
Una empelada entra en las oficinas centrales de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline en Shanghai, julio de 2013. AFP/Getty Images
¿El resultado de la legislación anti-monopolio o un intento de proteger a las empresas nacionales?
“Pekín se ha vuelto menos abierta a las empresas extranjeras, imponiéndoles cada vez más costosas multas, prohibiendo las fusiones empresariales, rechazando sus peticiones de licencia para operar y, últimamente, deteniendo y deportando a sus directivos”. Así define un reciente artículo en la revista Foreign Affairs el nuevo clima empresarial en China. Allí, según explica, está acusándose a las empresas de fijar precios, de abuso de poder a costa de los consumidores e incluso de sobornos. Según otros medios, la respuesta a estos ataques no se ha hecho esperar: la inversión extranjera en China está en declive y se sitúa al mínimo en cuatro años.
Sin embargo, también puede verse desde el otro lado de la barrera. Como comentaba recientemente Mario Mariniello del Bruegel Institute, “las empresas extranjeras están dándose cuenta gradualmente de que la China dispone de leyes de defensa de la competencia y que no teme utilizarlas”. El marco jurídico anti-monopolio chino no se instauró hasta 2008 y ha ido implementándose gradualmente. Por tanto, la pregunta es: todas estas acciones contra intereses empresariales, ¿son consecuencia de la puesta en marcha de las leyes de defensa de la competencia como en toda economía capitalista normal? ¿O bien se trata de un intento de las autoridades chinas de intervenir en la economía y proteger las empresas locales de la competencia occidental?
Fusiones, cárteles y abusos de mercado
La investigación de Mariniello, que se puede consultar aquí, aporta algunos datos interesantes. Pekín se muestran cada vez más activo, casi llegando a igualar a los europeos en nombre de actuaciones contra fusiones entre compañías, cárteles o abusos de dominio de mercado. Más importante, sólo en un 15% de las fusiones empresariales que han pasado por la evaluación de las autoridades chinas se trataba exclusivamente de fusiones entre empresas locales; los otros casos involucraban o bien una empresa china y una extranjera, o bien dos extranjeras. Pero, sobre todo, en el 100% de los casos en que el Gobierno ha actuado para anular la fusión o para poner condiciones especiales, había como mínimo una empresa extranjera involucrada. La investigación del Bruegel Institute se muestra clara al señalar un sesgo contra empresas no nacionales.
Sin embargo, cabe destacar que este estudio no se detenía a evaluar si las decisiones de las autoridades chinas estaban justificadas o no, es decir, si las empresas extranjeras se merecían tal intervención debido a que realmente suponía un perjuicio para el consumidor.
Marinielli también explicaba que las multas anti-monopolio eran sustancialmente bajas y sólo se habían penalizado hasta ese momento a empresas chinas. Pero empieza a intuirse recientemente un cambio de tendencia, tal como sugiere la multa de 200 millones de dólares a 12 fabricantes japoneses de piezas de automóvil por pactar precios. También, por la sonada multa de 489 millones de dólares a ...
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