El divorcio entre Lenín Moreno y su predecesor se materializa en una convocatoria a las urnas para que los ecuatorianos evalúen algunos de los proyectos políticos emblemáticos de Rafael Correa. Si la ciudadanía opta por eliminar la reelección indefinida, la consulta popular cerraría las puertas a un posible retorno presidencial de Correa.
Tras entrar públicamente en una guerra dialéctica con su antecesor en el cargo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, parece dispuesto a oficializar un cambio de rumbo. Si con su discurso y con algunos gestos simbólicos dejó claro que renegaba del estilo de gobierno de Rafael Correa —al que acusa de “hiperpresidencialismo” y de dejar al país en una situación económica “crítica”—, el primer mandatario ha convocado una consulta popular que podría descorreizar el legado de la llamada Revolución Ciudadana. Moreno podría convertir esos gestos en cambios institucionales.
Siete son las preguntas que vertebran la consulta popular que, aunque aún no tiene fecha, se estima que se celebrará entre diciembre y enero. Una de las cuestiones tiene un destinatario claro: Rafael Correa. Moreno ha pedido a la ciudadanía que decida si quiere anular la enmienda a la Constitución que permite la reelección indefinida y así “garantizar el principio de alternabilidad”, como figuraba originalmente en la Constitución de Montecristi en la que se asentó el mandato de Correa. Esta enmienda se aprobó en 2015 con la condición de que no se aplicara hasta pasados los comicios de mayo de 2017. Ahora, si Moreno consigue un “Sí”, cortaría en seco el posible retorno como candidato presidencial en 2021 de su inesperado adversario y compañero de partido. Además, busca reforzar la idea de que, lejos de ser un traidor, su gestión se guía por los principios constitucionales de la Revolución Ciudadana.
Correa, que cuando cedió la banda presidencial en mayo anunció que se retiraba de la política, ha tachado esta consulta de “golpe de Estado plebiscitario”. El exmandatario considera que esta convocatoria es una ofensiva más para destruir lo logrado durante sus diez años en el poder. Ante el jaque de Moreno, Correa plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y forzar nuevas elecciones para neutralizar a un Gobierno al que acusa de recoger las principales demandas de la oposición en su agenda política. Un envite de ese calibre pondría a prueba los apoyos de Correa, que sigue teniendo bastante influencia dentro de su partido, Alianza PAIS (AP).
La ruptura entre Moreno y Correa ha dividido a AP en dos bandos: correístas y leninistas. Los resultados de la consulta popular serán determinantes para calibrar la viabilidad de las medidas con las que amenaza Correa. También servirán para averiguar hacia qué lado se inclinarán los miembros de la formación en el Gobierno. Algunos pesos pesados de AP ya han tomado partido: han presentado un recurso amicus curiae contra la pregunta de la reelección indefinida y organizan movilizaciones en contra de la consulta. De momento, la llamada a las urnas de Moreno ha tenido buena acogida en la sociedad ecuatoriana.
“La derecha impone su agenda”, sentenciaba la asambleísta de AP Marcela Aguiñaga tras oficializarse la consulta. Anular la reelección indefinida ha sido una de las constantes demandas de la oposición política y de muchos grupos de poder ecuatorianos. “Dejar fuera de la arena política a Correa es el principal objetivo de la oposición. Les interesa garantizar que no participará en las elecciones seccionales de 2019 y en las presidenciales de 2021. Ahí, Moreno ha cumplido con la demanda de la oposición, que ahora es más gobernista que AP”, explica el politólogo y analista Santiago Basabe.
Golpe al quinto poder de la Revolución
El anuncio de Moreno no solo pone contra las cuerdas una próxima candidatura de Correa, también estructuras heredadas de la llamada década ganada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha estado permanentemente en el punto de mira de los sectores anticorreístas y ahora su configuración será evaluada en las urnas. El expresidente impulsó la creación de esta institución para que la ciudadanía controlara y fiscalizara al Estado, que, según AP, estaba corrompido por la “partidocracia”. Este organismo es parte del quinto poder que estableció la Constitución de Montecristi de 2008, que añadía a los tres poderes tradicionales dos pilares más: la función electoral y la de Transparencia y Control Social, ostentada por la ciudadanía.
Los siete integrantes del CPCCS han sido los responsables de designar al fiscal, al procurador, al contralor o a los miembros del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Sus críticos han señalado que, en la práctica, el CPCCS no ha cumplido sus funciones y que ha estado en manos de simpatizantes del correísmo, potenciando las características de un modelo “hiperpresidencialista”.
Los integrantes del CPCCS tenían, en teoría, garantizado el puesto desde 2015 hasta 2020, pero un “Sí” en el referéndum pondría fin a su mandato. De ser así, serían sustituidos durante seis meses por un consejo de transición que Moreno nombraría y tendría que ser aprobado por la Asamblea, donde AP tiene mayoría. Hasta ahora eran designados por concurso meritocrático, pero el Gobierno quiere que sean elegidos por voto popular.
El historiador y analista Juan Paz y Miño cree que la pregunta sobre la reelección indefinida es esencial para entender esta consulta, pero asegura que la propuesta de reformar el CPCCS es la más significativa: “Al cambiar las figuras del Consejo, se está haciendo un cambio estructural del sistema político. Se marcan las distancias tajantemente y, al mismo tiempo, se legitima una situación nueva para Moreno, que tendrá gente más afín en el CPCCS”. Esta es la otra pregunta de la consulta que preocupa a figuras destacadas de AP próximas a Correa, por lo que también han pedido a la Corte Constitucional que revise la pertinencia de esta cuestión.
Basabe cree que una reforma constitucional del CPCCS era necesaria, pero que el cambio propuesto es tenue: “Se cambiarán nombres para dejar la misma estructura. Los jueces, fiscales, etcétera no van a ser elegidos por la Asamblea, como ocurre en el 80% de los países, sino por el CPCCS”. Quienes formen el consejo transicional tendrán la potestad de sustituir a las instancias jurisdiccionales y de control actuales.
Algunos analistas plantean que el voto popular como mecanismo para designar a los miembros del CPCCS favorece a las élites, que son quienes tienen los recursos económicos para financiar esta campaña en la esfera nacional.
El peso de la corrupción
Con el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en prisión preventiva desde el 2 de octubre por su supuesta implicación en el caso Odebrecht, es vital para el Ejecutivo distanciarse de las acusaciones de corrupción que cercan a antiguos cargos y funcionarios del gobierno de Correa. Una de las preguntas de la consulta popular de Moreno plantea inhabilitar de por vida a los políticos condenados por corrupción y castigar a las empresas corruptas prohibiendo su participación en licitaciones públicas.
Glas, que no ha dimitido de su cargo aún estando en prisión, era la principal garantía que tenían los correístas para evitar que Moreno llevara demasiado lejos el “estilo propio” que prometía en la campaña electoral de este año. Para Correa y sus fieles, el proceso contra el vicepresidente es una persecución política; su encarcelamiento, un golpe de efecto. De hecho, un grupo de asambleístas de AP ha presentado una acción de protección ante la Corte Constitucional en contra de la decisión de Moreno de encargar temporalmente la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña.
“Algunos sectores creen que Glas es algo así como la cabeza con la que hay que comenzar para enterrar definitivamente el correísmo”, afirma Paz y Miño. Ante el estallido de diversos casos de corrupción, este historiador cree que no hay que generalizar y que la lucha contra estas actividades ilícitas no es patrimonio exclusivo del Gobierno de Moreno. Basabe discrepa: “La corrupción permeó al país durante la pasada década. Se dieron una serie de factores que fueron el caldo de cultivo para que la corrupción capture buena parte del aparato estatal”.
Escenarios posconsulta
La consulta de Moreno tiene guiños tanto para la derecha como para la izquierda ecuatoriana. Algunas de las preguntas tienen el “Sí” garantizado: difícilmente el presidente encontrará obstáculos para endurecer la medidas anticorrupción o para evitar que prescriban los delitos sexuales contra menores de edad, como plantea en el referéndum.
El líder del principal partido de la oposición, el conservador y exbanquero Guillermo Lasso, ha hecho público su respaldo a las siete cuestiones de la consulta y ha buscado ponerles su sello: “Son los mismos temas que prometimos consultar durante la campaña”. La iniciativa de tumbar la llamada Ley de Plusvalía, que el correísmo defendió como una medida para paliar la especulación de la tierra, ha sido aplaudida por muchos sectores anticorreístas.
Moreno busca también ganarse la simpatía de otros actores que se distanciaron del Gobierno durante el mandato de Correa: los ecologistas y los movimientos indígenas. La séptima pregunta plantea reducir el área autorizada para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y aumentar la zona intangible que protege a los pueblos no contactados en este área. En la quinta, se propone prohibir la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Estos gestos no han acallado todas las críticas de organizaciones como Yasunidos.
Algunas controvertidas medidas impulsadas por Correa como la Ley de Comunicación, muy criticada por medios privados, no han tenido espacio en la consulta. Tampoco la reforma de la Secretaría Nacional de Inteligencia, cuestionada por vigilar a políticos, periodistas, empresarios, grupos indígenas o activistas durante los mandatos de Correa. El propio Moreno denunció en septiembre el hallazgo de una cámara oculta en su despacho presidencial.
Moreno, sin embargo, prometió que los cambios no vendrían solo a través de la consulta. El presidente acaba de derogar el Decreto Ejecutivo 16, que algunas organizaciones sociales consideraban un instrumento del gobierno anterior para criminalizar la protesta social.
Desde que Moreno fuera investido presidente en mayo con una ventaja mínima respecto a su opositor, su popularidad ha aumentado notablemente. Pero una vez que finalice la consulta, su reto será mantenerse fuerte. “Es muy probable que la oposición se distancie del Gobierno cuando obtenga lo que quiere: inhabilitar a Correa como candidato”, cree Basabe. Además, la evolución de la correlación de fuerzas dentro de AP será un factor determinante para la gobernabilidad en Ecuador.
Aunque hay discrepancias a la hora de graduar la descorreización impulsada por Moreno, los analistas afirman que será su política económica la que confirme si el presidente rompe radicalmente con el legado de su predecesor. De momento, para Paz y Miño, las medidas anunciadas el 11 de octubre, aunque no alteran estructuras fundamentales de la Revolución Ciudadana, sí suscitan inquietudes. “Si las futuras políticas económicas no se alinean con los ejes políticos y sociales de la Constitución de 2008 y Moreno no lleva adelante un programa transformador de distribución de la riqueza y latinoamericanista que mantenga lo impulsado, se producirá una ruptura —pronostica Paz y Miño—. Si se alinea con posiciones contrarias al Estado y a los impuestos y favorables a la flexibilización laboral, ahí se acabaría la Revolución Ciudadana”.
Moreno busca transmitir la idea de que su gestión no es mero continuismo, pero tampoco un giro radical a la derecha. Si los futuros ajustes que tendrá que asumir son percibidos negativamente, sus adversarios —dentro y fuera del partido— tendrán mejores cartas para forzar unas elecciones anticipadas. Una opción que, como asumen los analistas, nunca debe descartarse en Ecuador.
