La decisión del Gobierno español de apoyar el plan de autonomía marroquí ahonda en la violación de los derechos del pueblo saharaui, deslegitima el derecho internacional y explicita la dejación de responsabilidad de España con respecto al Sahara Occidental.
El gobierno de Pedro Sánchez no ha mandado comunicado interno o nota diplomática a ninguna institución internacional porque insiste en que no hay cambios en su política con el Sáhara Occidental. Si bien el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 calificó la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como “una contribución positiva”, 14 años después, esta se califica como “la más seria, realista y creíble para resolver el contencioso”. Sin embargo, este plan solo podría ser el mejor si se demostrase la inviabilidad del referéndum avalado por la ONU y donde tanto la autonomía como la autodeterminación pudieran establecerse como alternativas vinculadas a un proceso de descolonización que desde hace 55 años arrastra el pueblo saharaui.
En 1991, la ONU inició el proceso de organizar un referéndum para resolver el contencioso del Sáhara Occidental con Marruecos respecto a su derecho de autodeterminación como pueblo. Treinta años más tarde, se quiere dar carpetazo a esta vía sin que dicho referéndum haya tenido lugar. La alternativa que propone Marruecos descarta esta opción a pesar de ser una condición recogida para los pueblos coloniales en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Es un principio fundamental del derecho internacional público, inalienable, que reconoce a cada pueblo su capacidad de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Toda esta legitimidad internacional y el reconocimiento de las fronteras se le niega al pueblo saharaui con el consentimiento de la comunidad internacional y es en este punto donde España dice reconocerse.
En 1967, Naciones Unidas propuso la descolonización (conforme al Reglamento de la ONU Nº. 1514, la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización y desde 1963 se considera Territorio no autónomo) precisamente para cerrar el paso a las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania. Durante todos estos años, los informes jurídicos y resoluciones internacionales han avalado los derechos del pueblo saharaui y rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. En 1975, el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya reconoció el poder soberano del Sáhara Occidental sobre una población autóctona nómada que, en el momento de la colonización española (1885), vivía en un territorio que no pertenecía a Marruecos ni a Mauritania y que “estaba social y políticamente organizada en tribus y bajo jefes competentes para representarla”. De igual modo, se rechazaban los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sáhara desde la conquista del islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica”; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos precolonial (el estado jerifiano) que incluiría no solo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida (en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. El TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.
El primer intento para ello vino de la mano del enviado especial de la ONU, James Baker en 2000. Se trataba de un referéndum que nunca se presentó formalmente por excluir del plan de autogobierno saharaui las políticas de defensa y de acción exterior que Marruecos asumiría, y que hizo que Argelia y el Frente Polisario lo rechazaran. Tres años más tarde se propuso el plan Baker II como una fórmula mixta para instaurar una autonomía de cinco años y después celebrar un referéndum de autodeterminación con un censo que incluía los marroquíes residentes en el territorio ocupado, y que, a pesar de ser más numerosos que los saharauis, fue rechazado por Marruecos. Tres años más tarde, Rabat proponía el plan de autonomía actual que el propio Miguel Ángel Moratinos, Ministro español de Asuntos Exteriores entre 2004 y 2010, valoró como “poco generoso”.
De esta forma, España se desmarcaba de una propuesta que concedía al Sáhara unas competencias parecidas a las de las autonomías españolas denominadas de “vía lenta” y a la que cabe añadir tres matices. En primer lugar, la autonomía sería para la población que reside en el territorio y no para el pueblo saharaui. Formalmente sería para una población mayoritariamente marroquí que podría compensarse si retornasen los saharauis instalados en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia. En segundo lugar, el rey de Marruecos, mantendría sobre el territorio atribuciones constitucionales y religiosas que condicionarían tanto la dimensión espiritual como política. Mohamed VI, además de ser el jefe espiritual, es quien también ordena la ejecución de las políticas públicas. En este sentido, no cabe esperar los mecanismos democráticos suficientes para poder garantizar una solución negociada en el Sáhara, al menos en la línea que ha priorizado hasta ahora la ONU.
Finalmente, hay que añadir, en tercer lugar, lo que ha sido hasta ahora la administración del territorio por Marruecos desde que en los 70 se retirasen España (1976) y Mauritania (1979) de un gobierno tripartito. En ese momento, el Frente Polisario proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y durante 10 años el conflicto armado caracterizó la relación entre el Frente Polisario y el reino alauí. En 1990, la Asamblea General de la ONU reconoció la cuestión del Sáhara Occidental como un problema de descolonización que debe ser resuelto por el propio pueblo saharaui y un año más tarde, llegaba al territorio la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y un alto el fuego cuestionable. En la actualidad, la RASD está reconocida por la Unión Africana y por 84 Estados en el mundo, la mayoría africanos o latinoamericanos, países que a su vez fueron colonizados. Sin embargo, no lo está por España, ni por la ONU, la Liga Árabe o por ningún Estado europeo ni ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que se traduce en un bajo perfil en la escena internacional.
Los enfrentamientos entre las fronteras compartidas y la construcción de un muro han creado en la región una gran inestabilidad. Por un lado, el paso de Guerguerat, al sur del Sáhara y bajo control saharaui, resulta clave en las pérdidas marroquíes y el desabastecimiento de los mercados mauritanos provocados por la gestión de la RASD. Para evitarlo, desde hace años, Marruecos ha creado una aduana sin amparo legal que tramita las exportaciones e importaciones entre estos dos países. De hecho, este paso coincide con el final del muro que, a instancias de Marruecos y desde 1980, separa los territorios saharauis ocupados de los liberados. Este muro, denunciado por la ONU, mide más de 2.700 kilómetros y es el más largo del mundo. Financiado por Arabia Saudí y con apoyo israelí, separa los territorios liberados de las minas de fosfatos de Bucraa y la zona costera, que es de una gran riqueza pesquera y que se encuentra en la zona ocupada del Sáhara Occidental.
A la inseguridad de esta administración hay que sumar los testimonios de organizaciones como Amnistía Internacional que consideran el territorio ocupado del Sáhara de los más cuestionados debido a las constantes violaciones de derechos humanos. Más de 40 activistas están actualmente en el cárcel y solo hay legalizada una asociación saharaui nacionalista. Desde noviembre de 2020 se contabilizan dos vulneraciones de derechos civiles cada dos días, extendiéndose incluso la represión a mujeres y menores. Fruto del trabajo colectivo de una veintena de activistas de los derechos humanos se ha documentado que 17 de los 20 menores víctimas de hostigamiento han sido detenidos arbitrariamente. La mitad de los menores afectados afirman haber sido torturados o agredidos físicamente a manos de la policía en los territorios administrados por Marruecos. ¿Cómo es posible en estas circunstancias considerar unas garantías internacionales para esta autonomía o tan siquiera esperar un proceso de descentralización en un país en el que su propia Constitución prohíbe los partidos políticos regionales?
Llegados a este punto, ¿por qué es tan relevante una carta que hace público el respaldo español al plan de autonomía marroquí? Porque insiste en la violación de derechos. Por un lado, se constata el avance en la deslegitimación del derecho internacional, ampliamente reconocido por la comunidad internacional pero intencionadamente ninguneado. Por otro lado, se explicita la dejación de responsabilidad que España, más que cualquier otro país, debería asumir con respecto al pueblo saharaui.
En primera instancia y en lo que al derecho internacional se refiere, al pueblo saharaui se le impide disponer de sus propios recursos. El segundo mayor yacimiento de fosfatos del mundo está situado en el territorio que demanda el Sáhara Occidental y, a pesar de que en 1963 la ONU obligara a Marruecos a asegurar que por su condición de territorio no autónomo, debía favorecer esa demanda o al menos invertir los frutos de su explotación en el propio territorio, esto no ha ocurrido hasta la fecha. En la misma línea, los bancos de pesca son motivo de litigio. El Tribunal de Justicia Europeo ha fallado contra Marruecos por considerar su control en el protocolo de pesca con la UE (2014-18) como un “atentado contra los derechos fundamentales” del pueblo saharaui. Una sentencia que impedía proseguir con dicho protocolo y en donde España destaparía sus cartas, al aparecer por primera vez como “parte recurrente”, ya que las consecuencias de una suspensión del acuerdo pesquero impedían a 100 barcos españoles operar en esas aguas. En el mes de septiembre de 2021, el Tribunal General de la UE volvió a anular los acuerdos de pesca y asociación entre la Comisión Europea y Marruecos porque seguían incluyendo al Sáhara Occidental en el reparto de la actualización del protocolo. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha defendido sus actividades económicas sobre las aguas saharauis amparándose en el Tratado de Libre Comercio de 2007 entre Marruecos y la UE. Si bien éste no reconoce explícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se ampara en una opinión jurídica en 2004 del Asesor de la ONU, Hans Correll, donde se justifica la inclusión de aguas del Sáhara Occidental, aunque años después el mismo Correll alegara una mala interpretación del dictamen. Algo que, sin embargo, no ocurre entre el Tratado de Libre Comercio entre EE UU y Marruecos donde sí se excluye, explícitamente, cualquier actividad económica procedente del Sáhara Occidental.
En segundo lugar y respecto a la responsabilidad de España con el pueblo saharaui hay que recordar que todos los habitantes nativos del Sáhara Occidental son españoles con un documento nacional de identidad, pasaporte español y libro de familia correspondiente. Un reconocimiento pleno de la nacionalidad de la que ningún español puede ser desprovisto como así reconoció el Tribunal Supremo. Sin embargo, ningún gobierno de España ha reconocido nunca dicha obligación ante los 400.000 habitantes que, entre los territorios ocupados, liberados y campamentos de refugiados del sur de Argelia, suma tentativamente la actual población saharaui. Una falta de reconocimiento que deriva en una situación extrema de supervivencia, aunque esta sea probablemente la consecuencia menos publicitada por España. La economía del refugio basada en la ayuda humanitaria parece no competir con otras amenazas como son los así interpretados flujos migratorios y la integridad territorial, fruto de las tensiones entre España y Marruecos en las últimas décadas. Ni siquiera la minoría parlamentaria en la que se ha apoyado esta decisión (solo 120 diputados apoyaron en el Congreso esta propuesta y 230 la rechazaron) ha impedido que el Gobierno apoyara esta propuesta marroquí para seguir adelante con el consiguiente daño a las relaciones con nuestro principal proveedor de energía, Argelia.
La elección está clara: vasallaje para el pueblo saharaui sin que quede explícita garantía alguna sobre la integridad territorial de Canarias, Ceuta y Melilla, un cambio de interpretación de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales de pesca y un control más severo de la migración irregular y de las redes criminales que pueden derivar de un Estado frágil a las puertas de Europa. La comunidad internacional no deslegitimará esta propuesta porque, aunque no encuentre el respaldo internacional, tampoco será condenada por el Consejo de Seguridad debido a los vetos de EE UU, que ya ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui, y Francia. La UE tampoco impedirá que esta propuesta prolifere, ya que pese a que el Parlamento se pronuncie en contra, el veto de Francia y las simpatías públicas de Alemania y España impulsarán esta propuesta en la que Rabat ya no necesita ningún incentivo para negociar con los saharauis otra cosa que su plan de autonomía. El Sáhara Occidental se integrará en Marruecos sin haber podido ejercer su derecho a la libre determinación y la decisión del Gobierno español de apoyar oficialmente este plan quedará en la historia como ejemplo de una denegación expresa del ejercicio de tal derecho.
