A pesar de sus bajos costes laborales, China no podrá desbancar
a América Latina como zona preferente de entrada de inversiones.
En México, las maquiladoras (fábricas de capital extranjero
que producen a bajo coste) han perdido 250.000 empleos en los tres últimos
años y las entradas de inversión directa extranjera han caído
de 16.000 millones de dólares en 2000 a 11.000 millones el último
año. También en Brasil la inversión extranjera ha bajado
fuertemente, y en toda América Latina se ha reducido un 58% en estos
tres años. Quizá la región ya no ofrece las mismas oportunidades
de inversión que hace unos años, quizá el ambiente político
en muchos países es ahora menos atractivo. Es muy posible que China sea
en parte la causa. A fin de cuentas, Pekín es actualmente el receptor
número uno de inversión directa extranjera del mundo. En 2002,
las empresas estadounidenses invirtieron 10 veces más en ese país
que en 1992. Sin duda, parte de ese aumento ha sido en detrimento de inversiones
en América Latina.
La abundancia de mano de obra barata es la ventaja más evidente de China
para atraer inversión extranjera. El salario medio en la industria manufacturera
son unos 110 dólares mensuales (unos 91 euros), menos que el salario
mínimo legal en casi cualquier país latinoamericano y apenas una
fracción de los 440 dólares que gana el trabajador mexicano o
los aproximadamente 300 dólares que recibe el trabajador de Costa Rica,
El Salvador o Panamá.
Hace un par de décadas, la infraestructura de transporte, comunicaciones
y energía era más precaria en China que en la mayoría de
países latinoamericanos. Pero los progresos recientes han sido extraordinarios.
Por ejemplo, en los últimos 12 años se ha pasado de cero a 12.000
kilómetros de autopistas interprovinciales, de forma que China se ha
convertido en uno de los países con mayor red de autopistas del mundo.
También las facilidades portuarias han mejorado considerablemente. El
gigante asiático tiene 200 puertos –varios de ellos entre los 10
más grandes del mundo y más suscriptores de televisión
por cable (100 millones) y más teléfonos móviles (145,2
millones a fines de 2001) que EE UU–. Además, cuenta ya con 180
millones de líneas telefónicas fijas (16 por cada 100 habitantes)
y con 36,6 millones de usuarios de Internet. Debido a las privatizaciones, muchos
países latinoamericanos también han logrado progresos notables,
pero más concentrados en las áreas de telecomunicaciones y, en
menor medida, en electricidad y puertos.
Otra ventaja nada despreciable de China frente a América Latina es la
estabilidad macroeconómica, que radica en la ausencia de inflación,
los bajos niveles de deuda del Gobierno y la solidez de sus reservas internacionales
y su balance externo. Pero debido a la amenaza que representa el sector financiero,
como veremos enseguida, la estabilidad macroeconómica no está
asegurada.
En efecto, no todo en China son fortalezas. La razón de las principales
debilidades es la falta de separación entre el Estado y el mercado. Las
prácticas de financiación, las normas corporativas y multitud
de regulaciones sectoriales, en su intento de proteger a las empresas estatales,
son un serio obstáculo a la innovación y la competencia.
A pesar de que cuenta con uno de los sistemas financieros más profundos
del mundo –en 2002 el saldo de créditos como proporción
del PIB llegó a 148%–, el acceso al crédito se encuentra
restringido en la práctica a las empresas estatales o controladas por
el Estado, muchas de las cuales no pueden pagar sus deudas. Según cifras
oficiales, a finales de 2002, los cuatro grandes bancos estatales chinos tenían
deudas incobrables equivalentes al 26% de sus activos. Sin embargo, se cree
que el verdadero coeficiente de deudas incobrables es mucho más alto.
Aquí está el verdadero talón de Aquiles de su economía.
La calidad de las instituciones será el verdadero campo
de batalla en el que se librará esta competencia
Buscando proteger las empresas estatales, las normas corporativas no ofrecen
protección a los pequeños accionistas ni permiten el desarrollo
de un mercado bursátil transparente. Las grandes empresas estatales tienen
garantizada la participación en los mercados domésticos más
importantes, lo que desalienta a los grandes inversionistas con vocación
para innovar.
La falta de separación entre el Estado y el mercado se extiende a todos
los aspectos de la actividad económica, con el agravante de que no se
trata de un Estado cohesionado y centralizado, sino de una hidra de mil cabezas
que operan a niveles distintos de gobierno y que crean un ambiente propicio
para la corrupción y la incertidumbre legal y contractual. Por ejemplo,
recientemente, un periódico denunció que el 84% de las ventas
de derechos de tierra en Shanghai en los dos últimos años se habían
realizado utilizando mecanismos ilegales.
China está muy lejos de tener un sistema judicial independiente que ayude
a poner orden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado y ponga
coto a la corrupción. Excepto en algunas de las grandes ciudades costeras
del Este, la gran mayoría de los 200.000 jueces que hay en China son
oficiales retirados del Ejército de Liberación Popular, que carecen
de formación legal e independencia. Más grave aún, el incipiente
sistema jurídico resulta extraño a la tradición cultural
china.
Los costes salariales y la infraestructura son ventajas importantes, pero no
decisivas, para la competitividad en el mediano plazo. Los salarios en la industria
china están aumentando cerca del 10% por año, lo que está
recortando rápidamente la brecha con América Latina, donde los
salarios crecen muy poco. Inversiones públicas en infraestructura del
orden del 9% del PIB cada año no han bastado para evitar las congestiones
de transporte ni los frecuentes apagones eléctricos, y serán difíciles
de sostener en el futuro ante las amenazas fiscales que representan el frágil
sector financiero y las crecientes obligaciones de seguridad social que vendrán
con el inminente envejecimiento de la población. Se estima que las contingencias
fiscales derivadas de estos dos problemas superan el valor del PIB.
La calidad de las instituciones será el verdadero campo de batalla en
el que se librará la competencia entre China y los países latinoamericanos.
Aunque distan de ser perfectos, los regímenes de regulación financiera
y de capitales, las normas para la inversión extranjera y para el comercio
internacional de América Latina son mucho mejores que los de Pekín.
Las mayores deficiencias institucionales de Latinoamérica se encuentran
en sus sistemas de justicia, que, a pesar de haber ganado independencia en muchos
países, aún son objeto de frecuente interferencia política.
A medida que se consolide la democracia, la justicia tenderá a mejorar
en independencia y eficacia. No puede decirse lo mismo de China.
A pesar de sus bajos costes laborales, China no podrá desbancar
a América Latina como zona preferente de entrada de inversiones. Eduardo
Lora
En México, las maquiladoras (fábricas de capital extranjero
que producen a bajo coste) han perdido 250.000 empleos en los tres últimos
años y las entradas de inversión directa extranjera han caído
de 16.000 millones de dólares en 2000 a 11.000 millones el último
año. También en Brasil la inversión extranjera ha bajado
fuertemente, y en toda América Latina se ha reducido un 58% en estos
tres años. Quizá la región ya no ofrece las mismas oportunidades
de inversión que hace unos años, quizá el ambiente político
en muchos países es ahora menos atractivo. Es muy posible que China sea
en parte la causa. A fin de cuentas, Pekín es actualmente el receptor
número uno de inversión directa extranjera del mundo. En 2002,
las empresas estadounidenses invirtieron 10 veces más en ese país
que en 1992. Sin duda, parte de ese aumento ha sido en detrimento de inversiones
en América Latina.
La abundancia de mano de obra barata es la ventaja más evidente de China
para atraer inversión extranjera. El salario medio en la industria manufacturera
son unos 110 dólares mensuales (unos 91 euros), menos que el salario
mínimo legal en casi cualquier país latinoamericano y apenas una
fracción de los 440 dólares que gana el trabajador mexicano o
los aproximadamente 300 dólares que recibe el trabajador de Costa Rica,
El Salvador o Panamá.
Hace un par de décadas, la infraestructura de transporte, comunicaciones
y energía era más precaria en China que en la mayoría de
países latinoamericanos. Pero los progresos recientes han sido extraordinarios.
Por ejemplo, en los últimos 12 años se ha pasado de cero a 12.000
kilómetros de autopistas interprovinciales, de forma que China se ha
convertido en uno de los países con mayor red de autopistas del mundo.
También las facilidades portuarias han mejorado considerablemente. El
gigante asiático tiene 200 puertos –varios de ellos entre los 10
más grandes del mundo y más suscriptores de televisión
por cable (100 millones) y más teléfonos móviles (145,2
millones a fines de 2001) que EE UU–. Además, cuenta ya con 180
millones de líneas telefónicas fijas (16 por cada 100 habitantes)
y con 36,6 millones de usuarios de Internet. Debido a las privatizaciones, muchos
países latinoamericanos también han logrado progresos notables,
pero más concentrados en las áreas de telecomunicaciones y, en
menor medida, en electricidad y puertos.
Otra ventaja nada despreciable de China frente a América Latina es la
estabilidad macroeconómica, que radica en la ausencia de inflación,
los bajos niveles de deuda del Gobierno y la solidez de sus reservas internacionales
y su balance externo. Pero debido a la amenaza que representa el sector financiero,
como veremos enseguida, la estabilidad macroeconómica no está
asegurada.
En efecto, no todo en China son fortalezas. La razón de las principales
debilidades es la falta de separación entre el Estado y el mercado. Las
prácticas de financiación, las normas corporativas y multitud
de regulaciones sectoriales, en su intento de proteger a las empresas estatales,
son un serio obstáculo a la innovación y la competencia.
A pesar de que cuenta con uno de los sistemas financieros más profundos
del mundo –en 2002 el saldo de créditos como proporción
del PIB llegó a 148%–, el acceso al crédito se encuentra
restringido en la práctica a las empresas estatales o controladas por
el Estado, muchas de las cuales no pueden pagar sus deudas. Según cifras
oficiales, a finales de 2002, los cuatro grandes bancos estatales chinos tenían
deudas incobrables equivalentes al 26% de sus activos. Sin embargo, se cree
que el verdadero coeficiente de deudas incobrables es mucho más alto.
Aquí está el verdadero talón de Aquiles de su economía.
La calidad de las instituciones será el verdadero campo
de batalla en el que se librará esta competencia
Buscando proteger las empresas estatales, las normas corporativas no ofrecen
protección a los pequeños accionistas ni permiten el desarrollo
de un mercado bursátil transparente. Las grandes empresas estatales tienen
garantizada la participación en los mercados domésticos más
importantes, lo que desalienta a los grandes inversionistas con vocación
para innovar.
La falta de separación entre el Estado y el mercado se extiende a todos
los aspectos de la actividad económica, con el agravante de que no se
trata de un Estado cohesionado y centralizado, sino de una hidra de mil cabezas
que operan a niveles distintos de gobierno y que crean un ambiente propicio
para la corrupción y la incertidumbre legal y contractual. Por ejemplo,
recientemente, un periódico denunció que el 84% de las ventas
de derechos de tierra en Shanghai en los dos últimos años se habían
realizado utilizando mecanismos ilegales.
China está muy lejos de tener un sistema judicial independiente que ayude
a poner orden en las relaciones entre las empresas privadas y el Estado y ponga
coto a la corrupción. Excepto en algunas de las grandes ciudades costeras
del Este, la gran mayoría de los 200.000 jueces que hay en China son
oficiales retirados del Ejército de Liberación Popular, que carecen
de formación legal e independencia. Más grave aún, el incipiente
sistema jurídico resulta extraño a la tradición cultural
china.
Los costes salariales y la infraestructura son ventajas importantes, pero no
decisivas, para la competitividad en el mediano plazo. Los salarios en la industria
china están aumentando cerca del 10% por año, lo que está
recortando rápidamente la brecha con América Latina, donde los
salarios crecen muy poco. Inversiones públicas en infraestructura del
orden del 9% del PIB cada año no han bastado para evitar las congestiones
de transporte ni los frecuentes apagones eléctricos, y serán difíciles
de sostener en el futuro ante las amenazas fiscales que representan el frágil
sector financiero y las crecientes obligaciones de seguridad social que vendrán
con el inminente envejecimiento de la población. Se estima que las contingencias
fiscales derivadas de estos dos problemas superan el valor del PIB.
La calidad de las instituciones será el verdadero campo de batalla en
el que se librará la competencia entre China y los países latinoamericanos.
Aunque distan de ser perfectos, los regímenes de regulación financiera
y de capitales, las normas para la inversión extranjera y para el comercio
internacional de América Latina son mucho mejores que los de Pekín.
Las mayores deficiencias institucionales de Latinoamérica se encuentran
en sus sistemas de justicia, que, a pesar de haber ganado independencia en muchos
países, aún son objeto de frecuente interferencia política.
A medida que se consolide la democracia, la justicia tenderá a mejorar
en independencia y eficacia. No puede decirse lo mismo de China.
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Eduardo Lora es economista y consejero
principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
