En mayo de 2007, Zimbabue fue elegido para presidir la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Fue una elección curiosa, porque “sostenible” no es la primera palabra que la mayoría de la gente utilizaría para describir el rumbo que el presidente Robert Mugabe ha decidido imprimir a este país del sur de África. Las políticas económicas radicales impuestas por el revolucionario convertido en tirano habían llevado a un país de unos 12 millones de habitantes que era relativamente próspero a la pobreza más absoluta. La productividad agrícola se había reducido hasta en tres cuartas partes en el caso de algunos cultivos; el Programa Mundial de Alimentos de la ONU había descubierto que 3,3 millones de personas corrían peligro de morir de hambre y otras tantas habían huido para encontrar trabajo y refugio en otros países. Estaba, además, el pequeño inconveniente de que el ministro de Medio Ambiente y Turismo, Francis Nheme, que iba a representar a Zimbabue en la comisión, tenía prohibido viajar a la Unión Europea por las sanciones impuestas por esta última. Pero la candidatura del país contaba con el firme apoyo de los africanos, así que los demás miembros de Naciones Unidas no tuvieron más remedio que asentir y mirar horrorizados.

La relación de la ONU con la autocracia ha sido siempre tirante, pero desde la caída del muro de Berlín se ha ido volviendo cada vez más esquizofrénica respecto a gobernantes represivos como Mugabe; es más abiertamente prodemocrática pero, a veces, se pliega de manera asombrosa a las conveniencias de los dictadores. Es cierto que, en los últimos años, su encomiable equipo de expertos ha ofrecido ayuda técnica importante para la celebración de elecciones en docenas de países en vías de desarrollo que dan sus primeros pasos hacia la democracia. Y de vez en ...