He aquí un balance del Acuerdo de Paz colombiano. ¿Qué logros se han alcanzado? ¿Qué incumplimientos, retrasos y reticencias perduran? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

El 24 de noviembre se cumplieron cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). Desde entonces, y siendo éste un buen momento para hacer balance, una afirmación justa sería la de concebir la paz colombiana, no tanto como fallida y sí más como incumplida. Una paz que, a diferencia de lo que sucediera con su predecesor, ha encontrado en el actual gobierno de Iván Duque (2018-2022) un saboteador de manual. Un enemigo que, a base de incumplimientos, retrasos y resistencias, ha desdibujado un proceso de implementación que aspira a conformar una paz estable y duradera para Colombia.

Lo cierto es que, según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, el Acuerdo con las FARC-EP tiene todo para ser concebido como el más ambicioso y completo de los últimos 34 suscritos, y con los que se han llegado a desmovilizar medio centenar de estructuras armadas. A tal efecto, satisface dos reivindicaciones tradicionales de la guerrilla, como es la reforma rural y su participación política ante un esquema de mejoras y reformas institucionales. Asimismo, ofrece un amplio esquema de apoyos y subsidios para la reincorporación plena de los combatientes, toda vez que fija un excelente protocolo para la consumación de la entrega de armas. De igual forma, y como otro reclamo del Estado, se identifican mecanismos para la intervención sobre el problema irresoluto de las drogas ilícitas e incorpora todo un componente de víctimas, en el que destaca la creación de una Comisión de la Verdad, un marco de Jurisdicción Especial para la Paz y una Unidad de Búsqueda para las personas desaparecidas por el conflicto. Finalmente, satisface un punto de acompañamiento para la verificación de la implementación.

Los años 2017 y 2018 debían ser los primeros pasos en la construcción de paz, de manera que la prioridad para la agenda gubernamental debía ser la materialización de la dejación de armas y el cese al fuego definitivo, además del desarrollo del componente normativo e institucional necesario en favor de la posterior implementación. Expresado de otro modo, y ya con Iván Duque como presidente, desde 2019 el Acuerdo debía asumir su dimensión más puramente transformadora, removiendo las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que soportaron durante cinco décadas la violencia.

A pesar de lo anterior, si se observa el último informe de seguimiento realizado por el mencionado Kroc Institute for Peace Studies, es posible observar cómo, durante todo 2020 el nivel de avance, como igual sucedió en 2019, apenas fue del 2%, siendo el cumplimiento íntegro de apenas el 28%. Por ejemplo, y específicamente relacionado con el primer punto del Acuerdo, relativo a la Reforma Rural Integral, continúan sin resolverse los retrasos en la conformación de un Fondo Nacional de Tierras que ...