Colombianos celebran con esta pancarta la firma del cese de hostilidades entre el Estado colombiano y las FARC. RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images
Colombianos celebran con esta pancarta la firma del cese de hostilidades entre el Estado colombiano y las FARC. Raúl Arboleda/AFP/Getty Images

El gobierno de Bogotá y las FARC han firmado el acuerdo para poner fin a una guerra de más de cincuenta años. Pero la tarea apenas comienza, el Estado colombiano tiene inmensos desafíos por delante, uno de los más importantes es la lucha contra las bandas armadas organizadas.

Ante el Secretario General de la ONU, BanKi-moon, y cinco presidentes latinoamericanos, el Gobierno de Colombia y la delegación de las FARC rubricaron un acuerdo para poner fin al conflicto armado, el cual supera ya cinco décadas, deja más de 220.000 muertos y cerca de siete millones de desplazados, el mayor caso de desplazamiento interno del mundo. Son millones las víctimas de esta guerra de baja intensidad pero de efectos devastadores.

Como se ha dicho en otras ocasiones, la mayoría de colombianos no tiene una idea de la magnitud de su propia tragedia. Los centros urbanos se habían acostumbrado a vivir con el conflicto armado, padecido con intensidad y dramatismo en los sectores rurales y periféricos del país. En Bogotá saben muy poco de cuanto sucede en Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Guajira, Norte de Santander, Meta, Nariño o Putumayo. Y eso que a escasos 18 kilómetros, en Soacha (municipio metropolitano), existe la prueba viviente de este drama: medio millón de víctimas que han llegado huyendo de la violencia. A pesar de esto, Colombia está próxima a cerrar un capítulo y abrir otro, gracias a un complejo proceso de diálogo, que a los ciudadanos les ha resultado difícil asimilar a causa de a su arquitectura, negociar en medio del conflicto e intentar equilibrar las aspiraciones de justicia y paz.

El principal artífice de esto es sin duda el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que a pesar de contar con el apoyo de la comunidad internacional, ha tenido que lidiar con la feroz oposición del expresidente Álvaro Uribe y del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, quienes con habilidad comunicativa lograron construir argumentos en contra del proceso, apelando a ideales superiores de justicia. Hablan de impunidad y de traición a las víctimas,  sin embargo, no dicen que en Colombia la justicia brilla por su ausencia. De cada 100 crímenes que se comenten, 97 quedan impunes. De hecho, el sistema judicial atraviesa una aguda crisis de confianza, los ciudadanos creen poco en los tribunales judiciales y en la Fiscalía General del país.

Uribe quería un proceso de sometimiento, de rendición. Pero esto era un imposible, como lo demuestran los más de cincuenta años de confrontación, en la que Estados Unidos ha estado involucrado, con asistencia militar que supera los 10.000 millones de dólares, que sirvió para hacerle entender a la guerrilla que jamás llegaría al poder por la vía armada, pero insuficiente para derrotarla y someterla. La asimetría militar, 450.000 soldados y policías contra 10.000 guerrilleros, no logró conseguir dicho sometimiento, en virtud de la arisca y enmarañada geografía, con montañas y selvas húmedas ...