Desde Québec hasta Puerto Rico o los Estados de la antigua Yugoslavia, la construcción de la idea nacional ha sido uno de los objetivos de los partidos soberanistas. El nacionalismo en el País Vasco ofrece un ejemplo perfecto para entender este fenómeno.  

La política vasca ha estado protagonizada en los últimos años por la estrategia nacionalista a favor del soberanismo. Tras 10 años de gobiernos de coalición (1988- 1998) entre nacionalistas y socialistas, el nacionalismo creyó llegado el momento de la acumulación de fuerzas a favor de la soberanía. Rota la coalición de gobierno, la estrategia se materializó, inicialmente, en el pacto de Estella (1998), suscrito por los nacionalistas con participación de la propia organización terrorista ETA y de la pequeña rama vasca de Izquierda Unida. Cuando ETA puso fin a la tregua con la que contribuyó al acuerdo de Estella, el presidente del Gobierno vasco (lehendakari) reformuló la estrategia por el soberanismo alumbrando lo que se ha conocido, por el nombre de su promotor, como “plan Ibarretxe”, protagonizando el proceso político vasco –y también el español– durante la última década.

Los primeros balbuceos se realizan durante las elecciones autonómicas de 2001, en las que, contra pronóstico, el PNV logró retener el poder, y en las que se forjó el liderazgo político de Ibarretxe en el seno del nacionalismo. En los años siguientes, con una cadencia anual, al ritmo de los plenos de política general en la Cámara parlamentaria autonómica, con los que se abre el curso político, el lehendakari fue construyendo su estrategia de forma dosificada.

En el debate de septiembre de 2002 el lehendakari presentó el documento titulado ‘Un nuevo pacto político para la convivencia’. Situaba, así, el origen de su propuesta en el logro de la “convivencia”, e instrumentalizaba la paz en beneficio de la estrategia nacionalista: quien se opusiera a su propuesta estaría dificultando la desaparición del terrorismo. En el debate de política general de septiembre de 2003 se referirá a la presentación de una propuesta de nuevo “Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi”. La propuesta será aprobada por el Gobierno vasco el 25 de octubre de 2003 y remitida al Parlamento para su consideración, siendo ratificada en el pleno celebrado el 30 de diciembre de 2004. El Proyecto fue aceptado por 39 votos a favor y 35 en contra. La mayoría se obtuvo gracias al apoyo parcial del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, brazo político de la organización terrorista ETA, que dividió sus votos, como parte de una estrategia conscientemente diseñada.

Elevada la propuesta a las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, en sesión plenaria celebrada el 1 de febrero de 2005, rechazó la toma en consideración de la propuesta de nuevo Estatuto Político para el País Vasco por 344 votos a favor del rechazo, 29 en contra y 2 abstenciones.

El lehendakari disolvió la Cámara y convocó nuevas elecciones, en las que la coalición nacionalista –nuevamente liderada por Ibarretxe– sufrió un fuerte desgaste de votos. En coalición con sus tradicionales socios de Gobierno pudo constituir uno en minoría, con el que retomó la estrategia de desarrollo de su plan. Así, en el debate de política general de septiembre de 2007 en el Parlamento vasco expuso lo que dio en llamar “la hoja de ruta” del inmediato futuro; lo que ha sido conocido como “plan Ibarretxe II”. Reafirmaba la validez de la propuesta de nuevo Estatuto político, a pesar del rechazo por el Congreso de los Diputados, considerando que es un instrumento “vigente política y jurídicamente”. Las circunstancias habían cambiado y propuso un calendario dirigido a tratar de imponer lo que denominó “el derecho a decidir”, que giraba en torno a una doble consulta/referéndum: el 25 de octubre de 2008 y en el segundo semestre de 2010.

Tras las elecciones generales, en las que el Partido Socialista revalidó su triunfo electoral, el lehendakari intentó, nuevamente, que el presidente Rodríguez Zapatero aceptase su propuesta política. Ante su nuevo rechazo, previa iniciativa del Gobierno, el Parlamento vasco procedió a aprobar la conocida como “ley de la consulta” –Ley vasca 9/2008, de 27 de junio–, en la que se prevé la celebración de una “consulta” –era obligado eludir el término “referéndum”– a todos los ciudadanos con derecho de sufragio activo, y con carácter no vinculante, que contenía dos preguntas, sobre el final dialogado de la violencia y sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, que se celebraría el 25 de octubre de 2008.

La Ley vasca fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 103/2008, de 11 de septiembre. El recorrido del plan Ibarretxe concluyó así, siendo rematado, en el ámbito estrictamente político, por los resultados de las recientes elecciones autonómicas (1 de marzo de 2009), que parecen llamados a desplazar del poder al nacionalismo tras 30 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo de la comunidad autónoma.

 

LA GEOGRAFÍA UNIVERSAL SOBERANISTA

 
 

La calle nacionalista: manifestación independentista en febrero de 2008.

La estrategia del nacionalismo vasco ha recurrido a continuas referencias a ejemplos internacionales. Ejemplos que, en algunos casos, han repercutido en la formulación de la propuesta del soberanismo. Se trataba de evidenciar lo razonable y, aún más, lo inobjetable de la misma. Se ha hecho referencia al ejemplo del Québec canadiense y al Renvoi o Reference del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Québec (1998), al Estado libre-asociado de Puerto Rico, al estatuto de las Islas Åland en Finlandia, al de las Islas Feroe en Dinamarca, al proceso de creación de Estados como consecuencia de la desintegración de la antigua Yugoslavia (Eslovenia, Croacia…), al ocasionado por la de la antigua URSS; más recientemente, se ha traído a colación el caso de la independencia de Kosovo, y podría citarse la decisión del electorado de Groenlandia. La pretensión nacionalista se dirigía en la dirección del viento de los acontecimientos de la escena internacional.

En el debate parlamentario de septiembre de 2002, Ibarretxe afirmó expresamente que en el espacio europeo “están superados, social e intelectualmente, debates aún pendientes de resolver en el Estado español”; cuestiones como “la libre asociación, el derecho democrático a decidir de los pueblos, la soberanía compartida, la cooperación transfronteriza (sic) o el respeto a las identidades de las naciones sin Estado son asumidas con toda normalidad en el ámbito europeo y deben marcar las pautas a seguir por el Estado español”. Por ello, afirmaba que en su propuesta no se plantea “nada que no esté previsto en el Tratado de la Unión Europea”. El presidente del Gobierno vasco reclamaba que “no se tome a Europa como subterfugio”, pues, a su juicio, el modelo de relación basado en la libre asociación y en la soberanía compartida que propugna “es utilizado y reconocido en el ámbito europeo y en el concierto internacional” y “está en la base de la propia construcción de Europa e, incluso, ha sido el fundamento de Estados europeos y de otros existentes en el mundo occidental”. De forma que se trata, en definitiva, “de una propuesta que utiliza las bases jurídicas y políticas que en Europa Occidental se han utilizado y se están utilizando para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo Estado o de los conflictos de relación que surgen entre hechos nacionales que atañen a diferentes Estados”. De acuerdo con su visión de las cosas, todo está ya resuelto en Europa, y lo que hay que hacer en España para resolver el problema vasco es incorporar lo que es normal en los países europeos.

La última manifestación de esta visión de las cosas se produjo al anunciar la presentación de una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) frente a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley vasca de la consulta. Quería transmitir la idea de que, negando la capacidad de las instituciones vascas para realizar la consulta aprobada por ley del Parlamento autonómico, se contradice el estándar democrático europeo, vulnerando, en este caso, un derecho considerado fundamental y garantizado como tal en Europa. Por ello es necesario que las instituciones europeas –el TEDH, en este caso– vengan a poner las cosas en su sitio, corrigiendo las grandes limitaciones de la democracia española.

La geografía universal del soberanismo, sin embargo, es puramente aparente, se ha ido construyendo al hilo de los acontecimientos de la escena internacional, presentándolos de forma interesada, como si existiese una identidad entre los ejemplos utilizados y la situación del País Vasco. Pero este caso no puede ser objeto de asimilación a ninguno de los supuestos utilizados, salvo al caso del Québec canadiense. Ciertamente, las similitudes entre Québec y el País Vasco son muy grandes, a pesar de las peculiaridades de cada sistema constitucional. En ambos casos se trata de sociedades democráticas estables y desarrolladas, con una integración nacional que está sólidamente asentada en la historia, y con un reconocimiento de la autonomía política y de la singularidad lingüístico- cultural en el ámbito de un sistema de naturaleza federal. Y en este ejemplo es en el que se ponen de manifiesto todas las debilidades de la pretensión del soberanismo vasco de presentar de forma interesada los acontecimientos internacionales como elementos que corroboran el carácter inobjetable de sus pretensiones.

 

AUTODETERMINACIÓN Y NUEVO ORDEN EUROPEO

 
 

Otro Euskadi es posible: el candidato del Partido Socialista Vasco, Patxi López, junto al presidente español, Zapatero.

El verdadero corazón del plan Ibarretxe es el derecho de autodeterminación, formulado como “derecho a decidir”. En el documento presentado en septiembre de 2002 se afirma que la “identidad nacional” vasca tiene su fundamento en la “soberanía originaria” del pueblo vasco, “reconocida en base a la vigencia y actualización de nuestros derechos históricos preexistentes, recogidos explícitamente en la Constitución” y “de conformidad con la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika y del Acuerdo del Parlamento Vasco de 15 de febrero de 1990, por el que se proclama el derecho a la autodeterminación del Pueblo Vasco”. La propuesta se asienta sobre tres pilares: “a) El Pueblo Vasco es un Pueblo con identidad propia, b) que tiene derecho a decidir su propio futuro, c) desde el respeto a las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes ámbitos jurídico-políticos en los que actualmente se articula”. La identidad propia del pueblo vasco consiste, de acuerdo con la propuesta, en un “sentimiento de identidad nacional”, un “sentimiento de pertenencia” que “va más allá de normas jurídicas o de fronteras políticas”. Y esa “identidad nacional” le otorga, de acuerdo con la propuesta, el “derecho a ser consultado para decidir su propio futuro”, que se fundamentaría, además de en la propia decisión del Parlamento vasco, en el derecho a la libre determinación de los pueblos reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el debate de política general de septiembre de 2003, al formular los fundamentos del nuevo Estatuto político para el País Vasco, se referirá al derecho a la libre determinación de los pueblos, “uno de los fundamentos básicos de la convivencia y la democracia”, considerado como un autodeterminación del Pueblo Vasco&rdquo.En el debate de política general de septiembre de 2003, al formular los fundamentos del nuevo Estatuto político para el País Vasco, se referirá al derecho a la libre determinación de los pueblos, “uno de los fundamentos básicos de la convivencia y la democracia”, considerado como un “derecho democrático irrenunciable”, cuya negación, a juicio del jefe del Ejecutivo autonómico vasco, significaría nada menos que negar la identidad de los vascos como pueblo y negar la democracia. Fundamentos que, finalmente, aparecerán expresamente reflejados en la propuesta que aprobará el Parlamento.

El derecho de autodeterminación se convierte para el soberanismo vasco en el paradigma que permite interpretar cualquiera de las experiencias internacionales. Pero al precio de convertirse en un auténtico lecho de Procusto, que impide entender los acontecimientos internacionales en toda la complejidad que cada caso esconde. Y aunque le obligue a contradecir expresamente los elementos del caso utilizado, como ocurre con la utilización del Renvoi o Reference del TS canadiense, en el que expresamente se rechaza la titularidad del derecho de autodeterminación.

La recuperación de la protección de las minorías nacionales en el nuevo orden europeo instaurado tras la caída del muro de Berlín se realiza transformando profundamente su significado. La terminología “minoría nacional”, que no está exenta de problemas, ha sido despojada de todas sus connotaciones vinculadas al principio de las nacionalidades, “desvalorizada”, perdiendo su significado tradicional. Tiene una función puramente instrumental, para la consecución de la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente, quedando subordinada al respeto de la integridad territorial y de la intangibilidad de las fronteras estatales. El derecho de autodeterminación no forma parte del estándar europeo de protección de las minorías nacionales. Su protección se materializa a través de la salvaguarda de la diversidad lingüística y cultural y del reconocimiento de un indeterminado grado de autonomía local o regional (Documento de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE, de junio de 1990 y las Recomendaciones del Alto Comisionado para la Protección de las Minorías Nacionales de la OSCE). Un estándar que el sistema democrático español supera de forma ejemplar a través del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y de las regiones, y de la oficialidad de las lenguas habladas por los pueblos que las integran.  

 

DEBILIDAD Y FORTALEZA

El proceso por el soberanismo se ha saldado con un continuado descenso de votos por parte del nacionalismo, que, después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo, puede traducirse en la pérdida del poder tras 30 años ininterrumpidos en el mismo. En las elecciones de 2005 el nacionalismo perdió casi 140.000 votos (lo que se ratificó, aún más, en las elecciones generales); y en las del pasado 1 de marzo ha vuelto a perder unos 30.000 votos. La estrategia soberanista sirvió para aglutinar las fuerzas nacionalistas. Pero la sensación de fortaleza que transmitió al propio nacionalismo no era real. Le sirvió, en una situación crítica, para salvar el poder en las elecciones de 2001, pero le ha debilitado de forma irremisible, aunque ha demostrado una gran resistencia política, que se ha puesto de manifiesto con el triunfo electoral relativo obtenido en estas elecciones. Pero esa solidez expresa, al mismo tiempo, una gran debilidad: las fuerzas del nacionalismo no son suficientes para dirigir al país en una travesía tan aventurada. El nacionalismo se ha sentido fuerte para lanzar una apuesta muy arriesgada, que le ha dado empuje frente al sistema político español. Porque su apuesta ponía en riesgo el sistema. Pero una apuesta que ha mostrado todos los límites de su fortaleza; que ha demostrado su incapacidad.

Como le ocurrió al soberanismo de Québec, el nacionalismo vasco ha constatado con sorpresa que el mayor obstáculo para sus pretensiones se encuentra en su propia sociedad. No ha sido capaz de entender la complejidad de una sociedad moderna, como la vasca. De entender que, en el contexto europeo occidental, no es fácilmente aceptable una pretensión similar. De darse cuenta de la inviabilidad, también por razones internas, de un País Vasco soberano, fracturado territorial y socialmente.