Ayuda a proteger a civiles y a soldados de las atrocidades bélicas. Pero esta norma, que tanto costó conseguir, está convirtiéndose en papel mojado: los terroristas la ignoran y ciertos gobiernos la ven pasada de moda. Cada vez que se infringe, la guerra es más mortal para todos.
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¿Quién vigila al vigilante? No respetar las leyes de la guerra hace que los conflictos sean más peligrosos. |
“Está obsoleta”
Sólo los detalles menores. Las leyes de los conflictos armados son viejas: se remontan a los códigos de los guerreros usados en la antigua Grecia. Pero la Convención de Ginebra moderna, que regula el tratamiento a los soldados y a la población civil en los conflictos armados, tiene su germen en 1859, cuando el empresario suizo Henri Dunant se topó con las consecuencias de la batalla de Solferino. Su indignación ante los sufrimientos de los heridos le llevó a establecer lo que luego se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que sirvió después para mejorar el trato a los combatientes lesionados. Décadas más tarde, cuando la devastación de la Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto que era necesario un mayor amparo, nació la actual Convención de Ginebra, una especie de carta de derechos que, en tiempos de conflicto, regula el trato dado a los heridos, los prisioneros de guerra y la población civil, y que ha sido ratificada por todo el planeta.
Sus autores, probablemente, nunca imaginaron un conflicto como la guerra contra el terror o combatientes como Al Qaeda. La Convención se refería fundamentalmente a los enfrentamientos entre Estados, lo que hace que algunas de las normas, consagradas por ley, sean vistas hoy como obsoletas. Parece un poco absurdo preocuparse por la ración de tabaco de un terrorista capturado o por la suerte del caballo de un prisionero, como sí contempla la Convención. Por tanto, el entonces consejero de la Casa Blanca y luego fiscal general, Alberto Gonzales, no iba desencaminado cuando en 2002 escribió al presidente George W. Bush para decirle que “los nuevos paradigmas” del conflicto armado dejaban partes de la Convención “antiguas” y “pasadas de moda”. El tiempo y la tecnología han desbancado la Convención en algunos detalles específicos y menores.
Pero la esencia de las disposiciones y, de forma crucial, el espíritu de la Convención siguen siendo tremendamente relevantes para la guerra moderna. Por poner un caso, siguen ocurriendo en el mundo decenas de conflictos para los que la Convención tiene reglas importantes y precisas, como la prohibición del pillaje o el uso de niños soldados. Las normas son aplicables tanto al agresor como a las naciones que se defienden y, en las guerras civiles, afectan tanto a los gobiernos como a los grupos insurgentes. No evitará las guerras –no nació con ese fin–, pero puede, y así lo hace, proteger a los testigos inocentes, a los soldados de daños innecesarios, limitar el daño físico causado por la guerra e incluso aumentar las posibilidades de un alto el fuego y de lograr la paz. Su base fundamental es prevenir el sufrimiento en tiempos bélicos, lo que da legitimidad a cualquier afectado por un conflicto, donde sea y cuando sea. Esto no es antiguo ni está pasado de moda.
“Sólo es aplicable a Al Qaeda”
Falso. La postura de la Administración Bush desde el 11-S ha sido que la guerra global contra el terror es un tipo diferente de conflicto, en el que no se puede aplicar la Convención de Ginebra. Es cierto que el tratado no menciona de forma específica los conflictos contra contendientes que no pertenecen a ningún Estado, como es el caso de Al Qaeda. Pero siempre han existido fuerzas irregulares que han participado en la guerra, y las contiendas del siglo XX no fueron una excepción. La Resistencia francesa actuaba sin uniformes durante la Segunda Guerra Mundial. Las guerrillas del Vietcong que luchaban en el sur de Vietnam no formaban parte de ningún ejército, pero aun así Estados Unidos trató como prisioneros de guerra a quienes capturó.
Por tanto, ¿qué trato debería aplicarse a Al Qaeda? La Convención tiene una sección –artículo 3– que protege a todas las personas cualquiera que sea su estatus (ya sean espías, mercenarios o terroristas) y el tipo de guerra en el que luchan. El mismo artículo prohíbe la tortura, el trato cruel y el homicidio de todos los apresados. Obliga a atender a los heridos, y dice que los juicios deben ser conducidos por tribunales ordinarios sea cual sea el proceso. En 2006, en un caso que sentó precedente, la Corte Suprema de EE UU dijo que un mínimo del artículo 3 es aplicable a los detenidos por ser sospechosos de pertenecer a Al Qaeda. Dicho de otra manera, la norma es aplicable incluso si la red islamista la ignora.
Muchos gobiernos, sobre todo en Europa, creen que la guerra contra el terror –sin límite temporal o geográfico– es insensata. En su lugar, insisten en que la lucha contra grupos terroristas debería hacerse a través de las leyes. Durante décadas, el viejo continente ha prevenido y castigado a los terroristas, tratándolos como criminales. En Gran Bretaña y España los tribunales han juzgado a los sospechosos de realizar los atentados de Londres y Madrid. Lo hicieron acatando las obligaciones que engloban los tratados de derechos humanos, más allá de lo que lo hace la Convención de Ginebra.
“La Convención de Ginebra convierte a los soldados en criminales de guerra”
Sólo si lo son. Durante siglos, los Estados han castigado a sus soldados por violar las leyes bélicas, como maltratar a los prisioneros y asesinar civiles. La Convención de Ginebra identifica ciertas infracciones que los Estados deben perseguir, incluido el homicidio fuera del campo de batalla, causar gran sufrimiento a la población civil y denegar a los prisioneros de guerra un juicio justo. Muchos países tienen legislaciones que castigan esos crímenes. El Ejército de Estados Unidos ha investigado, por ejemplo, a cientos de sus soldados por abusos en Irak y Afganistán, lo que ha dado lugar a docenas de procesos.
Creer que militares corrientes puedan ser juzgados en otra nación por luchar en una guerra es ridícula. Y sí, muchos Estados, incluido EE UU, tienen leyes que permiten juzgar a los extranjeros por transgredir las leyes de la guerra en cualquier lugar. Aunque el riesgo de ser procesado fuera de las propias fronteras, en particular para las tropas estadounidenses, es mínimo. Las normas de esos países sólo se refieren a los verdaderos crímenes de guerra, y es raro que otros gobiernos perjudiquen con juicios falsos sus relaciones con Estados Unidos.
Es muy poco probable que algún día la Corte Penal Internacional pueda juzgar a oficiales estadounidenses. En teoría, puede procesar a personal de ese país por crímenes que se han cometido, por ejemplo, en Afganistán, pero sólo si Washington no es capaz de hacerlo antes. Y lo que es más, la CPI se dedica, según sus estatutos, a perseguir horrendas atrocidades a gran escala, como las de Sudán. Es inconcebible que esta nueva institución quiera iniciar una pelea con EE UU por un número pequeño de abusos.
“Impide los interrogatorios a terroristas”
Falso. Si ha visto un clásico del cine bélico como La gran evasión, sabe que los prisioneros de guerra sólo están obligados a facilitar a sus captores su nombre, rango, fecha de nacimiento y número militar de identificación. Pero la Convención de Ginebra no prohíbe que los interrogadores quieran saber más. De hecho, las leyes se aprobaron con la expectativa de que los Estados interrogaran a los prisioneros, y se crearon normas más específicas para ello. En las guerras interestatales se prohíbe cualquier tipo de coacción, en concreto, las amenazas, los insultos o los castigos si los presos se niegan a responder; para el resto, no están permitidas la tortura o el trato degradante. Pero intentar sonsacar información a los detenidos es legal, sólo debe hacerse respetando la dignidad humana. Por tanto, la Convención no despliega la alfombra roja a los sospechosos de terrorismo. Muchas tácticas están permitidas, incluidas aquéllas en las que se actúa como poli bueno y poli malo, los cuestionarios repetitivos y rápidos, los silencios, así como jugar con el ego del apresado.
La Administración Bush ha buscado todos los recovecos legales para evitar las restricciones de la Convención. Argumenta que prevenir el siguiente ataque es una razón suficiente para tácticas tan duras como simular el ahogamiento del prisionero con agua, impedirle dormir, obligarle a adoptar posturas dolorosas, a escuchar música ensordecedora y someterle a una humillación traumática. Estos métodos severos se han usado a pesar de las crecientes protestas de oficiales de inteligencia que dicen que esas medidas son contraproducentes para lograr información de calidad. Veteranos expertos en interrogatorios aseguran que las preguntas directas y sencillas tienen más éxito para obtener la verdad.
Así que, al mutilar la Convención de Ginebra, Estados Unidos no ha hecho otra cosa que unirse a un grupo de regímenes indeseables que usan habitualmente la tortura. Ha abandonado un sistema que protege al personal militar estadounidense de un trato terrible por otro en el que las normas se hacen a la carrera.
“La Convención de Ginebra impide los asesinatos”
De hecho, no. La guerra consiste en matar al enemigo. Aunque la Convención pone límites a “los sufrimientos innecesarios” de los soldados, no persigue ilegalizarla. Liquidar al adversario cuando se han declarado las hostilidades no está sólo permitido, sino que es lo que se espera. Pero “el principio de distinción” está en la esencia de la Convención, que prohíbe atacar a la población civil. El ámbito ilimitado que supone la guerra contra el terror hace difícil decidir quién es y quién no es un civil. EE UU sostiene que puede señalar como objetivo y matar a terroristas en cualquier momento, como si fueran soldados corrientes. Pero la Convención trata a estos individuos como si fueran casi civiles, que sólo pueden ser atacados “si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación” (el subrayado es mío). El Tribunal Supremo de Israel interpretó hace poco esta frase y dio cierto grado de libertad al Gobierno para continuar con su política de asesinatos selectivos. Pero insistió en la necesidad de demostrar que el objetivo había perdido su estatus de protección y que la captura era imposible. Los baremos que EE UU puede usar –como cuando la CIA identificó y mató a varios miembros de Al Qaeda en Yemen en 2002– están clasificados. Así que no hay manera de saber cuántas pruebas son necesarias antes de disparar el gatillo o apretar el botón.
Para los países europeos y otros que rechazan la guerra contra los terroristas, los asesinatos selectivos son especialmente detestables, ya que la ley internacional prohíbe a los Estados cometer asesinatos extrajudiciales en tiempos de paz. Hay excepciones a esta norma, como cuando un policía debe defenderse o defender a otros de un daño inminente. Así, como último recurso se puede matar a un terrorista suicida que se dirige contra una multitud. Por el contrario, los sospechosos de atentados deben ser capturados y juzgados.
“La legislación exige el cierre de Guantánamo”
No, pero deben hacerse cambios. La Convención de Ginebra permite a los países confinar en campos a los prisioneros de guerra. Y si alguien no encaja en esta categoría, adquiere automáticamente el estatus de civil, que tiene su propio amparo. Pero ni uno solo de los internos en la cárcel militar de Guantánamo encaja en ninguna de las dos categorías, según la Administración Bush. Por lo tanto, los 275 presos que permanecen allí están privados de los derechos acordados en la Convención, como es un techo adecuado o una eventual puesta en libertad.
La posibilidad de que los reclusos puedan permanecer de forma indefinida en el limbo legal de Guantánamo ha convertido el asunto en un desastre para las relaciones exteriores de Estados Unidos. Pero seamos claros, la Convención de Ginebra no necesita que Washington cierre el chiringuito de Cuba. La norma sólo insiste en que debe crearse un marco legal en vez del vacío que existe ahora. Hay varias opciones a considerar. Guantánamo podría convertirse en una zona de reclusión previa a los juicios donde permanecerían los prisioneros antes de que se les imputaran los delitos y fueran llevados ante los tribunales de EE UU (aquí la dificultad radica en que la mayoría no ha violado claramente las leyes estadounidenses). De forma alternativa, el Congreso de EE UU podría aprobar una ley que regule la detención preventiva para individuos peligrosos. Los tribunales revisarían de forma regular las circunstancias de cada detenido y juzgarían si su permanencia en prisión es necesaria y acorde a la ley (en este caso el problema sería que el sistema echaría por tierra 200 años de jurisprudencia estadounidense). Al final, lo único que probablemente restablecería la reputación de Washington sería cerrar Guantánamo, a pesar de que no lo dice ninguna de las normas de la Convención. Sería lo más acertado.
“Estados Unidos incumple la Convención más que ningún otro país”
Es absurdo. Cuando comienzan a silbar las balas, las reglas se rompen. El grado con el que cada Ejército cumple la Convención de Ginebra es un producto genuino de su profesionalización, su entrenamiento y su sentido de la ética. En este contexto, el compromiso de Estados Unidos ha sido admirable y supera con creces el de muchos países y guerrillas que ignoran de forma constante las disposiciones más básicas. Los militares estadounidenses están muy orgullosos de enseñar a sus soldados normas civilizadas de guerra: para preservar el honor militar y la disciplina, evitar tensiones con la población civil y esforzarse para lograr una paz final y más duradera. Hay que comparar esa preparación con Eritrea y Etiopía, unos países en los que sus mal entrenados militares cometieron numerosos crímenes de guerra durante su reciente conflicto por delimitar sus fronteras. O Guatemala, donde el Ejército y los paramilitares asumieron como política el asesinato de numerosos inocentes durante su larga contienda civil.
Y lo que es más importante, los militares estadounidenses se preocupan en gran medida por que otras naciones o partes de un conflicto cumplan las reglas a las que se adhieren. Esto se debe a que las fuerzas estadounidenses, que ostentan el mayor número de tropas en el mundo desplegadas en el extranjero, tienen más posibilidades de ser atacadas si no se res- peta la Convención. Precisamente por esta razón, altos mandos militares y abogados estadounidenses han rechazado de forma constante las diversas reinterpretaciones que los letrados nombrados por la Casa Blanca de Bush y por el Departamento de Justicia han hecho del tratado.
Es de suma importancia que Estados Unidos reafirme su compromiso con la Convención, por el bien de su reputación y por el del propio texto. Aquellos que apoyan la lógica errónea de que si Al Qaeda no respeta la Convención tampoco debería hacerlo Washington no se dan cuentan del caos que sufriría el mundo si estas normas no existieran; tampoco se dan cuentan del hecho de que EE UU habrá trocado derechos básicos y protecciones asumidas con un gran esfuerzo durante miles de años de guerra por las quisquillosas decisiones de un pequeño grupo de abogados partidistas que se reúne en secreto. En vez de mejorar sus intereses si siguiera el comportamiento ya establecido en este nuevo tipo de guerra, Estados Unidos –y cualquier país que decida dejar a un lado la norma que se ha conseguido con tanto trabajo– corre el riesgo de basar su política en legalismos estrechos y cortos de miras. Al perder de vista el amparo crucial de la Convención, Washington trae un mundo de guerras en el que las leyes desaparecen. Y los horrores de esos enfrentamientos superarían cualquiera de los que pudiera llevar consigo la guerra contra el terror.
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