Campesinos desplazados por los grupos paramilitares en San Roque, departamento de Antioquía, Colombia, septiembre de 2003. AFP/Getty Images
Campesinos desplazados por los grupos paramilitares en San Roque, departamento de Antioquía, Colombia, septiembre de 2003. AFP/Getty Images

Colombia es el segundo país con más desplazados internos, sólo por detrás de Siria. Cada año más de 200.000 personas, en su mayoría campesinos, se ven obligados a abandonar sus territorios. Alrededor de cinco millones de desplazados han dejado atrás seis millones de hectáreas que, en muchos casos, pasaron a manos de los terratenientes o de las multinacionales con inversiones en el país.


Desde hace demasiado tiempo, Colombia es el primer o segundo país del mundo con más desplazados internos. Fue durante años el segundo por detrás de Sudán, llegó al primer puesto de este deshonroso ránking en 2013 y este año es superado sólo por Siria. En Colombia, entre 4,9 y 5,5 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno: más del 10% de los 47 millones de colombianos. El discurso oficial los describe como víctimas del conflicto interno que, desde hace décadas, enfrenta al Ejército colombiano con las guerrillas; pero los movimientos sociales y ONG aseguran que, las más de las veces, se trata de campesinos amenazados por los grupos paramilitares, que presionan en los territorios para hacerse con el control de los recursos en zonas ambicionadas por las oligarquías terratenientes o por las multinacionales mineras y del agronegocio.


Lo cierto es que más del 70% de los desplazados colombianos, según el propio Gobierno, eran propietarios o tenedores de pequeñas fincas que tuvieron que dejar atrás. Los cinco millones de desplazados fueron forzados a abandonar alrededor de 6,5 millones de hectáreas, el 15% de la superficie cultivable en el país. Esos territorios, y los recursos naturales que albergan, pasaron a engordar los monocultivos dedicados a la exportación, como la caña de azúcar o el aceite de palma, y los proyectos extractivos, como la minería o la extracción de hidrocarburos, en detrimento de lo que los colombianos llaman el “pancoger”, la pequeña agricultura destinada al consumo local de alimentos.


Cada año, alrededor de 200.000 colombianos se ven obligados a abandonar sus casas. Muchos buscan refugio “en los suburbios de grandes ciudades” como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); allí se dedicarán a la venta ambulante y otros sectores de la economía informal: a eso que en Colombia se denomina el “rebusque”. Además, como señala la Acnur (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados), siguen “en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o de que un nuevo brote de violencia los obligue a un nuevo desplazamiento”.


Los grupos más vulnerables se llevan la peor parte: un 80% son mujeres, niños y niñas, y las poblaciones más afectadas son las indígenas y afrodescendientes. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Cohdes) alerta además de los desplazamientos colectivos, de 50 personas o más, que resquebrajan comunidades enteras en las zonas rurales: en 2013, esta organización registró ...