La orden de arresto del dictador Omar al Bashir, la primera emitida por la Corte Penal Internacional contra un presidente en ejercicio, deberá pasar por una carrera de obstáculos casi insalvable. El Consejo de Seguridad de la ONU puede paralizar su persecución durante años.
El dictador Omar Hassan al Bashir, hombre fuerte de Sudán desde 1989, se enfrenta a dos retos: los complicados comicios que tendrán lugar en 2009 y, desde el pasado 14 de julio, a una orden internacional de arresto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en la región de Darfur, que supone además la primera dictada contra un presidente en ejercicio desde la creación de este tribunal en 2002. Desde su independencia del Reino Unido en 1955, Sudán ha sufrido dos guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005) que han enfrentado a la población cristiana y animista del sur con árabes musulmanes del norte. Los conflictos interétnicos en Darfur y la lucha por los escasísimos recursos de la zona son de nuevo las causas del estallido de una guerra que, desde 2003, enfrenta a agricultores negros africanos (fur, zagawa y masalit) y a población de origen árabe dedicada al pastoreo nómada (baggara), armada por el Gobierno de Al Bashir y apoyada por los paramilitares yanyauid.
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| Al Bashir es vitoreado por sus seguidores en Darfur el pasado 23 de julio. |
Darfur es un escenario muy complejo, enmarcado en una de las regiones más inestables del planeta: el cuerno de África. A la defensa de intereses políticos, económicos y estratégicos responden incursiones catastróficas como la de Clinton en Mogadiscio en 1993 y la creciente y rápida penetración de China en el país. El gigante asiático es el mayor inversor en Sudán, el consumidor número uno de su petróleo y gas natural y, a la vez, el principal proveedor de armas en la región. Estos hechos explican la presión ejercida desde 2004 por EE UU para conseguir la intervención de la ONU y la oposición frontal de China en el Consejo de Seguridad, finalmente matizada con su abstención, junto con EE UU, Brasil y Argelia, en la votación de la resolución 1.593 en 2005, que permitió la remisión de la situación en Darfur a la Fiscalía de la CPI.
La persecución penal de Al Bashir no es ajena a esta lucha de fuerzas, patente también desde el día 14 de julio. Sólo un par de horas después de que el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, solicitara la orden de detención, el Consejo de Cooperación de Golfo y los 25 miembros de la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos manifestaron su disconformidad con la decisión y acusaron al tribunal de utilizar un "doble rasero" en la persecución de crímenes de guerra y genocidio. La Unión Africana (UA) solicitó un aplazamiento en la caza del presidente sudanés, amparándose en la ruptura de un frágil proceso de paz, en el vacío de poder resultante y la situación de anarquía que se produciría en el país con la detención de Al Bashir. Pero si hay dos posturas que destacan son las de la Unión Europea y la de la ONU. La primera ha mostrado un apoyo comedido. La segunda –a pesar de remarcar la independencia de la CPI– ha empezado a evacuar a su personal no indispensable, una medida que no ayuda precisamente a ofrecer una imagen de normalidad y de conformidad con la marcha de los acontecimientos.
Al Bashir puede estar tranquilo por ahora porque, desde el punto de vista legal, el proceso no ha hecho más que empezar. En los próximos meses asistiremos a un goteo constante de declaraciones, resoluciones y ruedas de prensa que mostrarán la dimensión real de los límites y obstáculos que las delegaciones de los respectivos países impusieron en la creación de la CPI. Esos límites, materializados en artículos del Estatuto de Roma [que estableció la CPI] de compleja y ambigua interpretación, obligan al fiscal a someter su petición de orden de arresto a la Sala de Cuestiones Preliminares para su confirmación y que, tras la captura del acusado por parte de las autoridades judiciales de los Estados signatarios del Estatuto –o de aquéllos que voluntariamente decidan colaborar con la CPI– tendrá además que informarle de los cargos que se le imputan, confirmarlos e iniciar el proceso judicial. Pero es que además, la actuación de la Fiscalía tendrá que enfrentarse a una posible resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que paralice las actuaciones durante un periodo renovable de 12 meses. A nadie sorprenderá que el Gobierno de Sudán se haya apresurado a estudiar esta posibilidad y haya iniciado contactos con dos miembros permanentes de Consejo: Rusia y China.
Desde el punto de vista estrictamente político, la confirmación de la orden de arresto internacional situará la pelota en el tejado de los Estados parte del Estatuto, especialmente los limítrofes con Sudán, como Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Chad y Kenia, que se verán obligados a demostrar su grado de compromiso con la Corte. El viacrucis al que se enfrenta la CPI obligará a los actores implicados a definir sus posiciones. En primer lugar, tendrá que hablar Sudán, país verdugo y víctima. En segundo lugar, la UA, de cuyo comportamiento dependerá que pueda sacudirse o no el calificativo de club de dictadores. En tercer lugar, los Estados que, en su momento, se comprometieron a colaborar con una institución internacional que ha tenido tanta repercusión mediática como detractores. Y por último, la propia ONU, que tendrá una nueva oportunidad para demostrar si, tras más de cincuenta años de existencia, está dispuesta a actuar con independencia suficiente de los intereses de los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad.
El día 22 de julio, Martha Minow, profesora de la Escuela de Derecho de Harvard, publicó en The New York Times unas interesantes reflexiones, en las que defendía que decisiones como la tomada por la Fiscalía forman parte del proceso de construcción de la CPI. Sólo queda esperar que la injerencia poder político, económico y estratégico no destruya lo construido. La Corte Penal Internacional, se juega ante todo, su credibilidad mundial.
