La eliminación de las minas terrestres en el país latinoamericano no solo traerá alivio humanitario, sino también la oportunidad de fortalecer los diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC.
El pasado 7 de marzo, los negociadores del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el inicio de un esfuerzo conjunto para desminar el país. Después de dos años y medio de negociaciones en La Habana y con acuerdos suscritos sobre tres puntos de la agenda, éste es el primer pacto que tendrá un efecto directo sobre el terreno, otorgando un esperado alivio humanitario a Colombia y acercando al país al fin de cinco décadas de violencia.
Colombia es uno de los Estados más contaminados por minas terrestres en el mundo. Desde que las guerrillas comenzaron a usarlas de forma sistemática a inicios de los 90, estos dispositivos han matado o herido a más de 11.000 personas, la mayoría miembros de la fuerza pública. En la actualidad, las minas son una amenaza para cerca de 700 de los más de 1.100 municipios del país, lo cual ha contribuido al desplazamiento de más de seis millones de colombianos. En las regiones más peligrosas, como el sur de la región del Bajo Putumayo, la contaminación por minas terrestres ha bloqueado el acceso de las comunidades a las escuelas, los servicios de salud y los mercados locales.
Según una declaración conjunta, el gobierno de Colombia y las FARC seleccionarán en primer lugar una serie de zonas piloto dentro de aquellas que presentan mayor nivel de amenaza por minas antipersonas (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG). Ayuda Popular Noruega, ONG de ayuda humanitaria, sondeará a continuación donde ...
Artículo
para suscriptores
por tan solo
