Taipéi puede poner en marcha una estrategia de toma y daca destinada a disuadir a Pekín de iniciar ofensivas diplomáticas o a detenerlas.
En su discurso de apertura de la sesión de este año de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China (RPC), el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que Pekín nunca permitiría un Taiwán independiente, exigiendo que la Administración de Tsai Ing-wen, recién llegada al poder, se adhiera al llamado “consenso de 1992” y al marco “una sola china, diferentes interpretaciones”. Esto, unido al restablecimiento el mes pasado de las relaciones diplomáticas con Gambia, antiguo aliado de Taiwán, parece mostrar de forma evidente que China le está apretando las tuercas a Taipéi.
Dada la acusada disparidad de poder entre Taiwán y China, el primero tiene que andar con pies de plomo. Por un lado no debe provocar a Pekín innecesariamente, mientras que por otro no debe situarse a merced de las artimañas del gigante asiático. En consecuencia, Taipéi tiene que desarrollar una estrategia de toma y daca destinada ya sea a disuadir a Pekín de iniciar ofensivas diplomáticas o a detenerlas.
Taiwán puede sacar partido del “consenso de 1992”. No debe ni abolir la Constitución de la República de China ni modificar cláusulas importantes que nieguen el principio de “una sola China”, y tampoco debe renunciar a sus territorios de jure en China, lo que requeriría una resolución legislativa seguida de un referéndum. Una declaración de independencia, así como un referéndum, cruzarían las líneas rojas del gigante asiático, porque son dos caras de una misma moneda. Pero, por otro lado, existen medidas que serían permisibles siempre y cuando se vean limitadas a actos simbólicos que no alteren el statu quo.
La República de China existe desde 1912, mientras que la República Popular China fue establecida en 1949. Por lo tanto, la RDC conserva su prominencia legal e histórica, incluyendo la jurisdicción de jure en partes de China. Pekín no puede negar esto, ni voluntariamente ni a regañadientes, ya que constituye la base de la adhesión de Taiwán al “consenso de 1992”.
Si el gigante asiático intentara establecer relaciones diplomáticas con otros aliados de Taiwán, el gobierno entrante del Partido Democrático Progresista podría anunciar su propósito de designar oficialmente a Taipéi como capital de la nación. La sede oficial del gobierno de RDC es todavía Nankín, aunque Taipéi ha sido la capital temporal desde 1949. Llevar esto a la práctica no contravendría el “consenso de 1992”, ya que la Constitución de RDC no estipula cuál debe ser la capital de la nación. Pero, al hacerlo, Taiwán podría mostrar que sigue teniendo una actitud desafiante contra las maniobras diplomáticas de Pekín
Y si China intentara otros ataques diplomáticos, Taiwán debe fijarse como objetivo el talón de Aquiles de Pekín: la débil integración nacional relacionada con la latente inestabilidad en Tíbet y Xinjiang. Taiwán primero tiene que hacer un uso activo de la Comisión de asuntos mongoles y tibetanos, una organización a nivel ministerial del poder Ejecutivo. Esta comisión personifica la jurisdicción de jure de Taiwán sobre Tíbet -ya no sobre Mongolia Exterior, que ha ganado su independencia pasando a ser la República de Mongolia-, aunque sin ser capaz ejercer ningún control efectivo allí. Es el legado de la pasada organización política de la RDC.
La comisión puede publicar informes anuales sobre el estado de los derechos humanos en China, centrados en Tíbet. Los informes, si se publican en varios idiomas, podrían resultar una herramienta efectiva en las operaciones de relaciones públicas internacionales de Taiwán contra China. Y hacer esto no constituye una intervención en los asuntos internos de la RPC, dado que Taipéi tiene jurisdicción de jure en los territorios.
Si el gigante asiático no detuviera sus asaltos diplomáticos, Taiwán puede además intensificar sus contrataques lanzando críticas más feroces a las violaciones y abusos de los derechos humanos de Pekín en Tíbet. Dada su jurisdicción de jure en China, podría incluso designar a otra agencia gubernamental para que publicara informes similares sobre derechos humanos en otras áreas, incluidas Xinjiang y Mongolia Exterior.
Como medida adicional, Taiwán puede contactar al gobierno tibetano en el exilio en India más a menudo y ofrecerle abiertamente su apoyo moral, porque lo que demanda es genuina autonomía, no independencia. También podría contactar a activistas uigures individuales que trabajan a favor de los derechos humanos, aunque no al gobierno en el exilio del Turquestán Oriental, que exige la independencia.
Taipéi podría jugar al juego de la legitimidad internacional con Pekín. Taiwán se vería forzado a ponerse a la defensiva o, en el mejor de los casos, a llevar a cabo una política de limitación de daños en la cuestión del reconocimiento si implicara una reducción de su espacio internacional.
Sin embargo, Taiwán en realidad tiene las de ganar en lo que se refiere a temas de derechos humanos y democracia, ya que posee la capacidad de perjudicar la reputación del gigante asiático.
Taiwán tiene que estar preparado para la segunda vuelta de ofensivas diplomática de China. Sus contramedidas deben ser reactivas, no preventivas, y estar muy bien ajustadas a una implementación secuencial y un aumento gradual en intensidad.
Taipéi podría ser capaz de disuadir a China con un menú sólido de contramedidas de este tipo. Ya va siendo hora de que Taiwán supere la mentalidad de ser siempre el caballo perdedor.
