¿Legalización, sustitución o criminalización?

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Hace al menos diez mil años que los pueblos indígenas de la región andina consumen hoja de coca. Es sabido que mascar coca previene el mal de altura y quita el hambre. Pero la coca es mucho más: es una planta sagrada para muchos pueblos aborígenes, como los Nasa o los Misak en Colombia. Lo es por sus propiedades nutritivas y curativas, por su resistencia a las plagas y porque representa para muchos pueblos un símbolo de su conexión con la deidad Pachamama, utilizado en rituales y celebraciones religiosas.

No es de extrañar, entonces, que para los pueblos indígenas colombianos sea tan difícil entender que en el país esté prohibido el cultivo de la hoja de coca. La medida hacía parte de una política antidrogas restrictiva y prohibicionista muy al gusto de Washington. Cada vez más voces cuestionan esa prohibición, apelando al uso ancestral de la coca y al hecho incuestionable de que se necesitan grandes cantidades de la planta, y un complejo proceso químico, para producir cocaína. El problema no es la coca, sino la cocaína, pero la política actual contra las drogas confunde ambos términos. Obvia así una tradición ancestral, y el hecho de que existen más de 200 productos derivados de la hoja de coca, entre ellos remedios, bebidas, galletas, panes y salsas.

La defensa de la siembra y los usos tradicionales de la hoja de coca se ha convertido en una fuente de afirmación cultural y resistencia para los pueblos indígenas en Colombia. El Consejero Mayor de la  Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, lo explica así: “La destrucción indiscriminada de las plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o de la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales es ...