¿Es por fin una prioridad en la agenda internacional?

 










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Es una novedad significativa que el tema del fraude fiscal se trate al máximo nivel del escalafón comunitario. El presidente Van Rompuy decidió incluirlo en la agenda del reciente Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 22 de mayo, probablemente influido por los últimos escándalos fiscales e informaciones filtradas referidas a grandes empresarios, ministros y otras celebridades.

Aunque se haya echado en falta la adopción de medidas concretas, en los últimos G20 los líderes mundiales han reiterado que las dimensiones adquiridas por el fraude fiscal amenaza ya la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y detrae de los Estados ingentes sumas de dinero. En la UE, la persistente crisis de deuda soberana y la sostenibilidad del Estado de bienestar están directamente vinculados a un desplome preocupante de la recaudación fiscal y, muy especialmente, del impuesto de sociedades. Se trata de algo difícilmente aceptable por los ciudadanos en una situación como la actual de consolidación fiscal y de gran dificultad para generar crecimiento y empleo.

Los datos son escalofriantes. La Comisión Europea estima que el fraude fiscal en la UE asciende al billón de euros anual. Esta suma representa el PIB de España, quinta economía europea y siete años del presupuesto comunitario. A escala global, las estimaciones también son muy considerables. Un informe de Tax Justice Network  de julio 2012 cifra en 21 billones de dólares la cantidad que se esconde en paraísos fiscales, es decir, el PIB de EE UU y Japón juntos. En España se calcula que el fraude fiscal es sensiblemente superior a la media europea, representando entre un 20% y un 25% del PIB nacional.

 

“Los Estados pueden afrontar por sí solos el fraude fiscal”

No del todo. Parece claro que la magnitud del problema exige la adopción de medidas nacionales, europeas e internacionales. En primer lugar, cada país es responsable del fortalecimiento de su sistema y administración fiscales.

En el ámbito comunitario, es preciso señalar que la fiscalidad es una competencia eminentemente nacional y que la UE ha tenido hasta ahora un papel subsidiario. La intervención comunitaria se justifica cuando las medidas o prácticas fiscales de los Estados crean distorsiones en el funcionamiento del Mercado interior (al afectar, por ejemplo, a las decisiones de inversión en un país). Pero la toma de decisiones en este campo se rige generalmente por el principio de unanimidad, lo cual dificulta enormemente el que se den pasos adelante. Y aún existe una gran heterogeneidad entre los sistemas fiscales de los Estados miembros. Es más, la competencia fiscal entre los mismos se ha acrecentado con las adhesiones de los Países del Este, caracterizados por tener una presión fiscal considerablemente menor a la media comunitaria. Aunque quizá el caso de competencia fiscal más señalado últimamente sea el de Irlanda, sede de un alto número de ...