Protesta contra la decisión de España de reconocer la autonomía del Sahara dentro de Marruecos. (Getty Images)

La decisión del Gobierno español de apoyar el plan de autonomía marroquí ahonda en la violación de los derechos del pueblo saharaui, deslegitima el derecho internacional y explicita la dejación de responsabilidad de España con respecto al Sahara Occidental.

El gobierno de Pedro Sánchez no ha mandado comunicado interno o nota diplomática a ninguna institución internacional porque insiste en que no hay cambios en su política con el Sáhara Occidental. Si bien el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 calificó la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como “una contribución positiva”, 14 años después, esta se califica como “la más seria, realista y creíble para resolver el contencioso”. Sin embargo, este plan solo podría ser el mejor si se demostrase la inviabilidad del referéndum avalado por la ONU y donde tanto la autonomía como la autodeterminación pudieran establecerse como alternativas vinculadas a un proceso de descolonización que desde hace 55 años arrastra el pueblo saharaui.

En 1991, la ONU inició el proceso de organizar un referéndum para resolver el contencioso del Sáhara Occidental con Marruecos respecto a su derecho de autodeterminación como pueblo. Treinta años más tarde, se quiere dar carpetazo a esta vía sin que dicho referéndum haya tenido lugar. La alternativa que propone Marruecos descarta esta opción a pesar de ser una condición recogida para los pueblos coloniales en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Es un principio fundamental del derecho internacional público, inalienable, que reconoce a cada pueblo su capacidad de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Toda esta ...