Tres ejemplos de cómo el asesoramiento científico puede ser útil en política y para la sociedad.

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La Canciller alemana, Angela Merkel, sostiene la mano de un robot en una feria en Berlín. JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

En noviembre, la presidenta del Congreso de los Diputados en España, Ana Pastor, anunciaba la creación de una oficina parlamentaria de asesoramiento científico “antes de que termine esta legislatura”, una petición de toda la comunidad científica liderada por la iniciativa ciudadana #CienciaenelParlamento. En diciembre, las Cortes Generales destinaron una partida presupuestaria con este fin.

Pero, ¿cómo mejorará esta oficina la actividad de los políticos? ¿Qué impacto tendrá en la sociedad? Estas preguntas han sido recurrentes desde el comienzo de la iniciativa. Para responderlas, conviene fijarse en tres ejemplos de países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania que, desde hace décadas, disponen de oficinas de asesoramiento científico parlamentario.

Estas oficinas cumplen un doble cometido: por un lado, ofrecen a los políticos todo el conocimiento científico existente sobre temas de interés parlamentario y, por otro, se anticipan a los retos sociales que el desarrollo científico-tecnológico planteará en un futuro cercano tales como la robótica y la inteligencia artificial, la edición genética o el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el cambio climático, permitiendo preparar legislativamente al país para aprovechar las oportunidades a nuestro alcance.

De este modo, estas oficinas emplean al máximo las redes de talento y de conocimiento científico-tecnológico (en donde también se incluyen las ciencias sociales y humanidades). Toda la información se recopila exhaustivamente a partir de la revisión de la literatura existente y de entrevistas completas a expertos de todos los sectores posibles (académico, industrial, gubernamental, ONG, etcétera). Con este ejercicio, las oficinas transfieren el conocimiento producido por las redes de talento científico a los representantes legítimos de la sociedad, facilitando así un mayor retorno social de la inversión en ciencia y tecnología.

Asimismo, los Estados que preparan con antelación a su sociedad adoptando nuevos marcos regulatorios ante tecnologías disruptivas (nuevas técnicas moleculares, robótica e inteligencia artificial, nuevos materiales, etcétera) experimentan un impacto económico favorable por la creación y/o atracción de empresas. Estas oficinas pueden permitir una mayor competitividad y desarrollo económico de sus países.

Por lo tanto, cuando este asesoramiento científico independiente, riguroso y neutral, ofrecido a todos los grupos parlamentarios por igual, se traduce en leyes, puede conllevar un impacto social y económico positivo para la competitividad del país, adelantándose incluso a posibles desafíos sociales y éticos. Un impacto del que hay numerosos ejemplos y del que sin duda se benefician todos los ciudadanos

 

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