Una fuente de agua potable en los Alpes franceses. (Thomas Coex/AFP/GettyImages)

La petición de una gestión del agua pública y como derecho humano ha sido la primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito. Más de un año después de la entrega de casi dos millones de firmas, la Comisión no ha legislado al respecto. Ante su indecisión, el Parlamento Europeo ha retomado la lucha de los movimientos sociales.

Y la ciudadanía europea gritó. Firmó, para ser más exactos. Hasta casi dos millones de personas dejaron su rúbrica, desbordando los elevados mínimos exigidos y las expectativas de los colectivos convocantes, para lograr el éxito de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). La primera vez que la voz de la población de la Unión Europea llegó a las instituciones fue para pedir agua y saneamientos de gestión pública y como derecho humano; el agua como bien común.

La campaña ‘Right to Water’ (derecho al agua) pone el énfasis en que el elemento líquido “como monopolio natural, debe mantenerse al margen de las normas del mercado interior”. Auspiciada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés), y con el apoyo de decenas de organizaciones, la ICE ha recibido, de momento, un jarro de agua fría como respuesta oficial.

“La calidad, la infraestructura, el saneamiento y la transparencia resultarán beneficiados, en favor de los pueblos de Europa y de los países en desarrollo. Felicito a los organizadores por su éxito” dijo hace meses el que fuera vicepresidente europeo Maroš Šefčovič.  “Estamos haciendo más por la ciudadanía europea que la Comisión Europea en veinte años”, apuntó hace dos años el responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la federación sindical, Pablo Sánchez, una de las personas más implicada en la campaña internacional de recogida de firmas.

Todo ha quedado, al menos de momento, en una voz con gran eco pero sin contestación. La Comisión Europea no ha sido contundente al respecto de la primera ICE comunitaria. “La Comisión acoge con satisfacción la movilización de los ciudadanos europeos en apoyo del acceso al agua potable segura y el saneamiento en Europa y en el ámbito mundial. Destaca la importancia de la dimensión de derechos humanos del acceso al agua potable segura y el saneamiento y continuará asegurándose de que esos principios sigan estando en el centro de sus políticas. En el ámbito de la UE, seguirá aumentando y mejorando el acceso al agua potable segura y al saneamiento de toda la población a través de las políticas medioambientales y de la financiación de infraestructuras”, respondió el organismo supranacional en un primer momento, allá por marzo de 2014.

La CE dejaba a los Estados miembros la decisión sobre la manera de legislar en temas de suministros de agua y saneamiento. Eso sí, hizo una consulta pública a través de Internet para valorar la calidad de los servicios. La encuesta, realizada a menos de 6.000 personas entre junio y septiembre de 2014, refleja datos como que el 81% de encuestados considera ‘bueno’ el acceso al agua potable. “Debería haber planteado medidas legislativas, pero sólo puso sobre la mesa cosas que estaba haciendo y que no tenían ningún valor”, recuerda David Sánchez, responsable de campaña de la organización Food and Water Europe.

Los últimos datos oficiales muestran que un millón de personas no tiene acceso al agua en Europa, mientras que ocho millones carecen de saneamiento. Es decir, que es un problema aún sin resolver. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recuerda la diferencia entre los países del Este y del Oeste: si en Europa occidental el porcentaje de acceso roza el 100% (a pesar de que en países como Portugal gran parte de la población de las zonas rurales sigue desconectada), los porcentajes bajan significativamente en el oriente, donde varían entre el 58 y el 80%. Los cortes por impago o la situación de población emigrante y refugiada reabren el debate. En Francia, por ejemplo, se está abordando el asunto de cómo ligar el derecho a una vivienda digna con el acceso al agua.

“Con su actitud, la Comisión Europea está haciendo todo lo posible para defraudar las expectativas de la enorme cantidad de ciudadanos que se movilizaron y usaron esta nueva herramienta, la ICE, implementando una manera de hacer para que la Unión Europea sea más participativa y más accesible a las personas”, agrega Sánchez desde Bruselas. Insiste en que la Comisión no se ha comprometido a fomentar el derecho humano al agua, “que es el asunto clave”, recogido por Naciones Unidas desde 2010.

El Parlamento Europeo apoya la reivindicación ciudadana

Tras la inacción de los órganos ejecutivos europeos, el Parlamento comunitario ha retomado la lucha de los movimientos sociales a favor del agua pública y como derecho humano. Hace unos meses se llevó a pleno un informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria que no gustó al Partido Popular Europeo (PPE), formación que propuso un nuevo documento. “No estaba centrada en garantizar el abastecimiento seguro de agua a la población, sino en aprovechar el informe para formular una serie de planteamientos con una gran carga política enfocados en la remunicipalización total de los servicios, sin tener en cuenta la eficiencia, calidad y sostenibilidad del servicio de abastecimiento”, explica a este medio la portavoz de Agricultura de la delegación española del PPE, Esther Herranz.

Y añade: “Nos parece que limitar la propuesta a los sistemas enfocados en la remunicipalización no es coherente con la realidad actual y pondría en serio peligro muchos puestos de trabajo así como la calidad y sostenibilidad del servicio. Además, la propuesta inicial pretendía hacer desaparecer la iniciativa empresarial del sector”. La ICE, insiste David Sánchez, habla de gestión pública y de derecho humano. “Es importante que la Comisión Europea sea neutral de verdad y que no presione a Grecia para privatizar el agua”, añade el representante de Food and Water Europe.

Finalmente, y tras el fracaso de la propuesta liderada por el PPE, salió adelante el conocido como ‘informe Boylan’, defendido por la eurodiputada del Sinn Féin, Lynn Boylan. Eso sí, con enmiendas del ala liberal. “En la primera versión se condenaban los cortes como una violación de los derechos humanos, que es lo que decía la ex relatora de la ONU Catarina de Albuquerque; pero el PPE quitó esa condena de los cortes de agua”, explica Sánchez.

“La Comisión Europea convirtió el entusiasmo general en decepción y desilusión absoluta. La demanda de la campaña Right to Water para que los servicios de agua sean excluidos de las reglas de mercado interior, es decir, que no se traten como una mercancía, y que fueran excluidos de la liberalización fueron ignoradas”, indica la eurodiputada irlandesa.

“Como parte de la ‘troika’, la Comisión Europea establece las condiciones de los préstamos a países rescatados, impulsando la condicionalidad de la privatización de los servicios de agua en países como Grecia y Portugal. En mi informe destaco las contradicciones de su supuesta neutralidad. La CE no está en sintonía con la opinión pública y espero que la aprobación de mi estudio les haga despertar sobre el hecho de que no pueden ignorar las voces de los ciudadanos”, añade Boylan.

La eurodiputada socialista Iratxe García también se involucró para lograr que el documento de Boylan, muy en la línea de la ICE, fuera finalmente aprobado. “No todas las ICE han contado con un respaldo masivo de la población europea. En el caso de la Iniciativa ‘Right to Water’ el respaldo ha sido unánime”, apunta la política española.

El ‘informe Boylan’ fue finalmente aprobado, también con los votos a favor de parte del PPE. Afirma que la respuesta de la Comisión a los ciudadanos es decepcionante. Y “defiende el derecho al agua y el saneamiento de todas las personas, apostando por un modelo de titularidad y control público de la gestión, basado en el agua como derecho indiscutible y no como mercancía. Muestra asimismo una fuerte oposición a cualquier intento de privatizar este bien público y a los cortes de suministro a los ciudadanos sin recursos económicos”, recuerda García.

Casi dos millones de firmas después y tras la resolución europarlamentaria del pasado mes de septiembre, la pelota vuelve a estar en manos de la Comisión. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos recuerda que el dossier aprobado pide propuestas legislativas para reconocer el acceso universal y el derecho humano al agua, también para excluirla permanentemente junto al saneamiento de las reglas del mercado interior y de los acuerdos comerciales futuros.

“Estamos bastante contentos, el problema es que necesitamos que haya legislación y eso depende de la Comisión Europea”, sonríe a la vez que matiza David Sánchez desde la oficina de Food and Water Europe en Bruselas. “Hoy es un día de alegría”, recogía una nota de la federación sindical el día de la votación europarlamentaria. ¿Responderá la Comisión?