Protesta contra la decisión de España de reconocer la autonomía del Sahara dentro de Marruecos. (Getty Images)

La decisión del Gobierno español de apoyar el plan de autonomía marroquí ahonda en la violación de los derechos del pueblo saharaui, deslegitima el derecho internacional y explicita la dejación de responsabilidad de España con respecto al Sahara Occidental.

El gobierno de Pedro Sánchez no ha mandado comunicado interno o nota diplomática a ninguna institución internacional porque insiste en que no hay cambios en su política con el Sáhara Occidental. Si bien el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 calificó la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como “una contribución positiva”, 14 años después, esta se califica como “la más seria, realista y creíble para resolver el contencioso”. Sin embargo, este plan solo podría ser el mejor si se demostrase la inviabilidad del referéndum avalado por la ONU y donde tanto la autonomía como la autodeterminación pudieran establecerse como alternativas vinculadas a un proceso de descolonización que desde hace 55 años arrastra el pueblo saharaui.

En 1991, la ONU inició el proceso de organizar un referéndum para resolver el contencioso del Sáhara Occidental con Marruecos respecto a su derecho de autodeterminación como pueblo. Treinta años más tarde, se quiere dar carpetazo a esta vía sin que dicho referéndum haya tenido lugar. La alternativa que propone Marruecos descarta esta opción a pesar de ser una condición recogida para los pueblos coloniales en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Es un principio fundamental del derecho internacional público, inalienable, que reconoce a cada pueblo su capacidad de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Toda esta legitimidad internacional y el reconocimiento de las fronteras se le niega al pueblo saharaui con el consentimiento de la comunidad internacional y es en este punto donde España dice reconocerse.

En 1967, Naciones Unidas propuso la descolonización (conforme al Reglamento de la ONU Nº. 1514, la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización y desde 1963 se considera Territorio no autónomo) precisamente para cerrar el paso a las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania. Durante todos estos años, los informes jurídicos y resoluciones internacionales han avalado los derechos del pueblo saharaui y rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. En 1975, el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya reconoció el poder soberano del Sáhara Occidental sobre una población autóctona nómada que, en el momento de la colonización española (1885), vivía en un territorio que no pertenecía a Marruecos ni a Mauritania y que “estaba social y políticamente organizada en tribus y bajo jefes competentes para representarla”. De igual modo, se rechazaban los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sáhara desde la conquista del islam del norte de África hacía 1.300 años; que ...