Ilustración. (Getty Images)

Cincuenta años después del golpe de estado, Chile sigue reflexionando sobre su pasado y enfrenta múltiples desafíos a día de hoy, pero todo ello sin abandonar ese impulso innovador que continúa caracterizando en gran medida al país.

Como las matrioskas rusas, la pregunta por la innovación contiene una asociación inevitable con la idea de futuro. Bajo esa premisa, Chile debiera ser el lugar mejor posicionado de América Latina y el Caribe para responderla dado que, por años, viene ostentando un liderazgo reconocible como lugar para la innovación. Dos recientes índices lo atestiguan. Se trata del Scorecard 2023 de la Consumer Technology Association (CTA), que lo incluye como parte de los “líderes en innovación” en el lugar 38, y el Índice Mundial de Innovación 2022 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que le otorga la posición 50 (entre 132 países). Tal es así que la agencia para potenciar el país, de nombre “Marca Chile”, tiene un lema muy acorde como es “Creating future”.

Sin embargo, a pesar de ostentar una situación que invita a pensar en clave de promesa, para cualquiera que siga su devenir actual es fácil reconocer una mezcla de retrovisión con ensimismamiento.  De retrovisión, porque de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado acaecido el 11 de septiembre de 1973, así como el recuerdo de los horrores de la dictadura que después siguió, se esperaría que aflorara un renovado compromiso colectivo con la democracia, la vigencia y el respeto por los derechos humanos y un rechazo categórico de la violencia como forma de dirimir los conflictos. 

Pero está sucediendo que, en la práctica, una reflexión que podría ser más analíticamente sosegada e, incluso, proporcionar lecturas alternativas, ya que la que se llamó “revolución con sabor a empanada y vino tinto” como intento de acceder al socialismo a través del uso de la institucionalidad vigente, mediante el sufragio, el pluralismo y la libertad no deja de ser una experiencia de laboratorio que no había tenido lugar previamente en el mundo, se ha visto sustituida por controversias y disputas en torno al gobierno de la Unidad Popular (UP), la inevitabilidad o no del golpe de Estado y la figura de Salvador Allende. 

Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile, durante un evento sobre el aniversario del golpe de Estado, en julio de 2023, en Madrid, España. (Jesús Hellin/Europa Press/Getty Images)

A explicar dicho escenario podrían concurrir factores internos, puesto que el actual presidente chileno, Gabriel Boric, anunció un plan de conmemoración especial con el lema oficial “La democracia es memoria y futuro”, despertando suspicacias acerca de la pretensión de levantar una narrativa oficial acerca del pasado. Pero hay otros, externos, que no hay que obviar. Asistimos a un clima de época signado por una polarización afectiva, aunque probablemente acentuado en este caso por las secuelas del estallido social de octubre de 2019, los efectos de la pandemia subsiguiente y el proceso de elaboración de una nueva Constitución que se espera que sustituya a la heredada del régimen militar, promulgada en 1980. 

Lo que se ha dado en llamar “el problema constitucional” se ha visto sorprendido con una duración más larga de lo esperado cuando la mayoría de las colectividades políticas concordaron, a 28 días de dicho estallido, una vía para redactar una nueva Carta Magna que quedó recogida en el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Luego del rechazo del texto propuesto por 62% de los chilenos en un plebiscito de salida realizado el 4 de septiembre de 2022, se ha emprendido un segundo intento que, a diferencia del primero, concita poca atención y menos entusiasmo. Lo concreto es que se habla de “fatiga constitucional” para denominar el hecho de que, hoy en día, y cuando los chilenos deberán pronunciarse frente a nueva propuesta el 17 de diciembre próximo, sólo el 30% muestra su disposición a votar a favor, según la encuesta Plaza Pública-Cadem. Podría llegar a suceder que no se disponga, en lo inmediato, de un nuevo texto constitucional mientras que la vigente, erosionada en su legitimidad, siga ordenando la vida del país. Algo parecido a un limbo.

A lo anterior habría que sumar que la recesión democrática, tendencia que se está instalando en la región, enfrenta una paradoja: mientras que el Índice de Democracia 2022 de The Economist considera a Chile como “democracia plena”, una de las encuestas locales más prestigiosas, la del Centro de Estudios Públicos (CEP), “revela un deterioro en la percepción ciudadana de la democracia”.  Otros estudios lo refrendan. Así, la encuesta Chile Dice “Imaginarios ciudadanos sobre la democracia en Chile”, realizada por Criteria y la Universidad Alberto Hurtado, arroja que “aún cuando hay una mayoría social que valora la democracia respecto de otros sistemas autoritarios, un 33% de las personas la mira con recelos, y la mayoría de la población (52%), señala sentirse profundamente insatisfecha con ella”.

Pero también transcurre hoy por la sociedad chilena un ensimismamiento que trasunta la conversación pública. Distintos líderes de opinión coinciden en que, después de más de una década de abandono de crecimiento económico sostenido, se habría caído final y fatalmente en la llamada “trampa de los países de ingreso medio”. Una variante de lo anterior sostiene que se habría perdido de nuevo —ahora en pleno siglo XXI— una nueva oportunidad para el desarrollo (parafraseando el del economista Aníbal Pinto Santa Cruz “Chile, un caso de desarrollo frustrado”) y que se experimenta un estado de marasmo que ha llevado al propio ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) a declarar que “no está a la altura de lo que fue”. Encuestas de opinión como la elaborada por Plaza Pública-Cadem avalan dicho estado de ánimo social al punto que “61% cree que el país está peor que hace 10 años, frente a 23% que considera que está mejor y 16% que está igual”.

Pintura mural y graffitis en el barrio marginal "La Pincoya" de Santiago de Chile. (Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images)

Pero es posible hacer abstracción de dichas impresiones cuando quien observa se coloca, real o ficticiamente, en una posición de umbral, recurriendo a lo que el escritor chileno-estadounidense Alberto Fuguet llamó alguna vez “particularidad liminal”. Es la que acompaña a alguien que es, pero no ha sido. Se trataría de un estar, pero que los otros no te sientan del todo como uno de ellos, desprendiéndose así una posibilidad: la de mirar con esa libertad mental propia de quien emigra a un nuevo lugar. Ejercitar tal  desapego facilita suspender por un momento las visiones pesimistas para apreciar otros aspectos de un país que hizo una transición política que fue juzgada a ojos del mundo como ejemplar, o que llevó a cabo el rescate de 33 mineros caídos en una mina en pleno desierto de Atacama una heroicidad. Tras una supuesta pérdida de solidez institucional y de dinamismo económico que no permiten seguir ajustándose a imágenes asociadas a él como “milagro latinoamericano” o “jaguar de Latinoamérica”, persiste porfiadamente una pulsión innovadora. Es tan así que es posible llamar la atención acerca de algunas experiencias que están llevándose a cabo en la sociedad, en la política y en la economía, con potencial de réplica en otros contextos. Algunas de ellas han surgido como respuesta al estallido social mientras otras se han visto reforzadas por éste. Tal suceso supuso un parteaguas que reveló que, tras la experiencia de modernización capitalista que impulsó la dictadura con un modelo de mercado que, en lo esencial, mantuvieron los gobiernos de la transición, con un mayor acceso al consumo y reducción de la pobreza, se mantenía una desigualdad que está lejos de revertirse. Un ejemplo lo entrega el Informe World Inequality Report de 2022 que indica que el 1% más rico concentra el 49,6% de la riqueza total del país (en Brasil concentra el 48,9%, en México el 46,9%).

La fuerza innovadora chilena

Vista general de los barrios de Valparaíso y del puerto comercial de Chile. (Andia/Universal Images Group/Getty Images)

En el ámbito de la sociedad civil, se destacan tres sugerentes proyectos. En el sector de la vivienda, Chile viene destacando en la región por el abordaje del crecimiento de los campamentos. Los resultados del catastro nacional de Techo Chile para 2022-2023 que muestra que “existen 1.290 de esos asentamientos en el territorio, lo que implica un aumento de 33,1% en dos años. En ellos, hay 113.887 hogares, lo que implica un crecimiento del 39,5%”. A partir de dicha realidad, surge en 2021 Déficit Cero, plataforma que es resultado de la alianza entre el referido Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción para “convocar a distintos actores sociales, académicos, públicos y privados que buscan trabajar colaborativamente para que todos y todas tengan acceso a una vivienda digna y adecuada”. Esta iniciativa tiene un potencial de amplificación enorme, ya que involucra a una organización que, como Techo Chile, nacida hace 25 años, haya llegado a ser la organización de vivienda más grande de América Latina. Por otro lado, la necesidad existe: a 2021, “aproximadamente una de cada cinco personas (17%) —lo que suma un total de 114 millones de personas— vivían en asentamientos informales en América Latina, y alrededor de una de cada cuatro personas en zonas completamente urbanas”.

Otra iniciativa es Puente Social, proyecto que, con el objetivo de promover la dimensión social como propósito de las empresas, se define como “una red social que facilita la interacción para que las personas se ayuden entre sí. También es una plataforma para que las empresas se involucren activamente en proyectos que ayuden a la comunidad, promuevan la sustentabilidad y colaboren con el medio ambiente”. Impulsada por la emprendedora social y directora de empresas, Claudia Bobadilla, su interpelación al mundo empresarial no es casual. Chile es un país donde la revolución neoliberal de Augusto Pinochet le proporcionó al empresariado la oportunidad de gozar de un capital, estatus y prestigio que derivó en una posición social dominante inédita.

Desde el punto de vista de la divulgación de ideas, resulta novedoso el trabajo de una organización sin fines de lucro que, desde 2010, se dedica a difundir el pensamiento interdisciplinario: Puerto de Ideas. Su misión declarada es “promover el encuentro entre la ciudadanía y las ideas, con la palabra al centro de la entretención, a través de instancias accesibles y multidisciplinarias que fomenten la curiosidad y el amor por el conocimiento”, y lo hace por medio de festivales y actividades educativas.

Desde el mundo de la política, y con un espíritu similar, se inscribe el denominado Congreso Futuro. Emerge de la visión de un exsenador, Guido Girardi, que logra involucrar en su organización a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, al gobierno de Chile y a la Academia Chilena de Ciencias. Desde 2011, el considerado evento de divulgación científica más grande de América Latina, se realiza de forma anual con el objetivo de congregar a expertos reconocidos en distintos ámbitos, tanto científicos como humanistas, para responder a problemáticas de futuro e intentando, de paso, acercar el mundo de la política a la ciudadanía.

También cabe destacar una práctica que, en tiempos de sociedades polarizadas y fragmentadas, recoge una metodología de trabajo sugerente. Nos referimos a la instalación de mesas o comisiones con carácter técnico-político, transversal y plural, convocadas indistintamente por distintos gobiernos desde 1990, para proponer medidas que, basadas en la evidencia y en la perspectiva comparada, permitan enfrentar problemas nacionales y que suelen desembocar en leyes y políticas públicas. Integradas plenamente en su tradición política, son las llamadas Comisiones Asesoras Presidenciales (CAP) y emanan de las facultades con las que cuenta quien detecta la presidencia para articular toda clase de instancias de asesoría al poder ejecutivo. Durante el mandato del actual presidente, inaugurado en marzo de 2022, cabe reseñar al menos dos: una, de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones (Comisión Jaraquemada) y otra, denominada “Comisión por la Paz y el Entendimiento” y cuyo objetivo es la restitución de tierras que las comunidades mapuches reclaman como usurpadas por el Estado de Chile. 

Desde el punto de vista más sectorial, la política exterior que impulsa el gobierno del presidente Boric ha declarado su voluntad de enfatizar dos ejes novedosos para lo que ha sido la tradición de una política que en Chile es considerada de Estado. Nos referidos, por un lado, a su carácter de “feminista”, siguiendo la senda inaugurada por Suecia en 2014 y a la que ahora se han sumado también los gobiernos de Canadá, México, España, Francia, Dinamarca, Australia, Noruega y Colombia y, por otro, a lo que se denomina “diplomacia turquesa” la que, aspirando a la “protección de los ecosistemas marinos y de tierra”, enfatiza un claro compromiso medioambiental. 

Finalmente, en materia económica, y aunque Chile viene arrastrando por años un debate acerca de la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo más productivo, con un rol  decisivo por parte del Estado, así como menos dependiente del cobre, las necesidades derivadas de la descarbonización, de la transición energética y del calentamiento global parecen acelerar la urgencia de enfrentar los desafíos de una “economía verde”, dadas las ventajas competitivas de las que dispone. Es en ese marco que se sitúan las llamadas “energías limpias” (eólica y solar), así como el rol protagónico que viene cobrando el litio, recurso que se transformó en el primer producto no cobre de exportación del país en 2022.

Piscinas de salmuera con carbonato de litio y subproductos de sal, en el desierto de Atacama en Salar de Atacama, Chile. (Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency/Getty Images)

Dos sucesos son destacables. En primer lugar, el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio, planteando el presidente Boric recientemente que “nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo”. Sus características vienen dadas por el control estatal (creación de una empresa nacional del litio, así como la de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares,) y por el respeto a las comunidades locales y el medio ambiente. En segundo lugar, se ha hecho una apuesta por el hidrógeno verde, estimándose que “podría convertirse en el productor a costos más competitivos a nivel global por sus energías renovables”. Para su concreción, el primer paso lo ha dado la empresa estatal de hidrocarburos (ENAP), que se iniciará en su producción “aprovechando algunos de sus activos industriales y de generación eólica en la austral región de Magallanes”.

Septiembre es, de todo el calendario, el de mayor carga simbólica para Chile. Es el mes en que nace, pero también en el que muere. Muere porque perdió, un día 11, aquella democracia que —mito o realidad— le imprimió tempranamente un sello distintivo de cultura cívica en América Latina. Pero es también el mes en que comienza porque, cada 18 de septiembre, desfiles, festejos populares y discursos oficiales celebran su nacimiento como nación independiente. Es también cuando la opinión pública asiste a un ritual en el que, impulsado por los medios, se plantean preguntas acerca de la identidad y se indaga por los que serían los rasgos distintivos del chileno. Por supuesto, ello abre igualmente la ocasión para acudir a estereotipos. Se dice de ellos  que son desconfiados, solidarios y formales. Solo falta que añadan a dicha lista ese talante innovador que tanto los ranking como la experiencia revelan.