¿Desagradable, visionario o simplemente necesario?

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Hace unos días, David Cameron dijo que el Reino Unido va a intentar limitar el acceso de los inmigrantes de la UE a su sistema de bienestar, dentro de las normas actuales. Su declaración se produce un mes antes de que los inmigrantes búlgaros y rumanos adquieran el derecho a trabajar en Gran Bretaña y otros Estados miembros y seis meses antes de la posible victoria del Partido de la Independencia del Reino Unido en las elecciones europeas.

Cameron ha propuesto que ningún inmigrante de la Unión que viva en Gran Bretaña tenga derecho a recibir prestaciones hasta que no lleve al menos tres meses como residente. Los ciudadanos de otros Estados miembros también empezarán a perder sus derechos si llevan seis meses sin trabajo y no tienen oportunidades reales de encontrar empleo. Si no tienen hogar o son mendigos, se les podrá expulsar. Pero el Reino Unido ya condiciona el acceso de los inmigrantes de la UE a las prestaciones a la prueba del “derecho a residir” y la “residencia habitual”. (Los criterios para estas pruebas varían dependiendo de las circunstancias de cada inmigrante. Pero, en general, ambas pretenden disuadir el turismo sanitario de personas que no trabajan, sobre todo los recién llegados). Se supone que los costes sanitarios que representan los inmigrantes de la UE durante sus tres primeros meses de residencia se pueden reclamar a sus gobiernos de origen. Y las autoridades británicas ya pueden expulsar a los parados de larga duración y a quienes constituyen un peligro para la sociedad.

Por consiguiente, Cameron debe de querer decir solo que el Reino Unido va a interpretar las normas actuales más estrictamente y las va a aplicar con más rigor. Sin embargo, el primer ministro también quiere discutir con otros dirigentes europeos de cómo restringir el derecho a la libre circulación en el futuro. Cuando Margaret Thatcher firmó en 1986 el Acta Única Europea, la mayoría de los Estados miembros suponía que la libre circulación de personas significaba “libre circulación de trabajadores” o inmigrantes con ofertas de trabajo que iban de un país a otro. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) falló, en el caso Antonissen de 1991, que el término “trabajador” se refería también a parados en busca de empleo. Los jueces tenían toda la razón: ningún mercado laboral puede funcionar bien si la gente no tiene libertad para ir de un lado a otro en busca de trabajo, en vez de esperar a que alguien llame.

El fallo de Antonissen asumió más importancia cuando la Unión se amplió a unas regiones mucho más pobres en 2004 y 2007. Sobre todo en el caso del Reino Unido, que posee un sistema de bienestar universal en el que los derechos no están específicamente vinculados a las contribuciones personales, a diferencia de casi todos los demás países europeos. La sentencia y la ampliación de 2004 empujaron a Gran Bretaña a introducir sus pruebas sobre ...