El crimen medioambiental organizado florece ante una oposición titubeante.

La policia de Indonesia inspecciona unos loris perezosos, confiscados durante una redada en la provincia de Aceh, en relación a un presunto delito de trafico ilegal de animales. AFP/Getty Images

El pasado mes de marzo, el principal organismo de la jerarquía islámica de Indonesia lanzó una fatua contra la caza y comercio ilegal de animales en peligro de extinción, tildando estas actividades de inmorales y pecaminosas. Fue quizás la primera vez que una advertencia supraterrenal se cernía sobre aquellos delincuentes que convierten a Indonesia en el epicentro internacional de este delito.

El problema, sin embargo, no es exclusivo del país, sino que la oferta y la demanda globales elevan las cifras de este negocio criminal hasta los 19.000 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros). Un señuelo lucrativo que llevó a que alrededor de 35.000 elefantes fueran ilegalmente abatidos en África el año pasado, o a que el precio internacional del cuerno de rinoceronte se sitúe por encima del de la cocaína o el del oro. Un señuelo que, además, se ensaña con las comunidades que albergan las especies más codiciadas, al aumentar la inseguridad y disminuir el atractivo ecológico y turístico de algunas regiones del mundo, comprometiendo así la subsistencia de quienes las habitan.

La caza y comercio ilegal de animales es sólo una de las patas de un negocio mucho mayor, el del crimen medioambiental organizado, que se nutre también de la tala ilegal y el contrabando de madera, del comercio ilícito de sustancias destructoras del ozono y de residuos peligrosos, así como de la pesca ilegal. Estas son las principales actividades que dan forma a un tipo de delincuencia que lleva años agazapada a la sombra de ejemplos más evidentes del crimen organizado, como el narcotráfico o el contrabando de armas, pero cuya gravedad comienza a ser cada vez más reconocida. Del mismo modo que esas otras formas de delincuencia, el crimen medioambiental suele llevarse a cabo a gran escala por redes internacionales que, parapetadas en una preocupación aún insuficiente por parte de las autoridades y en múltiples lagunas legales, operan muchas veces con impunidad.

La tala ilegal y el comercio ilícito de madera constituyen uno de los pilares del crimen medioambiental organizado. Uno de sus principales focos es el Sureste Asiático, que no sólo alberga un privilegiado ecosistema forestal, sino que es también la zona del mundo en la que más rápido desaparece ese patrimonio, en buena medida por la acción de las mafias madereras. Éstas atienden una demanda procedente sobre todo de la Unión Europea y China, a donde van a parar alrededor de 10 millones de metros cúbicos anuales de madera obtenida mediante la tala ilegal en el Sureste Asiático. Según Naciones Unidas, el 98% de la madera que se transporta por tierra desde Myanmar a China se taló de forma ilegal, mientras que el 80% de la que exporta Indonesia tiene un origen igualmente ilícita

La tala ilegal tiene un reverso especialmente conflictivo en América Latina. Docenas de ecologistas que han denunciado esta actividad han sido asesinados en Brasil, mientras que en Colombia los grupos insurgentes obtienen parte de sus fondos del contrabando de madera. En febrero, Interpol anunció el arresto de casi 200 personas implicadas en el negocio de la tala ilegal en distintos países latinoamericanos, una cifra seguramente nimia para una actividad que, según esa misma agencia policial, mueve alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. En términos puramente ecológicos, el alcance de la operación se hace aún más pequeño al considerar el impacto forestal de negocios ilícitos distintos al maderero, como el tráfico de drogas, que ha llevado a la tala de inmensas hectáreas de bosque para la construcción de carreteras y otras infraestructuras destinadas al transporte de la mercancía. Esta narcodeforestación, visible sobre todo en América Central, está impulsada prncipalmente por la demanda de cocaína en Estados Unidos.

El pilar más desconocido del crimen medioambiental organizado es quizás el contrabando de sustancias dañinas para la capa de ozono, que se utilizan sobre todo para equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como para la elaboración de pesticidas agrícolas. Estas sustancias están especialmente arraigadas en países en desarrollo y son importadas normalmente a través de redes mafiosas. La legislación internacional al respecto, encarnada en el Protocolo de de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, apenas ha logrado detener este tipo de contrabando. Los avances en la lucha contra este delito son escasos, aunque a veces se plasmen en galardones prestigiosos pero de limitado impacto, como el Premio a la Protección del Ozono para Agentes del Orden y Aduaneros que concede Naciones Unidas, que en su última edición recayó en la agencia de espionaje deIndia, uno de los países más afectados por esta actividad criminal.

El tráfico de basura electrónica y otros desechos peligrosos es otro de los negocios del crimen medioambiental organizado, y se fundamenta nuevamente en la demanda de los países pobres y la oferta (desperdicios) de los ricos. Este contrabando está prohibido a escala internacional por la Convención de Basilea, firmada en 2006, pero los ejemplos de su pujanza abundan. El gran receptor mundial de este tipo de basura es China, donde el pasado mes de febrero fueron capturados los miembros de tres grupos criminales a los que se acusaba de tratar de introducir más de 72.000 metros cúbicos de desperdicios electrónicos en el país. Por su parte, los agentes aduaneros de Filipinas interceptaron recientemente 50 containers de desperdicios peligrosos procedentes de la próspera Canadá. El caso ha provocado indignación y ha dado lugar a una petición online masiva para que la basura sea devuelta al país de origen, bajo la proclama: “Canadá, recoge tus desperdicios. Filipinas no es tu cubo de la basura”.

La otra pata del crimen medioambiental organizado es la pesca ilegal, la no declarada y la no regulada. Entre 11 y 26 millones de toneladas de capturas anuales caen dentro de alguna de esas tres categorías, dependiendo de las diferentes estimaciones; a esa cifra hay que sumarle los casi 80 millones de capturas legales, lo que amenaza con condenar a la extinción a numerosas especies. La pesca ilegal organizada no sólo afecta al medio ambiente, sino también a la seguridad; los grandes buques que acuden a la desatendida costa de Somalia para pescar ilegalmente han generado un negocio clandestino que propicia la preponderancia de la piratería en esa zona, lo que no sólo supone un problema para el tráfico marítimo, sino que contribuye a desestabilizar en mayor medida al más fallido e ingobernable de todos los Estados del mundo. La Unión Europea dio en marzo un firme paso adelante para atajar la pesca ilegal al prohibir la importación de pescado de países permisivos con la pesca ilegal. Las embarcaciones europeas no podrán faenar en las aguas de los tres Estados acusados: Belize, Camboya y Guinea.

Naciones Unidas estima que alrededor de la cuarta parte de todo el crimen organizado internacional es de tipo medioambiental, y que muchas de estas ecomafias perpetran no sólo delitos de tipo ecológico, sino que son organizaciones multifacéticas. El mundo ha abierto los ojos al problema, pero con resultados aún pobres: la legislación y las sanciones difieren de un país a otro, las autoridades nacionales en los países más afectados siguen sin dar prioridad a este tipo de crimen organizado, y la confusión entre qué actividades son legales y cuáles ilegales es una constante. Leyes internacionales, edictos religiosos, incautaciones masivas, redadas y detenciones se quedan pequeñas ante la magnitud de una criminalidad que ha crecido a sus anchas.

 

Artículos relacionados