¿Por qué es imprescindible el sector empresarial para terminar con el conflicto en el país?
Es indiscutible que, con la globalización, el sector empresarial ha adquirido protagonismo no sólo como actor económico, sino también como político y social. Más allá de la responsabilidad básica de no causar daño, la filantropía y el sector privado han sido, de hecho, señalados por un informe reciente de Naciones Unidas como aliados clave para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, las empresas pueden generar un verdadero impacto positivo. Así ha sucedido en el pasado en escenarios de conflicto, por ejemplo, Sudáfrica o Irlanda del Norte, donde el compromiso empresarial se propuso llegar más lejos y crear un clima propicio a la consolidación de la paz.
En Colombia las fronteras entre responsabilidad social empresarial, respeto a los derechos humanos, desarrollo y construcción de paz son difíciles de delimitar.
El Acuerdo Marco de las conversaciones de paz del Gobierno colombiano y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) en La Habana contiene un único punto económico, el del sector agrario. Sin embargo, un papel activo por parte del empresariado es indispensable para consolidar la paz.
A diferencia de otros países en conflicto, Colombia cuenta con una economía en crecimiento y un sólido tejido empresarial. El sector, más allá de filantropía clásica –los habituales proyectos para impulsar el crecimiento y el desarrollo-, está impulsando iniciativas sofisticadas en favor de la paz, que reconocen e integran el conflicto. Una gran parte del empresariado reconoce abiertamente las dificultades inherentes al conflicto y su impacto en las operaciones y estrategias corporativas o los costes de operación.
El sector empresarial colombiano es todo un referente en construcción de paz. Le avala una amplia y variada experiencia, que abarca mucho más que las medidas habituales como la financiación de la construcción de la paz o la contratación de desmovilizados. Contribuciones “internas” se han hecho, por ejemplo, mediante políticas corporativas que abordan la discriminación y la reintegración socioeconómica de poblaciones vulnerables como la indígena, la afro-colombiana, desplazados o desmovilizados. Diversas iniciativas de apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos a través de encadenamientos productivos o contratación directa de campesinos han sido todo un éxito.
Entre los ejemplos “externos”, destaca el apoyo del empresariado –incluso el tradicionalmente más ligado al uribismo- al presidente Santos cuando abrió una Mesa de Conversaciones con las FARC. Decididos a apostar por la paz y la salida negociada del conflicto, le apoyaron también en su reelección en 2014. El sector ha estado bien representado desde el mismo arranque de los diálogos de la Habana y ha llevado a cabo considerables iniciativas para superar desconfianzas, hacer pedagogía -muy necesaria dentro y fuera del empresariado- y extender una cultura de paz que ha alimentado el respaldo de la opinión pública a las negociaciones.
Además, Colombia ha contado y cuenta con líderes empresariales ampliamente comprometidos por la paz.
El empresariado colombiano ha conseguido una legitimidad que no existe necesariamente en otros escenarios de conflicto, invitando al optimismo en cuanto a su compromiso con la reconstrucción del país.
Los empresarios la perciben como beneficiosa para sus intereses. Según un informe reciente, ven el diálogo con buenos ojos: están convencidos de que la paz atraería inversión extranjera y estimularía el crecimiento económico. Con todo, hay obstáculos que pueden lastrar el compromiso real de los empresarios con la implementación de los acuerdos y frenar el ritmo de las transformaciones socioeconómicas.
Obstáculos
El sector, ya de por sí muy heterogéneo y con intereses no siempre alienados, está altamente polarizado.
Algunos empresarios no quieren perder los privilegios que han disfrutado durante el conflicto (especialmente el sector agrario). Determinadas élites rurales temen que el Gobierno − al que tachan de débil pues “habla con terroristas”-, negocie el modelo económico y de desarrollo. Recelan de que pudiera dar pie a la creación y aumento de zonas de control social o reservas campesinas o instaurar una especie de castrochavismo. Temen, además, que, con el partido político resultante de las FARC, se impongan políticas restrictivas de la inversión extranjera o la política minero-energética. No ayudan precisamente a calmar los ánimos el diálogo preliminar (y su posible formalización) con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocido por su cruzada contra multinacionales y otras empresas, a las que señalan como culpables de enriquecerse a costa de los recursos nacionales y el medio ambiente.
Además, el esclarecimiento de las causas del conflicto por parte de la Comisión de la Verdad podría sonrojar a ciertos sectores del empresariado a cuenta de su papel en el mismo, su participación en acaparamientos de tierras y desplazamientos de población, su connivencia con administraciones clientelistas en zonas de gobernabilidad frágil, o sus vínculos con paramilitares.
Con todo, el factor en la ecuación que más inquieta a estos actores que -no lo olvidemos- persiguen una racionalidad económica, es el coste del posconflicto. En un contexto de caída de la renta petrolera, de recientes pérdidas de PIB y de descenso de los fondos de cooperación internacional, el sector teme una hipotética subida de impuestos. Mientras que habrá que esperar para ver los dividendos de la paz en Colombia, los costes serán inmediatos. El propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció que el presupuesto de 2016 podría ser insuficiente si, como está previsto, se firma la paz antes del próximo 23 de marzo. Aunque la comunidad internacional se ha comprometido a apoyar financieramente el posconflicto, el sector sigue barruntando los efectos colaterales que un posible acuerdo de paz acarrearía a sus bolsillos. Tampoco hay que olvidar el más que probable rechazo que todo esto generaría en las empresas extranjeras, habitualmente reacias a pagar el precio de algo que perciben como una cuestión ajena a ellos.
Otro obstáculo es la percepción pública del empresariado, categorizado por muchos como una clase retrógrada que forma parte del problema. Lo cierto es que la mayoría de los empresarios colombianos forman parte de una élite, y que las grandes empresas se encuentran en las grandes ciudades, alejadas de la Colombia del conflicto. Ello, inevitablemente, entraña el riesgo de que las iniciativas de construcción de paz del sector se desconecten de la propia de la realidad rural que viven las poblaciones más afectadas.
Por tanto, a pesar de la multiplicación de iniciativas de construcción de paz por parte del sector privado colombiano y la mayor visibilidad de su papel como actor pacificador, en la práctica, existen obstáculos importantes, falta compromiso y concreción, y el impacto hasta ahora ha sido limitado. La cuestión de la paz avanza en la agenda del sector, pero a paso lento. Falta coordinación, integración real de la construcción de paz en la cultura y estrategia corporativas, visibilidad hacia la sociedad y pedagogía dentro del sector. Se echan de menos elementos esenciales como sería, por ejemplo, el ejercicio de una verdadera reflexión sobre el papel del empresariado en el conflicto, en el fomento de dinámicas de exclusión social y económica, o minando la capacidad del estado (claves para alcanzar los objetivos de verdad, reconciliación, reparación y no-repetición).
Tras los últimos acuerdos sobre justicia transicional, uno de los puntos más sensibles del proceso, ha llegado la hora de la verdad para los empresarios colombianos. El sector empresarial es un actor social clave y debe presentarse como socio decisivo del Estado en la reconstrucción del tejido social y económico en el camino hacia una paz sostenible. El presidente, Juan Manuel Santos, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, o el ex ministro de Posconflicto, Oscar Naranjo, han llamado a los empresarios a buscar un modelo de participación más directa y más ambicioso, por ejemplo trabajando para dar acceso a bienes y servicios a personas excluidas de los mismos. El nombramiento este año del empresario de reconocido prestigio Luis Carlos Villegas como ministro de Defensa, demuestra la apuesta del presidente por la participación del sector empresarial en la reconstrucción del país.
La meta que antes no era más que un punto lejano en el horizonte, y a la que, por tanto, era más fácil comprometerse, tiene hoy un plazo tan cercano y tangible. El establecimiento de un plazo es, sin duda, una buena noticia. Parte del sector, que había estado esperando mayor información y seguridad –tanto en los acuerdos como en sus contenidos- puede agarrarse ya al marco temporal como elemento de certeza. Naturalmente reacios a apostar por inversiones inciertas, sin plazos claros o con posibilidades de fracaso, los empresarios han recibido una inyección de confianza que estimula la programación de actividades e inversiones.
Aunque el papel empresarial en la construcción de paz en Colombia ha ido creciendo y diversificándose en las últimas décadas, queda mucho por mejorar y por hacer antes y después del 23 de marzo de 2016 (fecha acordada por el Gobierno y las FARC para la firma de un acuerdo de paz). Por suerte, no todos los casos requerirán reinventar la rueda ni hacer grandes alardes creativos, porque el sector cuenta con un importante punto de partida, que es una rica experiencia de la que puede extraer valiosas lecciones.
El empresariado debe hablar con una sola voz, común e incluyente, que integre la especificidad territorial, a las organizaciones y gremios de las ciudades y de las regiones. Si se quiere afianzar la paz territorial propuesta por el Gobierno, es crucial lograr un diálogo constructivo e integrar en asociaciones nuevas a los diferentes actores de un mismo territorio, como sociedad civil, representantes comunitarios, de mujeres, cabildos indígenas, iglesias, ONG y autoridades locales y regionales en los que también participen nuevos movimientos y partidos políticos que resulten del acuerdo de paz.
Abarcar las expectativas de cambio y transformación exigirá un empresariado capaz de responder a las nuevas necesidades políticas y programáticas que resulten del acuerdo de paz. Es el momento de pasar de la palabra a la acción, de aportar contenidos. Las acciones (y omisiones) de los empresarios por la paz serán decisivas para sus regiones. El sector debe levantarse para acometer una verdadera transición, integrar en ella todo tipo de consideraciones socioeconómicas y abarcar estratégicamente y con una agenda territorial su compromiso con la Colombia rural, trascendiendo el proceso con las FARC. El empresariado colombiano tiene la oportunidad histórica de convertirse, ante la atenta mirada del mundo, en un ejemplo de actor de paz.
