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Los comités ejecutivos del sindicato de estudiantes de la Universidad de Hong Kong asisten a una rueda de prensa. Los dirigentes del Sindicato de Estudiantes de la Universidad dimitieron en masa después de que funcionarios del Gobierno equipararan el duelo por un hombre que acuchilló a un policía con el terrorismo. (Anthony Kwan/Getty Images)

La visión que China tiene de los derechos humanos prioriza lo económico sobre lo político. Rechazada por unos y apoyada por otros.

En un mundo donde la globalización pierde fuelle y el desacoplamiento tecnológico avanza a pasos agigantados, el choque ideológico incendia a los grandes rivales, con la acusación de Estados Unidos de que China comete “genocidio” contra la minoría musulmana uigur y viola las libertades de Hong Kong y Tíbet. En su defensa, Pekín culpa a Washington de “intervenciones militares que conducen a graves desastres humanitarios y medidas coercitivas unilaterales” contra otros países.

Asida a la proeza histórica de haber sacado de la pobreza a 800 millones de personas en cuatro décadas, China argumenta que fue el Occidente colonial y rico el que elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no tuvo en cuenta que “lo primero es el derecho a la supervivencia y el desarrollo”.  Pekín tacha de quimera el principio occidental de que las personas nacen iguales. “La desigualdad es incluso anterior al nacimiento porque el embrión se nutre mejor de una madre rica que de una hambrienta”, afirma.

La disputa sobre los derechos humanos se dirime en el seno mismo de Naciones Unidas, cuya Asamblea General los proclamó en 1948, cuando China se encontraba en plena guerra civil. El pasado junio, Canadá, en representación de 44 países, expresó en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) su “grave preocupación por la represión de las minorías religiosas y étnicas” de la provincia de Xinjiang (noroeste de China) y por el deterioro de las libertades en Hong Kong y Tíbet. En respuesta, Bielorrusia emitió una declaración en nombre de 65 países que destacaba “el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial” y el apoyo a la “no injerencia en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos”. Delegaciones de diversos países en el CDH revelaron presiones tanto de China como de EE UU para sumarse a las distintas posiciones.

Primer contribuyente a las misiones de paz de Naciones Unidas, a las que ha enviado más de 40.000 militares, y segundo, tras EE UU, al presupuesto de la organización mundial, China busca convertirse en líder del mundo en desarrollo contra la “hegemonía occidental” y promueve desde dentro de la ONU la preeminencia de los derechos económicos sobre los políticos. Promociona, sobre todo entre los países en vías de desarrollo, una visión propia de los derechos humanos, en la que tienen cabida la pena de muerte, la censura, el monitoreo cibernético, la no independencia del sistema judicial y la falta de derechos de los trabajadores, amén de ordenanzas demográficas como la del hijo único. De igual manera, está tratando de reformar el multilateralismo para dotarlo de “características chinas”, con las que se privilegian los derechos soberanos de los Estados y se evitan injerencias en los asuntos internos de los países.

China sostiene que los derechos humanos “son la unidad de lo universal y lo particular”. Es decir, son universales por naturaleza y sus principios básicos deben respetarse por todos los países, pero tienen connotaciones específicas dependiendo de “los diferentes niveles de desarrollo económico, diferentes sistemas sociales, diferentes tradiciones y valores culturales y diferentes creencias religiosas” de los distintos países. Para Pekín, introducir un modelo global unificado de derechos humanos “significa imponer las ideas occidentales al resto del mundo”.

Según Elizabeth Chen, de la fundación Jamestown, “China busca absolver a los Estados de la responsabilidad para proteger las libertades de los ciudadanos”. Sus mensajes caen en terreno abonado, especialmente en África, muchos de cuyos países, después de ser esquilmados por las potencias coloniales, siguen gobernados por regímenes dictatoriales corruptos o semidemocracias, que se sienten maltratados por las instituciones internacionales, que les imponen onerosas condiciones ligadas a los valores occidentales para acceder a créditos necesarios para consolidar su independencia económica. Logros chinos, como acabar con la pobreza extrema en 2020, –uno de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible—, tienen un profundo impacto entre los pueblos maltratados por el colonialismo y el hambre.

Días antes de que el Pew Research Center divulgara, el 30 de junio, el resultado de una encuesta que reflejaba que la mayoría de las economías avanzadas creen que China “no respeta las libertades personales” de sus ciudadanos, el Consejo de Estado chino publicó un ‘libro blanco sobre la práctica del Partido Comunista Chino (PCCh) sobre el respeto y la protección de los derechos humanos’. El texto insiste en que “los derechos a la subsistencia y al desarrollo son los derechos humanos primarios y básicos”.

En medio del impulso para el renacimiento de los valores confucianos que consolidaron la civilización del Imperio del Centro, basada en una filosofía social en la que la persona es, por encima de todo y de cualquier individualismo, parte de una sociedad armónica, Pekín considera “peligrosos” los valores occidentales que priman la libertad individual. Su dura lucha contra la COVID-19 es un claro ejemplo en el que el Gobierno se yergue como gran protector de una sociedad que cede sin rechistar sus libertades a cambio de la seguridad contra la epidemia. La abrumadora mayoría de los chinos ha aprobado las medidas adoptadas por el Gobierno, mientras que en Europa la imagen china se ha tornado más impopular, en parte por el secretismo con que manejó el inicio de la pandemia.

Aunque China carece del mesianismo con que EE UU propaga su modelo político, desde la celebración del XIX Congreso del PCCh, en octubre de 2017, sostiene que los enormes avances económicos y tecnológicos alcanzados revelan que su modelo autoritario de partido único es más conveniente que la democracia para los países en vías de desarrollo. Por ello, la Unión Europea reprocha a Pekín haberse convertido en un “rival sistémico” en cuanto al modelo. El mencionado libro blanco, tras loar las contribuciones del PCCh a la paz y el progreso globales, señala que “China ha sido un participante activo en los derechos humanos internacionales, brindando una contribución a la gobernanza global y el progreso de los derechos humanos y trabajando con otros países para forjar una comunidad global de futuro compartido”.

La socióloga de la Universidad australiana de Griffith, Susan Trevaskes, señala que, de acuerdo con lo establecido en el primer libro blanco chino de los Derechos Humanos, publicado en 1991, su credo lo conforman tres pilares: la “no interferencia”, la “reciprocidad de derechos y deberes” -según establece  el  Artículo  33  de  la  Constitución  de  1982,  que  convierte  los  derechos  en  un  elemento inseparable  del  cumplimiento  de  las  leyes- y que “los derechos sociales y económicos de los ciudadanos preceden a sus derechos civiles y políticos”. Esta interpretación restrictiva de las libertades individuales -y en concreto de la libertad de expresión y asociación-  levanta ampollas en la antigua colonia británica de Hong Kong, recuperada por China en 1997, y mantiene  en  constante  ebullición  un  movimiento  muy  minoritario  a  favor  de  los  Derechos  Humanos,  cuyos  principales  representantes  son  hostigados  con  frecuencia  por  las  autoridades  y  se  exponen  a  detenciones  arbitrarias  por  el  mero  hecho  de  expresar  su  opinión  de  forma  pacífica.

En mayo, 152 países pidieron a China que otorgara “acceso inmediato, significativo y sin restricciones” a Xinjiang de un equipo de Naciones Unidas. El Comité de la ONU para la eliminación de la Discriminación Racial asegura tener desde 2018 informes creíbles sobre la presunta detención extralegal y el trabajo forzoso de musulmanes uigures en campos de adoctrinamiento por los que han pasado más de un millón de miembros de esa minoría étnica. Tiene también informaciones sobre opresión sistémica y vigilancia masiva.

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Manifestación a favor de la investigación de la situación de los uigures en Xinjiang, China. (Drew Angerer/Getty Images)

Zhao Lijian, considerado el principal portavoz de la nueva diplomacia asertiva china, señaló que Pekín da la bienvenida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para “una visita amistosa con el propósito de promover los intercambios y la cooperación, pero no a una “supuesta investigación con presunción de culpabilidad”. Zhao reiteró que Hong Kong, Xinjiang y Tíbet son asuntos internos de China y que la Carta de Naciones Unidas exige a todos los países “oponerse a la politización y los dobles raseros en cuestiones de derechos humanos, a las acusaciones infundadas contra China basadas en desinformación y a la injerencia en los asuntos internos de China con el pretexto de los derechos humanos”.

La defensa a ultranza de los derechos económicos sobre los políticos no solo gana adeptos en África. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una buena transmisora de los intereses de China al tiempo que fomenta el comercio y el desarrollo globales. En una entrevista reciente en la BBC el cineasta colombiano Sergio Cabrera, que vivió en la China de Mao, insta a los países latinoamericanos a “estudiar cómo los chinos lograron sacar adelante ese país” y, aunque señala que la violación de los derechos humanos es el gran hándicap de Pekín, pide a los políticos que traten de “entender cómo los chinos llegaron tan lejos en lugar de concentrarse exclusivamente en la condena de lo malo”.

El 13 de julio, el Gobierno estadounidense emitió un aviso contra las cadenas de suministro de Xinjiang, en el que aseguraba que el régimen chino continúa con sus “horribles abusos” y el “trabajo forzoso” de uigures, kazajos y kirguices, “en medio del genocidio y los crímenes de lesa humanidad en curso”.  China, que califica las acusaciones de “burdas mentiras”, está convencida de que solo buscan contener y frenar su desarrollo. El hostigamiento de Washington fomenta el nacionalismo chino y enroca al régimen en sus posiciones más antiliberales.

La UE, pese a considerar que los Derechos Humanos son el “principal escollo que divide con claridad” a Bruselas y Pekín, según declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defiende el restablecimiento del diálogo UE-China sobre derechos humanos iniciado en 1995 y congelado tras la 37ª ronda, celebrada en abril de 2019. Así lo manifestó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a su homólogo chino, Wang Yi, durante la videoconferencia que mantuvieron a primeros de julio para tratar de solventar el bache que atraviesan las relaciones bilaterales desde que en marzo la UE impuso sanciones -en seguimiento a EEUU- a cuatro funcionarios y una entidad china por las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. En respuesta, China sancionó a 10 europeos, cinco de ellos europarlamentarios.

En pleno ascenso al podio de la economía mundial, China tiene en gran estima la cooperación con la Unión Europea, su primer socio comercial. Es fundamental mantener abiertos los canales de comunicación interna entre Bruselas y Pekín, que durante más de dos décadas han facilitado la interacción entre las diferentes concepciones y posturas de los Derechos Humanos. Solo esta vía puede generar una mayor comprensión mutua y un mayor respeto a los Derechos Humanos para el bien de la humanidad.