¿Dos meses para la paz en Colombia?

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una misión política que verificará la implementación de un acuerdo de paz en Colombia. Quedan menos de dos meses para que se cumpla el plazo que se dieron las partes para lograr un acuerdo (el 23 de marzo), y las últimas noticias indican que estamos ante un proceso sin retorno. Colombia podría alcanzar la paz después de 50 años de conflicto. Es un buen momento para recapitular.

Un graffiti en Bogotá que hace referencia al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Raúl Arboleda/AFP/Getty Images

Las negociaciones formales comenzaron en 2012. El Gobierno y las FARC conducen y lideran la negociación en La Habana con apoyo de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. El proceso es muy innovador en varios aspectos. Víctimas de todas las partes del conflicto viajaron a Cuba en varias delegaciones en 2015 para presentar sus puntos de vista y reclamaciones de cara a un acuerdo. Y volvieron para estar presentes en el anuncio del acuerdo sobre justicia y anunciar que serán los “embajadores” de la paz. Que las víctimas se dirijan a las partes es inédito en procesos de paz. Al mismo tiempo, una innovadora Subcomisión de Género supervisa las negociaciones y acuerdos, escucha a expertos de otros países, y asesora para que esta dimensión se visibilice y reconozca en el acuerdo final y su aplicación.

¿En qué se ha avanzado?

Paradójicamente, las partes avanzaron más rápido en los primeros puntos de la agenda, que abordan los temas sustantivos o causas profundas del conflicto. Así, se lograron acuerdos sobre desarrollo rural y agrario, participación política y cultivos ilícitos y narcotráfico. Más difícil fue lograr el acuerdo sobre víctimas y justicia que se dio a conocer en diciembre de 2015, tras más de año y medio de negociación.

Cómo hacer justicia después de una guerra es un asunto complejo. A veces, la victoria de una de las partes ha dado lugar a lo que Danilo Zolo y otros han llamado justicia de los vencedores (Núremberg, Bagdad), aunque en otros casos se ha facilitado la reintegración total o parcial del bando perdedor (Sri Lanka, Angola), pasando por alto los crímenes cometidos en ambos bandos. Las amnistías totales existen (El Salvador) pero no son frecuentes y, cuando se producen, suelen excluir los crímenes más graves y estar condicionadas al cumplimiento de otros requisitos (Bosnia, Guatemala). Desde los 90, se han creado tribunales internacionales como el encargado de juzgar sobre el genocidio de Ruanda (que acaba de terminar sus operaciones con 61 condenas) o los de la ex Yugoslavia.

En la actualidad, las partes tienen menos discrecionalidad ya que están condicionadas por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece que los crímenes de guerra y contra la humanidad no pueden beneficiarse de amnistías. La Corte ha advertido de que está pendiente de lo que se resuelva en Colombia y lista para intervenir si no se hace justicia. Por tanto, el acuerdo debía ser aceptable para ambas partes, para las víctimas y la sociedad colombiana, además de respetar la justicia internacional y establecer un punto final jurídico y político para evitar que las causas (y los enfrentamientos) se reabran en el futuro.

La fórmula finalmente aceptada se basa en la justicia de transición, que combina cuatro ingredientes: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La justicia de transición opera en situaciones excepcionales, en las que se precisan concesiones para lograr el objetivo supremo de la paz y donde es difícil, o inconveniente, que la justicia ordinaria pueda alcanzar a todos.

En el acuerdo, de 75 puntos, se acepta la amnistía para los delitos políticos (rebelión y  conexos, incluyendo el narcotráfico con fines de financiar la rebelión, para el cual no habrá extradición a EE UU) y se excluye para crímenes de guerra y contra la humanidad. La verdad y la reparación son los ejes que permean todo el sistema y la condición sine qua non para obtener beneficios judiciales.

Una Comisión de la Verdad de carácter extrajudicial recibirá confesiones voluntarias de víctimas y verdugos en audiencias públicas. Este proceso, equivalente a una catarsis colectiva, tiene precedentes en Suráfrica, Perú o Guatemala (aunque con distintas fórmulas) y busca esclarecer qué sucedió para alcanzar una narrativa compartida sobre el pasado. Esta Comisión no puede colaborar con la justicia.

La nueva Jurisdicción Especial para la Paz será un complejo entramado institucional compuesto de tres salas, una unidad de investigación y acusación y el propio Tribunal para la Paz, encargado de juzgar los crímenes graves cometidos durante la guerra. Las condenas dependerán en gran parte de la admisión voluntaria y pública de responsabilidades, y de la reparación a las víctimas. El rango oscila desde 2 a 5 años de privación de libertad (no cárcel), para los que reconozcan responsabilidad en delitos menos graves, y 20 años de cárcel para quienes no la admitan y sean encontrados responsables de crímenes graves.

¿Qué queda por delante?

Lo más importante es el “fin del conflicto”, que incluye las condiciones del alto el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y reintegración de ex combatientes de las FARC y su protección, así como la verificación y monitoreo. La discusión no comienza ahora. Una subcomisión integrada por los más altos mandos militares de ambas partes la explora desde hace más de un año, con apoyo en los últimos meses de la ONU y UNASUR.

A finales de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU ha respondido positivamente a la petición de las partes y creará una Misión Política Especial para verificar el alto el fuego y la dejación de armas. En un modelo similar al de Nepal (UNMIL), la misión contará con observadores desarmados. Se espera que CELAC aporte la mayoría de los efectivos. La misión presidirá un mecanismo tripartito con el Gobierno y las FARC y operará por 12 meses prorrogables.

Quedan por definir muchos interrogantes, ya que el alcance y mandato de la misión dependerán de lo que se pacte en la mesa. El primero, qué tipo de acantonamiento se dará para las FARC: tipo “estatua”, es decir, las tropas permanecen donde están ahora (opción de las FARC); o acantonamiento en un lugar de concentración (opción del Gobierno). La verificación puede hacerse, en cualquier caso, pero es más sencilla en el segundo. La fórmula final podría ser intermedia.

En segundo lugar, cuándo, a quién y con qué condiciones se entregarán las armas. ¿Inmediatamente después del alto el fuego, de la ratificación del acuerdo o más tarde? ¿Serán destruidas? ¿Puestas bajo control de la ONU? La experiencia comparada muestra que la resistencia al desarme es común (el IRA tardó siete años en completarlo). Las FARC temen por su seguridad física y las represalias y, aunque el Gobierno colombiano asegura que es capaz de proteger a los ex combatientes, la desconfianza es un factor a tener en cuenta.

Todo ello se relaciona con otro hecho. Tanto el ELN como las bandas criminales (BACRIM, narcotraficantes y herederas de los paramilitares) siguen armados y en plena operación, en muchos casos, en los mismos territorios donde se producirá el alto el fuego y los demás pasos. También subsisten, sobre todo en zonas rurales, estructuras y actores sociales, económicos y políticos que constituyeron el entramado legal de los paramilitares y pueden considerarse los principales spoilers del proceso.

Quedan menos de dos meses hasta el 23 de marzo y muchos asuntos por resolver. Habrá que retomar puntos pendientes de los tres primeros acuerdos que deben cerrarse con el acuerdo final. Esta negociación se conduce bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. También queda por delante decidir el mecanismo de refrendación popular del acuerdo.

Las partes han anunciado cambios en el proceso de negociación para agilizar el proceso. A partir de ahora, las delegaciones trabajarán de forma continua y sin interrupciones. Una Comisión Ejecutiva formada por plenipotenciarios de cada delegación va a supervisar los trabajos y adoptar medidas ejecutivas para agilizar las discusiones y la elaboración de los acuerdos parciales. Ya se ha reclamado a la Subcomisión sobre el fin del conflicto que traslade sus propuestas finales cuanto antes y a la Subcomisión de género que finalice la revisión de los preacuerdos.

Resulta bastante claro que el gobierno y las FARC están dispuestas a llegar hasta el final. Otro reto, el de construir la paz, comenzará después. En cualquier caso, el final de un conflicto con más de 200.000 muertos y seis millones de desplazados parece estar, por fin, al alcance de la mano.