El acceso al agua, una cuestión de poder

“La ONU no sabe cuántas personas disponen de agua de calidad porque no lo mide”, afirma la relatora especial de Naciones Unidas por el derecho humano al agua y al saneamiento en esta entrevista para esglobal.

Catarina de Alburquerque en Lisboa, 2013. Jairo Marcos

Catarina de Alburquerque vive con prisa un tiempo que gestiona de forma generosa. La relatora especial de Naciones Unidas por el derecho humano al agua y al saneamiento, una voz tan respetada como incómoda por sus críticas, denuncia que “los Estados raramente reconocen de forma voluntaria que la gente tiene derechos”. Aprovechó que Lisboa era la anfitriona del VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua para subrayar los retos pendientes y las limitaciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con la maleta lista para viajar a Brasil, el destino de su segunda misión anual, alarga la conversación más allá de lo permitido por su agenda, no sin antes dejar claro el punto final: “El acceso al agua es una cuestión de poder”.

Esglobal. Cinco años después de su llegada a Naciones Unidas, ¿son más los logros cosechados o los retos pendientes?

Catarina de Alburquerque. Vivo con frustración permanente porque hay muchas cosas por hacer. Pero si miramos a 2008, la situación ha cambiado mucho. Cuando fui nombrada, el derecho humano al agua y al saneamiento todavía no había sido reconocido y no se hablaba casi de saneamiento en términos de derechos humanos. Los países que me hicieron la vida un poco complicada ya se sumaron al consenso y las organizaciones de la ONU que no tenían muy claros los términos de reconocimiento del derecho hoy lo apoyan firmemente.

Esglobal. ¿Qué aplicación práctica tienen sus informes?

C.A. Depende. Es difícil saber qué son casos de éxito. Por ejemplo, en Eslovenia vi una gran exclusión de los gitanos y, después de mi misión y de hacer críticas al Gobierno, empezaron a mirarles como seres humanos: es bueno que lo hagan ahora, pero malo que hasta entonces no lo hiciesen. En California también reconocieron el derecho humano al agua y al saneamiento tras mi misión. Pero mi tasa de éxito no es absoluta. La crisis del agua no afecta a todos y todas de la misma forma.

Esglobal. ¿Puede una empresa privada garantizar el derecho humano al agua?

C.A. Desde el punto de vista de la empresa, la tentación es obtener ganancias. Pero quien tiene la obligación de la implementación del derecho es el Estado, que debe ser el garante y adoptar un marco regulador que determine cuáles son las reglas que se imponen a las empresas privadas: tarifas, mecanismos para garantizar que sea asequible para los más pobres, etcétera. Hay precondiciones que tienen que existir antes de abrir la puerta al sector privado, entre ellas, el derecho de participación y de información en todo el proceso de privatización.

Esglobal. ¿Supone la crisis económica un retroceso en los datos mundiales de acceso al agua potable?

C.A. Muchas de las políticas que se están adoptando arrastran una falta de atención a los derechos humanos. Reconozco que no es el momento para hacer mega inversiones en el sector, pero otra cosa es adoptar medidas de austeridad sin analizar cuál es el impacto que pueden tener en las personas más vulnerables. Es una obligación que tienen los Gobiernos. Y no podemos olvidar que plantear una queja es caro: hay que tener educación, conocer un mínimo del derecho, contar con un abogado, disponer de dinero y de tiempo… las quejas no llegan. Esto tiene que ver con la cuestión de poder: quien tiene poder tiene acceso al agua, mientras que quien no tiene poder no tiene agua.

Esglobal. En sus informes critica la cooperación para el desarrollo Norte- Sur por su cortoplacismo. ¿Cómo es el modelo de gestión de agua que se exporta desde el Norte?

C.A. Muchas veces sirve para abrir mercados a productos de un determinado país en otro. Me parece legítimo que un organismo del Estado abra mercados para sus empresas, pero que no le llamen cooperación internacional, como hacen los estadounidenses de la USAID con los jabones de Procter & Gamble en África o en India. Eso no es promover derechos humanos. Estuve en las islas Kiribati y vi una desalinizadora que no funcionaba desde hacía años porque necesitaba demasiada energía y no tenían recursos humanos capaces de repararla; hablé con el Gobierno sobre los problemas de acceso al agua y su estrategia para el futuro pasaba por ¡plantas desalinizadoras! “Son nuestros amigos quienes nos las dan, los australianos y los japoneses”, me dijeron. Es decir, la comunidad donante les da algo sabiendo que no tienen capacidad. La gente no había participado en la toma de decisiones y tengo mis dudas sobre si el Gobierno nacional había participado y de qué forma. Los procesos no son transparentes ni abiertos. Cuando comprendes la corrupción que existe detrás entiendes el tipo de selección que se hace.

AFP/Getty Images

Esglobal. ¿Existe realmente un interés de los Estados por luchar por el derecho humano al agua?

C.A. Los Estados raramente reconocen de forma voluntaria que la gente tiene derechos. Actúan bajo presión, por ejemplo en 1948 de lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, o de otro tipo de violaciones de derechos; actúan siempre bajo la presión de la sociedad civil. Son como un jabón en la bañera, siempre intentando escapar. Es como pedir a una zorra que se ocupe de las gallinas. Con los Estados pasa lo mismo. Salvo rarísimas excepciones, decretan los derechos dentro de unos límites que no les compliquen mucho la vida. Después del reconocimiento al derecho humano al agua, hubo países que hicieron declaraciones de disociación de ese derecho, y por eso en Marsella intentaron de nuevo rebajar el lenguaje. El problema también fue que el proceso no fue muy transparente ni muy participativo. Prefiero hablar poco de eso para no darle demasiada importancia porque no me parece que sea un foro legítimo de discusión. ¿Pudo la sociedad civil participar en las negociaciones? No. Yo intenté ser invitada a las reuniones preparatorias y nunca me dejaron ir. Es importante tener una relatoría en la ONU por el derecho humano al agua, pero tengo un poder limitado y cuento con unos recursos humanos y financieros limitados. Por eso sólo funciona cuando también tenemos una sociedad civil activa, que exige estos derechos al gobierno y presiona. Ahora tenemos que estar atentos al próximo foro de 2015, para asegurarnos que no se diluya lo acordado en Naciones Unidas.

Esglobal. Ha denunciado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo cuentan las personas que han obtenido acceso al agua e ignoran a las que lo han perdido, ¿son datos fiables?

C.A. Son datos fiables para medir quién ganó acceso, pero no miden si el acceso es de calidad o quién perdió el acceso. Las cifras indican que 800 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, que es un concepto que se confunde con el de acceso a agua potable. El agua mejorada es un indicador inventado por los burócratas de Naciones Unidas que no refleja la falta de calidad de agua. ¿Cuántas personas no tienen agua de calidad? No lo saben porque la ONU no lo mide. Se estima que dos o tres mil millones de personas diariamente no beben agua de calidad. Los datos de los ODM sólo miden una parte de lo que es el derecho humano al agua, pero no es suficiente para tener una imagen completa de la realización del derecho.

Esglobal. Ha apuntado que el aumento de la población puede afectar a la escasez del agua. ¿Qué peso tienen el modelo de consumo y de desarrollo en la escasez?

C.A. Cuando voy a la escuela de mis hijos para hablar de derecho humano al agua siempre menciono el agua virtual: si comes tomates de Marruecos o naranjas de Israel estás consumiendo agua en Europa que viene de regiones del mundo donde no hay agua suficiente para la gente. Es un tema reciente para la generalidad de la población, que se sorprende cuando lo conoce. Se tiene que hablar más, hay que tener una sociedad civil activa para que presione a los Estados con el objetivo de que estos temas sean tenidos en consideración a la hora de adoptar políticas nacionales y también cuando se hable de la agenda de postdesarrollo 2015, para que los derechos de las generaciones futuras sean tenidos en cuenta.

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