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El país debe hacer frente a muchos desafíos, pero ¿será Chile capaz de construir un Estado más sólido y maduro, con una democracia participativa y una sociedad más cohesionada?

“Chile despertó”, se escucha tras el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. Ante la sorpresa de muchos, aquel largo y estrecho país, al fin del continente americano, ejemplo recurrente de estabilidad, crecimiento económico y apertura al mundo, mostró una cara nueva. La de millones de ciudadanos volcados en las calles reclamando un país más justo y equitativo, menos desigual, menos abusivo y más inclusivo. En resumen, más digno.

Lo que partió, aquel viernes de primavera en el hemisferio sur, con una evasión masiva de estudiantes secundarios en protesta por el aumento del precio del pasaje de metro (30 pesos, 0,35 céntimos de euro), cual olla a presión que estalla, rápidamente se inflamó. También llegó la violencia. Estaciones de metro incendiadas, negocios saqueados, lugares vandalizados. Si bien esta violencia se ha visto concentrada en determinados espacios en muchas ciudades, su impacto ha sido evidente. Impacto económico inmediato, declaración de estado de emergencia, toque de queda, militares en las calles, más de 30 muertos, centenares de lesionados por balines y violaciones de los derechos humanos. Cuatro informes de organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) han constatado dichas violaciones. Amnistía Internacional, Human Right Watch, Comisión Interamericana de Derecho Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También el Instituto de Derechos Humanos de Chile, dentro de su labor, ha emitido informes sobre las violaciones a los derechos humanos de estos cuatro meses.

La clase política en general (gobierno, oposición, partidos políticos) se encontraron a contrapié ante la crisis. También la sociedad civil, incluyendo académicos, gremios, sindicatos, medios. A todos nos ...