Tres ejemplos de cómo el asesoramiento científico puede ser útil en política y para la sociedad.
En noviembre, la presidenta del Congreso de los Diputados en España, Ana Pastor, anunciaba la creación de una oficina parlamentaria de asesoramiento científico “antes de que termine esta legislatura”, una petición de toda la comunidad científica liderada por la iniciativa ciudadana #CienciaenelParlamento. En diciembre, las Cortes Generales destinaron una partida presupuestaria con este fin.
Pero, ¿cómo mejorará esta oficina la actividad de los políticos? ¿Qué impacto tendrá en la sociedad? Estas preguntas han sido recurrentes desde el comienzo de la iniciativa. Para responderlas, conviene fijarse en tres ejemplos de países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania que, desde hace décadas, disponen de oficinas de asesoramiento científico parlamentario.
Estas oficinas cumplen un doble cometido: por un lado, ofrecen a los políticos todo el conocimiento científico existente sobre temas de interés parlamentario y, por otro, se anticipan a los retos sociales que el desarrollo científico-tecnológico planteará en un futuro cercano tales como la robótica y la inteligencia artificial, la edición genética o el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el cambio climático, permitiendo preparar legislativamente al país para aprovechar las oportunidades a nuestro alcance.
De este modo, estas oficinas emplean al máximo las redes de talento y de conocimiento científico-tecnológico (en donde también se incluyen las ciencias sociales y humanidades). Toda la información se recopila exhaustivamente a partir de la revisión de la literatura existente y de entrevistas completas a expertos de todos los sectores posibles (académico, industrial, gubernamental, ONG, etcétera). Con este ejercicio, las oficinas transfieren el conocimiento producido por las redes de talento científico a los representantes legítimos de la sociedad, facilitando ...
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