Trabajadores del sector del acero se reunen
Trabajadores del sector del acero se reúnen en las puertas de la compañía Guofeng, en Tangshan, en la provincia de Hebei, abril 2016. Greg Baker/AFP/Getty Images

La reforma de los conglomerados estatales es inaplazable, pero al mismo tiempo podría aumentar el riesgo de inestabilidad social en el gigante asiático.

“Queremos sobrevivir, queremos comer”, dice en pinceladas negras sobre tela blanca uno de los enormes carteles que llevan los obreros mientras marchan por las calles de la ciudad de Shuangyashan, una comunidad minera de 1,5 millones de personas al noreste de China. Una multitud de manifestantes, 1.000, según algunos cálculos, sostienen que su empleador, la empresa estatal Longmay, no les ha pagado sus salarios por varios meses.

El 12 de marzo imágenes y vídeos de las protestas se difundieron rápidamente por redes sociales chinas, que si bien sigilosamente vigiladas por la censura, no son libres de rendijas reveladoras: centenares de obreros tomando vías ferroviarias para cortar el tránsito de trenes hacia Pekín, escuadrones de policías antimotines enfrentados a filas de manifestantes en la calle, individuos violentamente detenidos por agentes de policía, varias docenas de vehículos patrulleros con sirenas a todo volumen desplegadas en una plaza central, más carteles con demandas como “devuelvan nuestro dinero” avanzando por las calles, en fin, evidencia gráfica de inestabilidad social mientras que las altas cúpulas del Partido Comunista Chino (PCC) llevan a cabo su doble reunión, la sesión parlamentaria anual, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín.

Allí, durante las primeras semanas de marzo, el Congreso Nacional del Pueblo y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ponen en escena un espectáculo legislativo de unidad y estabilidad con unos 3.000 representantes de todo el país ante la prensa nacional y mundial, en donde nuevas legislaciones son aprobadas con índices de apoyo superiores al 90% de los votos. ...