Policía en Ciudad de México durante una protesta. Yuri Cortez/AFP/Getty Images

El país tiene cuatro desafíos importantes para alcanzar mayores niveles de paz. El trabajo debe hacerse a través de políticas públicas. Cada uno de los retos está relacionado con la necesidad de desarrollar actitudes, instituciones y estructuras que caracterizan a las sociedades pacíficas.

La impunidad

Reducirla supondría un avance significativo en el buen funcionamiento del gobierno y bajaría los niveles de corrupción. De media, el 91% de los delitos llevados a cabo en el país no se castigan. Sólo nueve de cada 100 crímenes cometidos en 2016 resultó en sentencia. Esta situación crea un clima en el que el 11% de la población percibe que nunca se les castiga por cometer delitos y sólo un 5% de los mexicanos cree que los delincuentes siempre son castigados por sus actos. México ocupa el puesto 58 de 59 países en el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2016, sólo por delante de Filipinas, lo que resalta la debilidad estructural del país en cuanto a la solución de este problema.

Percepción de la frecuencia con la cual se castiga a los delincuentes, 2014

Las personas que señalan que la impunidad es su principal preocupación se multiplicaron por dos entre 2012 y 2016. Actualmente, el 20% de los mexicanos piensan que es más preocupante que el narcotráfico. La impunidad es generalizada. Hay poca variación entre los índices de impunidad estatales. La media nacional se sitúa en el 68%. Quintana Roo es el primero estado en la lista con un índice del 78%. Pero hay 24 estados que se agrupan a menos de 10 puntos de éste. Por el otro lado de la tabla está Campeche con un índice de impunidad del 48%.

Para resolver este problema, el sistema de justicia es una de las piezas clave. Hay señales de que no tiene los recursos humanos y las capacidades necesarias para afrontar los problemas de impunidad. La tasa de magistrados y jueces es de 3,5 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de los países incluidos en el IGI es de 16. Además, en México hay 20 funcionarios de prisiones por cada 100 internos, mientras que, en los países incluidos del IGI, la tasa es de más del doble: 47 por cada 100 internos. Además, según los datos más recientes disponibles, las cárceles mexicanas tienen un sobrecupo de 11% y algunos estados sufren una sobrepoblación de presos que llega al 164%. México ha mostrado avances en el fortalecimiento del Estado de derecho y la calidad de la gobernanza y la aplicación de la ley, pero la impunidad sigue siendo alta y representa un obstáculo para la paz.

Los homicidios

La Paz Positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Contar con altos niveles de Paz Positiva refuerza la capacidad de una sociedad de cubrir las necesidades de sus integrantes, reducir el número de conflictos que surjan y resolver los desacuerdos sin uso de violencia.

Los estados mexicanos con las cinco menores tasas de homicidio –Yucatán, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo y Querétaro– se encuentran entre los que obtuvieron las calificaciones más altas de Paz Positiva. El estado de Yucatán, además, se encuentra en segundo lugar en bajos niveles de corrupción.

Hay cinco pilares que tiene una relación específica con la tasa de homicidios: el buen funcionamiento del gobierno, los bajos niveles de corrupción, las buenas relaciones con los vecinos, un entorno empresarial sólido y la distribución equitativa de recursos.

La violencia se puede reducir de manera efectiva de tres formas, según estudios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una son los métodos que se centran en personas o grupos que cometen actos de violencia, utilizando una visión multisectorial para formular una propuesta directa. Otra, los métodos basados en la conducta, que incluyen, sin limitarse a ellos, la aplicación de las leyes relativas al uso de armas de fuego, la prevención de formación de bandas criminales, así como regulaciones y tribunales y centros de tratamiento de adicciones. Y, en último lugar, los métodos que se llevan a cabo en el lugar con programas como: mantenimiento del orden público en puntos conflictivos situados en pequeñas localidades geográficas identificadas como zonas con alto riesgo de delincuencia; mantenimiento del orden público en disturbios y mantenimiento físico de la zona; renovación urbana, como mejoras en la vivienda, transporte, iluminación, etcétera.

Temas que generan mayor preocupación, 2012-2016

El orden público

La legitimidad de las fuerzas policiales es un pilar básico para el buen funcionamiento del gobierno. No obstante, los casos recurrentes de conducta impropia por parte de elementos policiales han contribuido a generar altos niveles de desconfianza ciudadana hacia ella. En una encuesta publicada en diciembre de 2016 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), el 66% de los participantes dijeron que creen que la policía está controlada por la delincuencia organizada y el 56% de ellos perciben que la corrupción es la principal causa de este fenómeno.

Fortalecer y reformar el sector policial es esencial para reducir las tasas de delitos como las extorsiones y las violaciones que se denuncian menos del 10% y el 18% de las veces, respectivamente. Las policías de tránsito y municipales se perciben como las autoridades menos confiables y las más corruptas. En 2016, el porcentaje de mexicanos que las percibieron como corruptas fue del 71%. Esta cifra representa una mejora de seis puntos porcentuales desde 2012, pero una señal alentadora es que la confianza en las fuerzas policiales aumentó 13 puntos porcentuales entre 2012 y 2016. Otro signo de mejora es la participación ciudadana. El número de mexicanos que declaran estar dispuestos a ayudar a la policía incrementó un 18%, alcanzando el 62% en 2016.

Las fuerzas policiales se califican como el eslabón más débil del nuevo sistema de justicia penal y, por lo tanto, los gobiernos estatales ven prioritaria su  renovación. El Mando Único de policía fue la propuesta insignia de la reforma. El mando reuniría a las 1.800 fuerzas municipales bajo el control de las autoridades estatales. Pero no ha triunfado. De acuerdo con la encuesta CESOP 2016, el 70% de los preguntados dijeron no haber escuchado hablar del Mando Único, lo cual revela la necesidad de promover mejor esta iniciativa.

Los gobiernos locales

La paz se construye a partir de las comunidades. El análisis de la pauta localizada de violencia reitera la importancia de las estrategias centradas en el lugar, así como la importancia de la participación del gobierno local y la comunidad en la construcción de la paz. Las buenas relaciones con los vecinos y la aceptación de los derechos de los demás tienen que ver con construir comunidades fuertes. Además, la protección de los periodistas locales apoya el libre flujo de información. Por su parte, los altos niveles de capital humano y la distribución equitativa de los recursos ocurren en las escuelas y los hospitales locales.

Entre los ocho pilares de la Paz Positiva se encuentran reforzar el entorno empresarial sólido y lograr bajos niveles de corrupción. En ambos, los gobiernos locales entran en juego, ofreciendo mayor seguridad a las empresas y contribuyendo a la renovación de las policías locales, que son percibidas como las fuerzas del orden público más corruptas.

Además, el nuevo sistema de justicia penal se implementa en el ámbito local y las fuerzas del orden público, los tribunales y los ministerios públicos desempeñan una función fundamental de impartición de justicia, un aspecto clave de un buen funcionamiento del gobierno.