Las acciones del presidente turco amenazan con desbaratar el acuerdo migratorio. La UE debe aplazar la liberalización de los visados y demostrar que está dispuesta a ser estricta.
Mucho antes del intento de golpe de Estado del 15 de julio, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan estaba ya dedicado a consolidar su poder. En los primeros años de este siglo, cuando era primer ministro del país, desempeñó un papel fundamental en el control del poderoso Ejército turco, que le granjeó los elogios de Occidente. Sin embargo, después tomó una serie de medidas que hicieron que los brotes verdes de la democracia liberal turca se marchitaran. Se propuso callar a los medios de comunicación críticos, para lo que despidió directores, persiguió periodistas y cerró periódicos. Reprimió duramente las protestas por la defensa de los derechos civiles en 2013, socavó la independencia judicial y presionó para que se eliminara la inmunidad jurídica de los parlamentarios. Sus opiniones autoritarias sobre la libertad de expresión llegaron incluso a Europa, cuando, en abril de 2016, pidió a Alemania que procesara a un cómico por publicar un poema de escaso gusto que era una sátira contra él.
Erdoğan no había ocultado su ambición de sustituir el sistema parlamentario y de primer ministro de su país por una presidencia ejecutiva fuerte. Sin embargo, las dos elecciones parlamentarias del año pasado no le dieron la mayoría necesaria para cambiar la constitución.
No es extraño, pues, que ahora haya dicho que el golpe fallido fue “un regalo de Dios”. Ha depurado el Ejército, la policía, el aparato judicial, los ministerios de educación y finanzas, ha restringido los viajes al extranjero de profesores y funcionarios, y ...
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