El debate sobre la reforma de la policía, el recorte de su financiación y la inversión en políticas sociales toma pulso en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. He aquí cifras, análisis y comparativas para arrojar luz a las cuestiones clave.
La muerte de George Floyd, asfixiado el pasado 25 de mayo bajo la rodilla de un policía local de Mineápolis, ha desatado una oleada de protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Todas tienen este homicidio en el vértice pero cada una despliega un debate particular; uno de ellos tiene que ver con la policía local. Se trata de las reivindicaciones respecto a la gestión de dichos cuerpos y los episodios violentos protagonizados por éstos, especialmente en su relación con las minorías. El movimiento más potente en torno a este debate es el llamado Defund the Police (Desfinanciar la Policía), que reclama una acción doble: la reforma integral de la policía local (formación, empleo de armas, protocolo de actuaciones, rendición de cuentas, etcétera) y la reducción de los fondos destinados a este cuerpo para emplearlos en políticas sociales. Pero ¿cuánto se financia la policía en EE UU y qué diferencias existen con otros países?
En Estados Unidos existen diversos tipos de administración local, que no tienen un traslado exacto en la administración española. El más común es el del municipio, que equivale al ayuntamiento. Según un informe del Urban Institute, con datos del Censo del país, los municipios destinan de media el 13% de sus presupuestos a la policía local; en total, 98.900 millones de dólares en 2020. Esta cifra, sin embargo, es mucho más alta en las ciudades de cierta envergadura, en las que a menudo es el concepto al que más fondos públicos se dedican y ocupa entre el 20% y el 30% del presupuesto municipal.
Según un estudio de 2017 del Center For Popular Democracy sobre una decena de las principales urbes del país, el ayuntamiento de Oakland, en California, destinó ese año el 41,2% de su presupuesto en gasto policial. Es la ciudad del estudio con mayor porcentaje por este concepto, si bien otras como Chicago o Mineápolis, la de George Floyd, destinaron el 38,6% y 35,8% ese año, prácticamente triplicando la media de EE UU. Son cifras que no tienen parangón en Europa. En España, por ejemplo, según el presupuesto de gasto para 2020 del Ayuntamiento de Madrid, éste destinará el 8% del mismo a la policía local. Otras urbes europeas de gran tamaño, como Londres o París tienen incluso números más bajos. La capital de Reino Unido dedica en los presupuestos para 2020 un 6,26% a este concepto y París un 4,5%.
Si se busca en ciudades españoles de cierta envergadura, pero de tamaño medio, como Sevilla (con unos 700.000 habitantes; Mineápolis, por ejemplo, tiene 430.000 y Oakland 433.000), el porcentaje se repite: 8%. Si se baja ese listón y se acude a municipios españoles muy poblados pero sin ser capital de provincia, el primero de ellos y segundo núcleo más poblado de Madrid, Móstoles (210.000 personas), destinará en 2020 el 4,2% de su presupuesto de gasto a la policía local.
En los casos de Madrid, Sevilla y Móstoles las partidas en seguridad no son, ni de lejos, las más importantes. La capital de España destina a su policía casi 377 millones de euros; frente a esto, a movilidad y medio ambiente van 1.400 millones de euros (el 29,9% del total) y a las partidas para los distritos municipales, obras y equipamientos, les corresponden 1.100 millones (23,5%). La ciudad de Nueva York tiene 8,3 millones de habitantes, según el censo de país de 2020. Madrid tiene 3,2 millones, casi tres veces menos de población. Sin embargo, Nueva York destina 5.279 millones de euros anuales (6.000 millones de dólares) a su policía frente a los 377 de Madrid. Si bien, el astronómico presupuesto de la urbe estadounidense hace que el porcentaje de ese gasto equivalga al 8% de las cuentas locales neoyorkinas.
Una investigación publicada en junio por el diario USA Today sobre el gasto policial de las 50 ciudades más pobladas de Estados Unidos, detectó que en 35 de ellas este concepto era el que más abultaba en las cuentas locales. Del medio centenar, 13 empleaban más del 20% a este concepto, entre ellas, urbes de tanta envergadura como Indianápolis, Nueva Orleans, Tampa, San Antonio, Phoenix, Seattle o Denver. En esta clasificación había tres en cabeza: Las Vegas (44,9% del presupuesto), Memphis (38,3%) y San Diego (36,8%).
En el lado opuesto se encuentran la capital del país, Washington (que dedica a la policía un 3,3% del presupuesto), Portland (4,4%) y San Francisco (5,8%). Son ciudades con dos similitudes básicas: la población y el perfil ideológico. Las tres son urbes medias (Washington tiene unos 700.000 habitantes, Portland 655.000 y San Francisco 880.000) y aunque las tres manejan en la actualidad unos índices de criminalidad diferentes, el enfoque de dedicar menos recursos a la policía y más a políticas sociales les funciona.
Para empezar, Portland registró 36 homicidios en 2019 y desde 2014 ha tenido entre 26 y 34, unos datos muy bajos para el estándar estadounidense. En una línea parecida, San Francisco tuvo 41 homicidios el año pasado 2019, su cifra más baja en 56 años. En cuanto a Washington, es cierto que cerró 2019 con 163, si bien es cierto que la capital venía de registrar más de 400 en los años 90. La criminalidad en Washington empezó a bajar cuando se destinaron fondos a la lucha contra el crack, a las políticas de vivienda y a las de movilidad, en especial, con la apertura de nuevas líneas de metro. Así que ha logrado reducir los homicidios a más de la mitad destinando la menor porción a la policía de las 50 primeras ciudades del país.
Éste es el enfoque que pretende extender la corriente Defund the Police, un viraje que ya han anunciado alcaldes de urbes importantes como Nueva York o Los Ángeles, ambos demócratas. En junio, el alcalde neoyorkino Bill de Blasio anunció que recortaría fondos de la policía en el próximo presupuesto para destinarlos a políticas sociales, las grandes perdedoras de los presupuestos municipales. Así se lo hicieron saber por carta a De Blasio el 30 de abril los portavoces y representantes de más de 110 asociaciones y colectivos de Nueva York. “En 2019”, alertan en la misiva, “la ciudad destinó 6.000 millones de dólares a la Policía frente a los 1.900 para salud, 2.100 para servicios a las personas sin hogar, 1.400 para vivienda, 907,3 para juventud y desarrollo comunitario y 73,8 millones para políticas de empleo”. Tras el anuncio de De Blasio, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, también del Partido Demócrata, fue tajante: “Estos 30 o 40 años de tácticas policiales y políticas de justicia criminal no han funcionado”. Y así fue como el 1 de julio el pleno del ayuntamiento de la ciudad aprobó recortar en unos 1.000 millones de dólares el presupuesto de la policía para 2021.
La estrategia de estas últimas tres o cuatro décadas lo que demuestra es que no hay una correlación directa entre gastar más en policía y seguridad y reducir los índices de criminalidad en las ciudades, sino más bien al contrario. Una investigación publicada en la revista Nature en septiembre de 2017 defiende con datos precisamente esta tesis. Sus autores, dos profesores del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Luisiana, se centraron en los resultados obtenidos por una práctica policial en Nueva York entre finales de 2014 y principios de 2015. Durante esos meses, el Departamento de Policía de Nueva York decidió dejar de hacer lo que el estudio denomina “la práctica de un ejercicio policial proactivo”, es decir, el aumento de la presencia policial en las zonas en las que “se prevé que se cometerán delitos” y “la actuación sistemática y agresiva en los casos de infracciones legales de bajo nivel”. El estudio encontró que durante esas semanas se produjeron 2.100 denuncias menos de delitos.
La estrategia de desfinanciar a la policía ha sido recogida por el Partido Demócrata, que ha presentado en la Cámara de los Representantes del Congreso (donde tienen mayoría) una propuesta, aunque ésta se ha centrado en una mayor regulación nacional de este cuerpo para mejorar sus prácticas, su funcionamiento y su rendición de cuentas. El propio candidato demócrata a las elecciones de noviembre, Joe Biden, ha defendido la reforma policial pero rechazado la retirada de fondos a estos cuerpos, un asunto que resulta impopular para una porción más o menos significativa de la población del país.
El presidente Donald Trump, lógicamente, ha acusado a los demócratas de actuar como “izquierda radical” y da a entender constantemente que el partido de Biden aboga por eliminar la policía de las ciudades. En un tuit del 20 de junio escribió: “Este año se han visto los números más bajos de crímenes en los registros de nuestro país, pero ahora la izquierda radical demócrata quiere desfinanciar y abandonar a nuestra policía. Lo siento, pero yo quiero ¡LEY Y ORDEN!”.
El Partido Republicano en bloque se ha aliado en torno al Presidente para oponerse frontalmente a este enfoque y a menudo lo combaten ridiculizándolo: acusan a los demócratas de querer eliminar la policía de las ciudades para que se autogestionen, extremo que nunca han defendido éstos. Una oposición parecida proviene de las organizaciones y sindicatos de la policía. El 15 de julio, de hecho, la Asociación Nacional de Organizaciones de la Policía publicó una carta en su página web en la que expresaban su apoyo a Trump en las elecciones de noviembre. En la misiva, la asociación aseguraba apoyar al actual presidente por el “apoyo firme y muy público a nuestros hombres y mujeres en el frente, especialmente en este momento de injusto e inexacto oprobio dirigido a nuestros miembros”. De un modo parecido se han pronunciado los sindicatos de policía de las ciudades afectadas. Al conocer el proyecto de recortar 1.000 millones de euros a la policía de Nueva York, el presidente del sindicato mayoritario, PBA, Patrick Lynch, afirmó en un comunicado que “el mensaje de De Blasio a los neoyorkinos es claro: habrá menos policías en las calles. La semana pasada los tiroteos ya aumentaron más del doble. Incluso actualmente, la policía de Nueva York no tiene los suficientes agentes para trasladar policías a un barrio sin hacer que otro sea menos seguro. Lo volvemos a afirmar: el alcalde y el pleno han entregado la ciudad a la anarquía”.
No es incierto que, en líneas generales para todo EE UU, los datos de criminalidad hayan bajado respecto a los últimos 10 o 20 años. Sin embargo, ciertos datos siguen en valores muy elevados (como las detenciones), otros (como los homicidios en las principales ciudades del país) están aumentando en la última década y, por último, las prácticas policiales violentas siguen estando a la orden del día, y especialmente la sufren las minorías, como la población negra del país .La web Mapping Police Violence ha rastreado la violencia policial entre 2013 y 2019. En esos siete años, la policía ha matado a 7.680 personas, una media (muy estable durante la década) de 1.097 cada año. O lo que es lo mismo: tres personas cada día. El dato del año pasado fue de 1.099 muertes (en Alemania ese dato es de 10 personas); sólo en 27 días de 2019 no hubo ninguna muerte por este motivo. El 25% de esas muertes son ciudadanos negros, aunque éstos representan el 13% de la población. En el 99% de los casos, denuncia la web, los agentes denunciados se van de rositas.
Sobre los homicidios, si bien hay ciudades puntuales que han logrado reducir su número o mantenerse en cifras muy bajas, muchas de ellas, como Baltimore, Detroit o Memphis, siguen registrando datos muy elevados e incluso en cotas históricas. Baltimore, ya tristemente famosa por la serie The Wire, cerró 2019 con 348 asesinatos, la segunda cifra más alta de sus registros. La ciudad tiene 602.000 habitantes. Su ratio de muertos por arma de fuego es equiparable al de países como Honduras o El Salvador. Y esas urbes no son una excepción: en esa clasificación de ciudades con un alto índice de homicidios se encuentran núcleos tan importantes como Filadelfia, Indianápolis, Las Vegas, Chicago, Dallas o Houston.
Cuando Trump habla de que Estados Unidos está viviendo los índices de criminalidad más bajos en la historia, se refiere especialmente al número de detenciones que se producen anualmente, que es cierto que está en sus mínimos, al menos en las últimas dos décadas. De este modo, en 2018 se realizaron 10,3 millones de detenciones mientras que en 2005 esa cifra había sido de 14,1 millones. Sin embargo, pese a la reducción, el dato sigue siendo elevadísimo: el FBI calculó la ratio de detenciones de 2018 en 3.152 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es 10 veces menos (318 en la UE; 361 en España). Un elemento que explicaría esa disminución, según un análisis del Vera Institute of Justice, sería “la despenalización de ciertos delitos (como “las fugas” y “el vagabundeo”), el cambio de las prácticas en torno a las paradas de transeúntes y vehículos, y el creciente reconocimiento de que en Estados Unidos se encarcela a demasiadas personas”. Según esta institución, esto se ha dado “principalmente en los últimos años” en EE UU “en paralelo a dichos cambios generalizados en las políticas policiales”.
Pese a todo, los índices de criminalidad y detenciones siguen siendo muy elevados en el país y se combinan con unas cantidades ingentes de dinero público, especialmente en las ciudades medias y grandes. Según el estudio del Center for Popular Democracy sobre una decena de urbes en 2017, las tres que más gastaban en este concepto fueron: Baltimore, 772 dólares por habitante; Orlando, 599, y Oakland, 594 dólares. En España, todo el sistema nacional de salud (público, universal y gratuito) se financia a una media de 1.840 dólares por persona.
La codirectora del Center for Popular Democracy, Jennifer Epps-Addison, denuncia en un comunicado el modelo de “una policía militarizada y agresiva” y asegura que “la única manera de conseguir una verdadera liberación es transformar nuestros sistemas desfinanciando la policía e invirtiendo en soluciones dirigidas por la comunidad, exigiendo a los políticos que tomen medidas legislativas concretas a todos los niveles, desde los ayuntamientos hasta el Congreso. En los últimos 30 años”, prosigue, “los gobiernos a todos los niveles han aumentado drásticamente sus gastos en policía y encarcelamiento masivo, al tiempo que ha recortado drásticamente las inversiones en infraestructura básica y frenado la inversión en programas de redes de seguridad social. Hacer nuestras comunidades más seguras”, concluye el comunicado, “significa proporcionar un salario digno, aumentar el acceso a los servicios y tratamientos de salud completos, oportunidades educativas y viviendas estables, y no aumentar las inversiones en la policía o las prisiones”. Es el enfoque que defiende el movimiento Defund de Police, que está ganando cada vez más tracción en EE UU tras la muerte a finales de mayo de George Floyd.
