El fraude y la violencia serán protagonistas de las próximas elecciones parlamentarias afganas como ya ocurrió en las presidenciales de 2009. Otro proceso fallido solo perjudicaría a las ya muy débiles instituciones democráticas del país. ¿La solución? Por el momento, posponerlas.

 

Este verano, alrededor de 2.500 afganos gastaron millones de dólares y cientos de horas atravesando algunas de las carreteras más peligrosas del mundo haciendo campaña para ocupar una de las 249 sillas de la cámara baja del Parlamento. En el camino a las elecciones del 18 de septiembre, un gran número, la mayoría mujeres, acabarán seguramente retirándose. Muchos serán atacados de forma violenta, posiblemente asesinados.












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Casi todos los candidatos se preguntarán si el riesgo valió la pena. Si el fraude masivo y la violencia desmedida que tuvieron lugar durante las elecciones presidenciales y del consejo provincial del año pasado sirven de guía, la respuesta es no. Otro fracaso de la comunidad internacional al hacer frente a los defectos del sistema electoral, significará el golpe de gracia para las frágiles instituciones estatales de Afganistán y reducirá de manera drástica la posibilidad de realizar algún tipo de progreso.

El despido del general Stanley McChrystal debería servir como advertencia a todos aquellos que subestiman el destructivo poder de la arrogancia en tiempos de crisis. Aunque la Administración Obama ha declarado que va a ceñirse a la estrategia de contrainsurgencia lanzada por McChrystal el año pasado, Washington necesita urgentemente evaluar si Afganistán puede permitirse otro golpe a su estabilidad. Con las elecciones cerca y los niveles de seguridad más bajos que nunca, ya es hora de admitir que la comodidad política que permitió al presidente afgano, Hamid Karzai, el robo de su reelección en 2009, ha dejado de ser factible.

En ausencia de una reforma electoral sustancial y de mayor transparencia, posponer estos comicios de septiembre representa la mejor estrategia posible.

La seguridad se ha deteriorado significativamente desde que los votantes tuvieran que enfrentarse a la amenaza de violencia para poder presentarse ante las urnas en agosto del 2009. El Gobierno ha permanecido bloqueado, atrapado en una amarga disputa entre el Presidente y el Parlamento. A pesar del fraude electoral masivo, que llevó a la Comisión Electoral de Quejas a desechar más de un millón de votos adulterados para Karzai el año pasado, a penas se han llevado a cabo algunas de las necesarias reformas. El sistema de registro de votos es irremisiblemente defectuoso y muchos de los oficiales que instigaron el fraude permanecen todavía en su cargo. La comunidad internacional ha renunciado al poder de veto en la Comisión de Quejas, dejando que los oficiales elegidos a dedo por Karzai influyan en el resultado final de la votación.

Peor aún, los procesos de investigación diseñados para mantener a los criminales reconocidos lejos de las urnas han fracasado ante la presión de los que ostentan el poder. Alrededor ...