Un soldado colombiano buscando minas. Colombia (Raul Arboleda/AFP/Getty Images)
Un soldado colombiano buscando minas. Colombia (Raul Arboleda/AFP/Getty Images)

La eliminación de las minas terrestres en el país latinoamericano no solo traerá alivio humanitario, sino también la oportunidad de fortalecer los diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC.

El pasado 7 de marzo, los negociadores del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el inicio de un esfuerzo conjunto para desminar el país. Después de dos años y medio de negociaciones en La Habana y con acuerdos suscritos sobre tres puntos de la agenda, éste es el primer pacto que tendrá un efecto directo sobre el terreno, otorgando un esperado alivio humanitario a Colombia y acercando al país al fin de cinco décadas de violencia.

Colombia es uno de los Estados más contaminados por minas terrestres en el mundo. Desde que las guerrillas comenzaron a usarlas de forma sistemática a inicios de los 90, estos dispositivos han matado o herido a más de 11.000 personas, la mayoría miembros de la fuerza pública. En la actualidad, las minas son una amenaza para cerca de 700 de los más de 1.100 municipios del país, lo cual ha contribuido al desplazamiento de más de seis millones de colombianos. En las regiones más peligrosas, como el sur de la región del Bajo Putumayo, la contaminación por minas terrestres ha bloqueado el acceso de las comunidades a las escuelas, los servicios de salud y los mercados locales.

Según una declaración conjunta, el gobierno de Colombia y las FARC seleccionarán en primer lugar una serie de zonas piloto dentro de aquellas que presentan mayor nivel de amenaza por minas antipersonas (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG). Ayuda Popular Noruega, ONG de ayuda humanitaria, sondeará a continuación donde se encuentran los artefactos explosivos. Esta iniciativa presenta un particular desafío en Colombia, donde las minas están muy dispersas y no han sido sembradas en patrones regulares. A menudo, tampoco existen mapas fiables. Después de la eliminación de las minas y los otros artefactos, los territorios seguros serán entregados  a las comunidades y autoridades locales.

Si se implementa a fondo, el acuerdo no solo permitirá eliminar esta amenaza mortal en algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia, sino que también podrá ayudar a fortalecer los diálogos de La Habana, así como las perspectivas de una paz duradera en, al menos, seis formas:

Construyendo confianza entre las partes. La declaración señala que el desminado es un compromiso conjunto. Funcionarios del gobierno y miembros de las FARC – desarmados y sin uniformes– trabajarán en equipo para identificar las zonas prioritarias, verificar el progreso y entregar conjuntamente las áreas despejadas. Tal colaboración debería mermar la profunda desconfianza entre las partes, cimentada sobre décadas de guerra y fallidas negociaciones de paz. La confianza en el proceso y en el compromiso de ambas partes para poner lograr por todos los medios poner fin al conflicto es decisiva tanto para el éxito de un eventual cese del fuego bilateral como para convencer a las FARC de la necesidad de “dejar las armas”.

Ganando aceptación por parte de las comunidades. Un desminado exitoso hará frente al profundo escepticismo de las comunidades en las regiones en conflicto. Muchos colombianos no confían en ninguna de las partes y temen que el proceso de paz solo transforme o empeore la violencia. Participar en el desminado es un hecho significativo para las FARC, puesto que puede empezar a reparar el daño causado en vez de justificar las minas como una necesidad militar en una guerra irregular. Este no es solo un imperativo ético, sino también una necesidad si la guerrilla quiere transformarse en un grupo político legítimo. Por su parte, el Gobierno y los militares, quienes participarán a través de su batallón de desminado humanitario, pueden utilizar este proceso como una prueba de su compromiso no solo con el fin de las guerrillas, sino también con los intrincados problemas cotidianos de las comunidades en las zonas afectadas.

Estabilizando el cese al fuego de las FARC. A pesar de las operaciones de contrainsurgencia en curso, el cese al fuego unilateral e indefinido de la guerrilla se ha mantenido desde el pasado diciembre. Pero han surgido dudas sobre su sostenibilidad en medio de las primeras acusaciones de presuntas violaciones. El acuerdo de desminado pone a las partes en el camino para desescalar el conflicto y alcanzar el añorado cese al fuego bilateral. En la práctica, el desminado creará treguas informales localizadas en áreas en las que tanto las FARC como el Gobierno tienen intereses estratégicos y que hasta el momento han estado fuera de los límites de los desminadores humanitarios. Esta perspectiva ayudaría a evitar la erosión de la tregua de las FARC, así como la tormenta política que esto desataría.

Comprando tiempo para los negociadores. Teniendo en cuenta que el apoyo al proceso de paz depende de la capacidad de mostrar avances concretos, el acuerdo de desminado da a las delegaciones en La Habana un respiro necesario. En particular, reduce la presión para alcanzar resultados rápidos en las duras negociaciones sobre justicia transicional, el punto de la agenda que más divide a las partes. Las conversaciones sobre esta materia se iniciaron a mediados de 2014, pero todavía hay pocas evidencias de un próximo acuerdo. Los progresos en el desminado (y las medidas adicionales para desescalar el conflicto) ayudarán a comprar el tiempo necesario para alcanzar un consenso sobre justicia transicional que sea política y legalmente sostenible.

Facilitando el desarrollo rural. En el largo plazo, el desminado es una condición necesaria (aunque no suficiente) para mejorar la vida en el campo. Terminar con la contaminación por minas terrestres permitirá el avance del desarrollo rural. Además, facilitará el camino a iniciativas gubernamentales para restituir tierras arrebatadas por los actores armados ilegales e implementar las medidas de desarrollo agrario que se hayan acordado en La Habana.

Ayudando a que Colombia cumpla con sus obligaciones en virtud de tratados. Sobre el papel, la lucha contra las minas ha sido una prioridad desde hace tiempo. No obstante, el progreso en acuerdos relativos a esta materia ha sido lento. Colombia recibió una extensión hasta 2021 para cumplir con sus obligaciones contractuales bajo el Convenio de Ottawa, un tratado internacional que busca la eliminación de las minas terrestres. Incluso bajo esa nueva fecha, el objetivo ha empezado a verse ambicioso, ya que el desminado se ha retrasado por el conflicto y la demora en crear capacidades militares y civiles. Un compromiso como éste debería revitalizar los retrasados esfuerzos.

El reciente acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC no da muchos detalles y los beneficios mencionados aquí no están garantizados.  El fracaso en la implementación del mismo, así como los posibles incidentes de seguridad que involucren a representantes de las FARC, podrían convertirse en nuevos obstáculos para la paz, quitando así la atención de los negociadores sobre los puntos aún no tratados en la agenda y profundizando la desconfianza.

Las expectativas también deben ser contenidas. Algunas minas pueden ser rápidamente eliminadas, pero un desminado completo es un desafío a largo plazo. En la frontera entre Perú y Ecuador, 20 años después del fin de las hostilidades, se estima que 10.000 minas aún permanecen en el terreno. El desminado entonces se realizará durante un largo periodo del postconflicto y requerirá de ingentes recursos adicionales. De manera sensata, el acuerdo está abierto a la ayuda de otras organizaciones, como Halo Trust, actualmente la única ONG acreditada para realizar desminado humanitario en Colombia. Con un coste total estimado en cerca de 100 millones de dólares, el apoyo a largo plazo de la comunidad internacional será vital para lograr un esfuerzo sostenible de desminado.

Sin embargo, la importancia de este acuerdo alcanzado recientemente no debe ser subestimada. Tras el cese al fuego unilateral de las FARC, éste es el primer paso conjunto que han dado las partes para acabar con la violencia. Con él, las negociaciones de La Habana habrán llegado finalmente a Colombia.