un vídeo en las redes sociales en el que manifestaba su intención de jurar obediencia al Estado Islámico, y en junio de 2019 este reivindicó por primera vez uno de los ataques realizados en Cabo Delgado, como luego ha hecho con otros posteriores. Una prueba más de que, tras las derrotas sufridas en Siria e Irak, el ISIS se está volviendo hacia sus filiales en África, “sus provincias”, como la de África Central que incluye República Democrática del Congo y Mozambique.

Los últimos ataques, como la toma de Mocímboa da Praia, parecen más sofisticados y muestran que el grupo tiene más recursos, recursos que, en parte, obtendría de las numerosas actividades ilícitas de una zona donde se dan todo tipo de tráficos (personas, heroína, marfil, madera, oro y piedras preciosas, etc.).

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FRELIMO, que gobierna Mozambique desde la independencia y que arrasó en las cuestionadas elecciones de 2019, está perdiendo la partida contra Al Shabaab. MARÍA J. RIVAS.

En el intento de encontrar una explicación a la aparición de Al Shabaab, algunos han visto también un factor étnico en su origen y aluden al sentimiento de marginación que tienen los mwani que habitan en la zona. Los mwani, en su mayoría musulmanes, recelan de los católicos makonde por la cercanía de estos al poder y sus ganancias. De hecho, son los makonde, que en su momento apoyaron a la ahora todopoderosa FRELIMO en la lucha por la independencia, los que copan los altos cargos de la Administración y las Fuerzas Armadas.

Hay coincidencia en la mayoría de los analistas sobre la importancia central que tiene la situación socio-económica de Cabo Delgado en este fenómeno de radicalización.  Se trata de una de las provincias más rurales y pobres del país, con tasas de analfabetismo y desempleo -especialmente entre los jóvenes- que están entre las más altas, y con peores servicios e infraestructuras. Y ello pese a ser la zona del país más rica en recursos naturales como, entre otros, el gas natural, del que se descubrieron en 2010 unos enormes depósitos en la bahía de Rovuma que pueden convertir a Mozambique en uno de los grandes exportadores mundiales. Los megaproyectos gasísticos, explotados por multinacionales extranjeras como Total, ExxonMobil y ENI, suponen ingentes inversiones y se espera que vía impuestos llenen las arcas del Estado en los próximos años. La provincia tiene, además, grandes reservas de rubíes que explota la sociedad Montepuez (participada por la empresa británica Gemfields y por un viejo y poderoso general de FRELIMO, Raimundo Pachinuapa).

La explotación de esos recursos naturales genera descontento en la población local por lo que supone de pérdida de tierras y de medios de vida tradicionales. No hace mucho, la expulsión por la fuerza de miles de garimpeiros (mineros informales) llegó a los Tribunales británicos, con una demanda por abusos graves que terminó con el pago por Gemfields de una indemnización millonaria. Y los beneficios que derivan de esa explotación lejos de ir a las comunidades van, además de a las multinacionales, a las élites de FRELIMO, no en vano  la corrupción es uno de los grandes males del país. Ni siquiera se espera que la mayoría de los empleos que genere la explotación del gas sean para los trabajadores locales, dada su poca cualificación.

De cómo FRELIMO, dejada atrás su vieja lucha contra RENAMO, combate ahora a un nuevo y menos conocido enemigo

En Mozambique el enfrentamiento FRELIMO-RENAMO ha sido casi una constante desde su independencia de Portugal en 1975. La guerra civil, un tablero más de la Guerra Fría, duró de 1977 a 1992 y causó cientos de miles de muertos y desplazados. El conflicto resurgió de 2013 a 2016, y fue en agosto de 2019 cuando se firmó el último Acuerdo de Paz, el tercer, y se espera que definitivo, intento de acabar con un conflicto propio de otras épocas.

FRELIMO, que gobierna Mozambique desde la independencia y que arrasó en las cuestionadas elecciones de octubre de 2019, ya no tiene que ocuparse de un viejo enemigo al que le tenía tomada la medida. Al Shabaab, su nuevo enemigo, es más desconocido y tiene al Gobierno descolocado y, de momento, superado.

La respuesta del Gobierno a la creciente violencia terrorista del grupo ha ido evolucionando. De quitar inicialmente importancia a los ataques considerándolos obra de bandidos, se ha pasado a reconocer la naturaleza del problema, aunque insistiendo en verlo como una agresión externa. En la práctica se ha apostado por una respuesta eminentemente militar, reforzando el envío de tropas (poco entrenadas y mal pagadas) y contratando a compañías privadas de seguridad (los mercenarios rusos del grupo Wagner habrían dejado paso a los mercenarios sudafricanos del grupo DAG), una estrategia que no está dando resultado puesto que los ataques se han multiplicado en los últimos meses. Además, la actuación de las Fuerzas de Seguridad hace tiempo que se critica por su implicación en violaciones graves de derechos humanos. Recientemente, saltaron las alarmas a raíz de un vídeo que circulaba por la Red en el que una mujer desnuda era golpeada de manera brutal y luego asesinada por hombres que vestían uniformes militares.

Por su parte, algunos jueces encargados de juzgar a los terroristas reclaman al Gobierno una mejor capacitación, y señalan que la falta de pruebas hace que muchos de los detenidos sospechosos de terrorismo tengan que ser absueltos.

Lo que parece ser una prioridad es que los ataques en Cabo Delgado no afecten al negocio del gas. Tras la toma por los islamistas del puerto de Mocímboa da Praia, situado a pocos kilómetros de los grandes proyectos gasísticos que se desarrollan en la localidad de Palma, el presidente Nyusi garantizó que estos no estaban amenazados. A finales de agosto, se anunció la firma de un Acuerdo entre el Gobierno y la multinacional francesa Total por el que se crea una fuerza conjunta para dar seguridad a los proyectos de la empresa en la zona, Acuerdo que para algunos supone una privatización de las Fuerzas de Seguridad.

El Gobierno también acaba de lanzar la Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte,  en un reconocimiento implícito de que la raíz profunda de la violencia está en la pobreza y la falta de oportunidades. Se trata de un ambicioso plan de más de 700 millones de dólares orientado al desarrollo económico de las provincias del norte y con el que se pretende, entre otros objetivos, promover el empleo de los jóvenes de la zona.

En los últimos tiempos, el país está volviéndose cada vez más hacia la comunidad internacional en busca de ayuda. El presidente Nyusi hablaba hace poco en la ONU de la necesidad de la cooperación internacional contra el terrorismo en tanto que amenaza transnacional, aunque sin mencionar la posibilidad de una intervención extranjera en el país.

Al asumir en agosto la presidencia de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), Nyusi puso el foco en combatir el terrorismo de forma conjunta por los países que la integran. En la actualidad, aunque SADC insinúa estar preparando algún tipo de intervención en el país no está claro si esta llegará ni tampoco si será de tipo militar, analistas como Alex Vines creen que hay poca voluntad por parte de Mozambique y de sus vecinos para una intervención externa formal. Sí parece necesaria una mayor colaboración de la vecina Tanzania (separada apenas de Cabo Delgado por una frontera muy porosa), en especial en el ámbito de la inteligencia y para el corte de líneas de abastecimiento a los insurgentes. Quizás Tanzania se implique más de confirmarse que Al Shabaab es el responsable de un ataque reciente a una población tanzana situada al otro lado del río Rovuma, que separa las fronteras de los dos países.

Mozambique también acaba de solicitar la ayuda de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo, pidiendo apoyo logístico y capacitación técnica, además de ayuda humanitaria para las personas desplazadas.

De momento, no parece que el problema de la insurgencia que sacude el norte de Mozambique vaya a resolverse fácilmente. La solución tendrá que ser tan compleja como lo es el problema, con medidas como la capacitación de las Fuerzas Armadas -también en materia de derechos humanos- y la mejora de sus condiciones, la formación de los jueces, el incremento de los esfuerzos de inteligencia y el establecimiento de una mayor cooperación con los países vecinos. Pero para la solución definitiva serán necesarias, por encima de todas las demás, actuaciones que atajen la pobreza y la desigualdad en la zona.