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La corrupción responde a una fórmula sencilla. La definió el que algunos consideran uno de los mayores expertos académicos sobre el tema, Robert Klitgaard: C = M + D –A, Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de Cuentas (Accountability). Cuanto más monopolio exista sobre un recurso (el petróleo en Brasil o Venezuela, la capacidad para calificar el suelo en España), más corrupción tiende a producirse. Cuanto mayor sea la discrecionalidad que pueden aplicar las autoridades (el control del Partido Comunista Chino sobre los sectores económicos), más corrupción se acumula. Si se incrementa, en cambio, la obligación a rendir cuentas, los mecanismos de trasparencia o la independencia judicial, se reduce la lacra de la malversación pública.

Esta idea básica está en el epicentro de algunos de los métodos de éxito y países más renombrados en la lucha contra la corrupción. He aquí algunos ejemplos:

 

Dinamarca, el mejor y mejorando

Se las llama empresas fantasma, pantalla, o simplemente anónimas. Son la principal herramienta de los abogados de criminales y corruptos para lavar dinero. Y algunos países han puesto en marcha una medida que va a dificultarles mucho la tarea.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno danés anunció la puesta en marcha de un registro público con información sobre propietarios y titulares finales y reales de todas las sociedades constituidas en ese país.

“Las empresas anónimas son la principal forma de lavado de dinero procedente del crimen, la evasión fiscal y de la corrupción”, afirma Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, “Crear registros de los beneficiarios reales, humanos, de cada empresa, como pretende hacer el Gobierno danés, es una aproximación de sentido común para acabar con el tremendo flujo de dinero ilegal”.

Al sacar adelante este listado, “habrá mayores escollos para los corruptos que pretendan ocultarse detrás de sociedades constituidas en nombre de terceros”, asegura Trasparencia Internacional, que recuerda que otros países como Reino Unido ya han implementado medidas similares. Exhortan ahora a la Unión Europea, Estados Unidos y países del G20 a seguir el ejemplo danés para saber con certeza quiénes verdaderamente controlan cada sociedad o son sus titulares finales.

Dinamarca ya se sitúa a la cabeza del ránking de Estados con menos percepción de corrupción del mundo. Es, para empezar, un país rico, con una fuerte separación de poderes, y con una profunda consolidación del Estado de Derecho. Hay, además, “unas normas claras que regulan la actuación de quienes ocupan funciones públicas”, según TI.

Reino Unido ha anunciado ya una medida similar, y el Parlamento Europeo ha votado por abrumadora mayoría la creación de una directiva europea para que se creen registros de beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts, que permitan conocer a quién pertenece realmente cada empresa, dónde opera y qué impuestos está pagando. Todo en el marco de la Directiva europea contra el Lavado de Dinero (AMLD en sus siglas en inglés).

De momento, el ejecutivo europeo (la Comisión y el Consejo Europeo) se opone. Según un borrador de propuesta obtenido por el Buró de Periodismo de Investigación, los Estados Miembro pueden restringir los datos, por lo que estos no se harán completamente públicos. Habrá excepciones para evitar, dicen, el secuestro, los chantajes o el fraude, lo que diluye la efectividad de la medida.

Lo mismo ocurre con los reguladores de Estados Unidos. La Casa Blanca está tratando de que se ponga en marcha al menos un registro disponible para las autoridades judiciales. De momento, es uno de los países del mundo donde más fácil es establecer una empresa anónima. Esto dificulta a los bancos hacer la llamada due dilligence de las empresas, a las compañías vetar ciertas firmas sospechosas, y a los inversores estar coherentemente informados, según Joshua Simmons, de GFI.

 

Estados Unidos, ¿duro contra el blanqueo de dinero?

Philippe Huguen/AFP/Getty Images
Logotipo del banco  HSBC, entidad que ha sido acusada del  delito de blanqueo de dinero. Philippe Huguen/AFP/Getty Images

Uno se corrompe por dinero, normalmente quiere usarlo, y para eso antes tiene que blanquearlo, es decir, otorgarle apariencia legítima pese a su origen ilegal. Es lo que hacen sistemáticamente narcotraficantes, mafiosos y, también, funcionarios públicos enriquecidos por cohecho, tráfico de influencias o apropiación indebida.

Para ayudarles en esa labor están ciertos bancos. Por ejemplo, presuntamente, Banca Privada d’Andorra (BPA) o el HSBC. El primero ha terminado intervenido y con una de sus filiales, Banco Madrid, a punto de liquidación; el segundo ha pagado una multa de casi 2.000 millones de euros en Estados Unidos y ha sido enjuiciado en varios países gracias a una información de un consorcio de periodistas internacionales que ha revelado cómo movía el dinero de narcotraficantes y evasores fiscales.

Detrás de estos casos está la FinCEN estadounidenses, siglas en inglés de la Red de Prevención de Crímenes Financieros. Una poderosa herramienta contra la corrupción.

El caso de BPA-Banco Madrid ha rápido y fulminante como un relámpago, muestra del poder que esa agencia estadounidense tiene más allá de sus fronteras. El pasado 10 de marzo FinCEN hacía público que el banco andorrano debería ser considerado como una institución de lavado de dinero, según la definición de la Sección 311 de la PATRIOT Act. Aseguraba que, durante muchos años, los “corruptos” ejecutivos de alto nivel de BPA habían facilitado a sabiendas el blanqueo de dinero de organizaciones criminales trasnacionales: de chinos como Gao Ping, envuelto en la Operación Emperador, que incluye varios presuntos casos de cohecho; de rusos como Andrei Petrov, un conocido limpiador de dinero proveniente de la corrupción y la mafia; o de políticos venezolanos, que escondían en el banco dinero procedente de presuntos sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones: tres ex viceministros, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario considerado próximo a Hugo Chávez, todo según el diario El Mundo.

Desde la publicación del FinCEN, los eventos se dispararon: el Consejero Delegado de BPA, Joan Pau Miquel Prats, fue detenido, y se emitieron órdenes de captura para otros dos ejecutivos del banco. BPA, el tercer banco del principado, fue intervenido por las autoridades. Se impuso un corralito que impedía la retirada de más de 2.500 euros a la semana. Su filial española, investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta colaboración en el blanqueo de capitales, vio como su Consejo de Administración era destituido en bloque por orden de los administradores impuestos por el Banco de España. Presentó concurso de acreedores.

Ha sido, en suma, un ejemplo de acción fulminante desatada contra un banco que, presuntamente, blanquea dinero. Lo que nos lleva hasta el caso del HSBC, una de los mayores bancos del mundo. En verano de 2013 esta entidad consiguió parar el caso contra él en Estados Unidos por blanqueo de dinero a cambio de una multa de 1.900 millones de dólares. El banco londinense estaba acusado de fallar en los obligados controles legales contra el blanqueo relacionado con más de 670.000 millones de dólares en trasferencias bancarias y más de 9.400 millones de dólares en compra de moneda. Entre otros, trabajaban para el peligroso Cartel de Sinaloa mexicano y el Norte del Valle colombiano. El banco violó también las sanciones económicas impuestas por Washington contra Irán, Libia, Sudán, Birmania y Cuba. Lo diminuto de la multa en comparación con los beneficios del banco (más de 18.000 millones de dólares antes de impuestos en 2014) suscitó enormes críticas. Y, sobre todo, escandalizó el hecho de que se evitara perseguir criminalmente a ningún ejecutivo por unos negocios que engrasan carteles que asesinan a miles de personas cada año. Así, BPA-Banco Madrid y HSBC son la cara y la cruz de la lucha contra el blanqueo en Estados Unidos.

 

Rumanía, arrestos al más alto nivel

Durante los últimos meses en Rumanía hemos asistido a una procesión televisada de arrestos o investigaciones por corrupción al más alto nivel. Una especie de blitzkrieg en la lucha contra el fraude, el cohecho y el tráfico de influencias.

Por ejemplo, la madre, hermana y cuñado del actual Primer Ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, se cree que poseen una empresa que ha canalizado la apropiación de fondos europeos. Entre las detenciones más mediáticas, la de la llamada “rubia del presidente”, la ex ministra de Turismo Elena Udrea, que era la mano derecha del ex presidente Traian Basescu. Udrea, la mujer de un poderoso multimillonario rumano, está acusada de lavar para él millones de dólares obtenidos ilegalmente con sobreprecios impuestos al software institucional.

Y todos estos movimientos, y muchos otros (contra jueces corruptos, periodistas y políticos), los está realizando una institución: la Dirección Nacional Anti Corrupción (DNA, en sus siglas en inglés). Creada hace más de una docena de años, sólo en los últimos meses parece haberse puesto realmente manos a la obra.

Rumanía ocupa el lugar número 69 en la lista de percepción de la corrupción de Trasparencia Internacional, por debajo de Italia. Pero este año se ha llevado las alabanzas de la Unión Europea. Para empezar, por su cumplimiento y seguimiento del mecanismo europeo llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación CVM. “Las acciones tomadas para la integridad judicial y de las instituciones, y para solucionar la corrupción al más alto nivel, han tenido un impulso impresionante”, asegura en un comunicado de enero de 2015 la Comisión Europea. “Esto ha provocado que cada vez más rumanos confíe en la Justicia y, en general, en la lucha contra la corrupción de los fiscales”. Ahora, lo que hace falta, es que lo conseguido en los últimos meses “se consolide con el tiempo, y se convierta en objetivos más proactivos y una jurisprudencia más consistente”.

Detrás de la DNA hay una mujer, una especie de Elliot Ness que últimamente han loado prestigiosos medios como la BBC o The Economist. “La fiscal jefe de la DNA Laura Codruta Kovesi, una jugadora de baloncesto en su adolescencia, ascendió hasta la magistratura antes de conseguir el puesto más alto en abril de 2013”, se lee en la publicación británica. “Algunos temieron que sería incapaz de proteger la reputación de la agencia, pero de hecho el número de casos de alto nivel se ha acelerado. En 2014 la DNA consiguió el procesamiento de 1.138 personas, incluidos 24 alcaldes, cinco diputados, dos ex ministros y un ex primer ministro, Adrian Nastase, con un 90% de condenas”.

Ahora la figura de Codruta sufre ataques habituales en algunos medios de comunicación, en particular los que son propiedad de presuntos corruptos. Pero, de momento, parece que el caso de Rumanía está siendo un éxito en la lucha contra la corrupción dentro de la UE.

 

Chile, el menos corrupto de América Latina

Protesta contra la corrupción enfrente del Palacio de la Moneda, Santiago de Chile, marzo de 2015. Martin Bernneti/ AFP/Getty Images)
Protesta contra la corrupción enfrente del Palacio de la Moneda, Santiago de Chile, marzo de 2015. Martin Bernneti/ AFP/Getty Images)

Chile (junto a Uruguay) está en la posición número 21 de 175 países  en la clasificación global del Índice de Percepción de la Corrupción de Trasparencia Internacional. Por situarlo, compárese con España, 16 puestos por debajo, o con Argentina, que se sitúa en el 107.

El país andino es, de hecho, un ejemplo en limpieza de su vida pública al que se refieren habitualmente los distintos organismos internacionales en lucha contra la corrupción. ¿Por qué?

Su cuerpo de policía es considerado en el informe de Trasparencia Internacional como “bastante limpio” y su sistema judicial es autónomo del poder político. Además, ha implementado sistemas electrónicos y de trasparencia pública en el ejercicio de gobierno y en los procesos de contratación que suelen ser la fuente principal de cohechos.

El pasado 5 de febrero una revista chilena implicaba a la nuera de la presidenta, Michelle Bachelet, en un presunto caso de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La empresa de Natalia Compagnon, mujer de Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, había recibido un crédito de Banco de Chile de 10 millones de dólares sin tener bienes como para avalarlo; había comprado unos terrenos y se había embolsado con ello un beneficio de cinco millones. Dávalos habría sido facilitador de esa operación.

Del caso, que ha enturbiado el historial de la política chilena, se ha destacado la contundencia de la reacción pública. Una semana después de la noticia el hijo de Bachelet fue desplazado de su cargo en el área cultural de la presidencia, y tanto él como su esposa tuvieron que abandonar el Partido Socialista. Bachelet dio un discurso en el que aseguró: “Conozco bien mi responsabilidad como Presidenta […] implica muchas veces tomar decisiones que son dolorosas, y para lograr que éste sea un mejor país para todos es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció”.

 

España: una ley de transparencia algo traslúcida

El foco de atención de la nueva Ley de Transparencia en España se puso en el sueldo de los altos cargos del Estado. Los días posteriores a la publicación de transparencia.gov.es, el primer portal de la democracia española, los medios de comunicación se centraron en descubrir cuál de los altos funcionarios del Estado cobraba más y en debatir si era lógico que el Presidente del gobierno cobrara bastante menos que un Secretario de Estado.

Sin embargo, con la apertura de la página web, España ha dado el primer paso para la entrada en el club de las naciones occidentales en las que el control de los gastos del Gobierno lleva ya tiempo asentado.

Por primera vez se establece un proceso por el que el Estado tendrá que responder a cualquier ciudadano que solicite una información relevante en el plazo de un mes. En el portal se recopilan datos dispersos en las distintas administraciones del Estado: los detalles de los presupuestos del Estado y de las Cortes, los bienes de la Cámara como los coches oficiales, los convenios, información sobre actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, situación de la tramitación de las normas o actividades de los parlamentarios al margen del escaño.

Las críticas a esta medida han llegado de diversos frentes. Para empezar, se lamenta que se exijan tantos requisitos, como la identificación por DNI electrónico y otro tipo de trabas, y la falta de información nueva en grandes cantidades.

 

Uganda: un paso adelante en un océano de corrupción petrolera

Una demostración de cómo funciona una aplicación anticorrupción para móviles, Kampala, Uganda, 2014. Isaac Kasamani/AFP/Getty Images
Una demostración de cómo funciona una aplicación anticorrupción para móviles, Kampala, Uganda, 2014. Isaac Kasamani/AFP/Getty Images

Con un PIB de tan sólo 17.000 millones de dólares (60 veces menor que el español) para 33 millones de habitantes y una expectativa de vida de 53 años, Uganda es un país extremadamente pobre. Es, además,  profundamente corrupto. El más corrupto del este de África, de hecho. Se sitúa en el lugar 142 de los 175 países del Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. ¿Qué hace, pues, en una lista de ejemplos de lucha contra la corrupción?

La Organización Global de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC, en sus siglas en inglés) lo destaca para esglobal por el paso en la buena dirección que supone la nueva propuesta de “Ley sobre la exploración y producción de petróleo”.

En 2006 se descubrió en el Lago Alberto el que algunas fuentes consideran el mayor yacimiento de petróleo del África Subsahariana, con al menos 2.500 millones de barriles de reserva. La exploradora británica Tullow Oil se ha asociado con la francesa Total y la China National Offshore Oil para construir una refinería. El país discute ahora cómo rentabilizar esa riqueza natural, y se enfrenta al mismo drama de los recursos naturales que, como con el oro anteriormente, han llevado a sus élites a extraer grandes cantidades de riqueza en una sociedad enfermizamente desigual. Uganda se enfrenta además a una guerra civil con las milicias ultra cristianas LRA, responsable del secuestro de unos 30.000 niños y del desplazamiento de centenares de miles de personas, según cifras de Naciones Unidas.

Es en este contexto en el que GOPAC destaca la nueva Ley, que tiene por objeto “reglamentar, gestionar, coordinar y monitorear las operaciones de transporte, procesos y almacenamiento del petróleo; permitir la construcción, la colocación y la propiedad de las instalaciones y reglamentar los aranceles de las instalaciones”. Todo mediante un proceso abierto, transparente y competitivo para obtener la licencia del ministerio.

Los próximos años serán clave para ver si la llegada del oro negro se ha podido convertir en una nueva oportunidad para Uganda o si la corrupción vuelve a convertir el descubrimiento en una maldición.