Las claves de los desajustes institucionales y legales del Estado bosnio que parten de los Acuerdos de Dayton y un modelo basado en la etnocracia política que constriñe la acción política en beneficio de las élites.
Ciudadanía y etnicidad en Bosnia y Herzegovina
Esma Kučukalić
Universitat de Valencia, 2019
Como puede ocurrir en cualquier otro Estado, Bosnia y Herzegovina está repleta de incertidumbres; pero en su caso, las mismas que las de la posguerra, las mismas de hace dos décadas. El paso del tiempo más que solventar todos estos desafíos, los ha asentado, como si se tratara de hechos consumados e invariables, y cuyos exabruptos políticos pierden la resonancia y el alarmismo de antaño.
De hecho, en la última cumbre sobre los Balcanes occidentales de 2019, en Berlín, las negociaciones entre Belgrado y Pristina tuvieron más relevancia que la situación del Estado bosnio, y todo hace pensar que seguirá siendo así por bastante tiempo. Parece cumplirse la profecía de que hasta que no se resuelva qué tipo de relación formalizan Serbia y Kosovo — por antonomasia, el primer y último capítulo de la fragmentación yugoslava—, Bosnia y Herzegovina será un problema en suspensión, a la espera de un horizonte de soluciones que ahora se antoja muy lejano en el tiempo y en la voluntad política.
Tampoco es que no pasen cosas. Bosnia y Herzegovina tiene más importancia de la que le otorgamos porque, básicamente, refleja muchos de los estados de ánimo regionales. En diciembre pasado, Milorad Dodik, presidente serbio en la rotación de la Presidencia bosnia, aceptó el Programa de Reforma de la OTAN, extremo que desatascaba la falta de acuerdo entre la parte croata y bosníaca, por un lado, y la serbia por el otro, y que había sido una de las razones que llevaban a Bosnia y Herzegovina a estar sin gobierno desde 2018. Desde los Acuerdos de Dayton, las decisiones que afectan al interés general han estado plagadas de disputas, bloqueos y vetos.
En el trabajo “Ciudadanía y etnicidad”, publicado por la Universidad de Valencia, la especialista Esma Kučukalić hace un recorrido por las claves principales de los desajustes institucionales y legales del Estado bosnio. Es con bastante probabilidad el estado europeo más difícil de desgranar y tenemos la suerte de tener una publicación en castellano que destape las entrañas del puzle bosnio. Kučukalić es periodista y se ha doctorado con una tesis en la Universidad de Valencia, bajo la dirección del catedrático Carlos Flores Juberías: “Derechos y libertades en Bosnia y Herzegovina: el modelo político salido de Dayton y sus consecuencias para los ciudadanos”.
¿Por qué este libro es relevante? Porque nos sirve para entender el escenario actual: cómo un modelo institucional basado en una etnocracia política, modelo surgido de los Acuerdos Dayton, constriñe la acción política en beneficio de las elites políticas y en perjuicio de un sentido cohesionado de comunidad política que confronte los excesos del poder. Como si se tratara de un bucle, volvemos a los mismos escenarios políticos.
Los intereses coaligados entre las élites
El país está dividido en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la Republika Srpska. La primera entidad es de mayoría croata y bosniaca, y la segunda de mayoría serbia. Sobre el terreno se trataría de una relación entre dos estados, separados por una línea administrativa, y que orbita en torno al poder en Sarajevo, en la que la mayoría de la población, bosniaca, aspira a mantener la integridad territorial, mientras que la comunidad croata tiene su propia agenda nacional con el respaldo de la vecina Zagreb.
Del lado de la Republika Srpska, la mayoría de la población serbia busca preservar una autonomía política que evite cualquier tipo de injerencia. Es una relación que no implica necesariamente conflicto, sino a veces todo lo contrario, como veremos: intereses coaligados entre las tres élites. Es un status quo que se gestiona a través del nacionalismo étnico en el discurso y de las redes clientelares en la gestión pública, que reproduce las corruptelas de la extinta Yugoslavia, pero que dan de comer a muchas familias de votantes a través de mecanismos de adhesión dentro del partido político, los puestos de trabajo o las reciprocidades informales.
El último incidente creado ha sido la Ley de Terrenos Agrícolas de la Republika Srpska. El Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina dictaminó que el artículo 53 de la citada ley era inconstitucional, porque el terreno agrícola bosnio, que es bien público, pertenece al Estado, y no a las entidades. El argumento principal es que en BH rige el principio de continuidad del territorio bosnio desde la época yugoslava. Las autoridades de la Republika Srpska aducen que le correspondería a su entidad un 49% del territorio, tal como refrendan los Acuerdos de Dayton. Milorad Dodik ha declarado que lo que el Tribunal Constitucional pretende hacer es usurpar 94.000 hectáreas a la Republika Srpska.
“Ciudadanía y etnicidad” permite entender los vericuetos políticos y legales del conflicto. El Tribunal Constitucional se compone de nueve miembros: cuatro son nombrados por la Federación, dos por la Republika Srpska, y tres son designados por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jueces extranjeros con diversos orígenes, pero nunca de países vecinos. La elección de estos cargos no atiende a criterios étnicos, pero se cumple y reproduce en la práctica, porque el reparto político no deja de ser un reflejo de la cohesión de los bloques étnicos.
Desde la cesión política del mes de diciembre, con el acuerdo de Gobierno, la intensidad de los pulsos de Milorad Dodik ha ido en aumento. Desde su voluntad en organizar un referéndum para determinar si Bosnia y Herzegovina debe entrar en la OTAN —la población serbia se opone al ingreso después de los bombardeos atlánticos a posiciones serbo-bosnias en 1995 y los bombardeos a Yugoslavia de 1999—, a la negativa a respetar las sentencias dictadas por el órgano judicial superior, por ir en contra de la soberanía de la Republika Srpska: ya van un centenar de ellas, como señala en el libro Kučukalić.
Milorad Dodik exige, a su vez, que no haya jueces extranjeros en la corte constitucional, pero no es el único. El líder del HDZ en Bosnia-Herzegovina, Dragan Čović, representante político del ala croata, va en la misma línea, y define a Bosnia «como un protectorado», por la existencia misma de esos jueces internacionales. Lo cierto es que el reemplazo de los jueces está cada vez más cerca —van a superar los 70 años de edad— y los dos líderes están interesados en ejercer presión sobre las nuevas autoridades.
Čović cuestiona a los defensores de una Bosnia civil, refiriéndose, principalmente, a la mayoría bosníaca, ya que según su criterio solo querrían imponer su mayoría étnica en el conjunto del Estado bosnio. Junto con Bakir Izetbegović, desde el lado bosníaco, van contemporizando un modelo de dominación política donde el sistema va modelando los seguidismos étnicos. La aprobación de una nueva ley electoral, que está en proceso de negociación, determinará el rumbo que toma el país. Un fallo de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Bosnia y Herzegovina debe permitir a las minorías el derecho a postularse a la presidencia o a la cámara de representantes, no solo a serbios, croatas y bosníacos, como ocurre ahora.
En la última sesión parlamentaria Dodik comenzó su exposición diciendo que «Goodbye BiH, welcome RSexit», un nuevo pulso en busca de apuntalar su condición de líder de los serbios en Bosnia y Herzegovina. Pero al margen de su poder sugestivo, hay otra explicación para esta dirección política: se celebran elecciones locales durante este año, y la estrategia del auto-acorralamiento mantiene la cohesión dentro del partido y del votante serbo-bosnio, sin asideros que permitan crear una corriente política al margen de los correajes étnicos, cuando en cuestión está el futuro de la Republika Srpska, porque como dice Kučukalić «el ciudadano desaparece, o simplemente no encuentra representados sus intereses más que dentro del grupo étnico al que pertenece».
Sin embargo, Belgrado no secunda a Dodik. El mismo presidente serbio, Aleksandar Vučić, sostiene su poder político sobre la base de la estabilidad regional, que es criterio preferencial de Bruselas y Washington. No obstante, no significa que sus intereses no estén alineados: el presidente serbio rentabiliza que los focos mediáticos se desvíen a Bosnia y Herzegovina desde Montenegro, una vez la nueva ley montenegrina abre un conflicto con la Iglesia ortodoxa serbia, que se opone a la nacionalización de propiedades que reclama de su titularidad. Tanto Serbia como Montenegro celebran elecciones en 2020 y esos conflictos permite a los partidos en el poder dominar los términos del debate político porque dividen a sus respectivas sociedades a lo largo de las líneas étnicas.
El riesgo político para Dodik tampoco es menor, tras su cesión política en el acuerdo de gobierno y su coqueteo con la OTAN. La situación social en Republika Srpska cada vez ha ido más a peor, y sus apoyos políticos prácticamente se restringen a su partido político, el SNSD. Desde la guerra, más de medio millón de personas se han marchado de la entidad bosnia, la sangría de empresas y trabajadores sigue en aumento. El salario medio apenas llega a los 450 y el desencanto invade a toda la población, con excepción de los que ven en el SNSD su fuente de sustento vital. También, las posiciones radicalizadas tienen lógica mientras todos los croata-bosnios y serbo-bosnios le secunden en las instituciones, principalmente en el Tribunal Constitucional. En caso, contrario, su poder se irá minando sin aliados posibles en su propio vecindario étnico.
Cada vez más voces reclaman la intervención del grupo de contacto, la Quinta, formada por EE. UU, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, para frenar las inercias secesionistas de Dodik y normalizar el funcionamiento de las instituciones bosnias. No resulta sencillo, porque el sistema bosnio no funciona sobre la misma arquitectura que otras democracias. Su legitimidad política se encuentra en un acuerdo tripartito entre Croacia, los bosníacos y Serbia, firmado para parar la guerra. Los líderes locales tanto serbios, bosníacos y croatas han articulado su poder político sobre este sistema, y no querrían poner en riesgo sus esferas de poder, ni las potencias internacionales tienen voluntad de dedicar sus esfuerzos a reconfigurar la escena política bosnia.
Bosnia y Herzegovina tiene una dimensión paralela que no debe desatenderse: ese escenario de democracia étnica no riñe con la política llevada por Bruselas hacia los Balcanes occidentales, donde la seguridad y la estabilidad para la región han venido primando liderazgos sólidos e incontestados. Una apuesta por la democratización implicaría, también, hacer saltar por los aires estructuras que se forjaron contra la guerra, sin que las potencias internacionales vean sentido en involucrarse en nuevas aventuras locales sin un plan con garantías.
Milorad Dodik dice estar dispuesto a iniciar el proceso de independencia de la Republika Srpska, con toda la arquitectura estatal que entraña: ejército, leyes nacionales e instituciones propias. Sabe que esa independencia está lejos de hacerse realidad, ni tiene los apoyos suficientes en su propio patio étnico, ni tampoco los tiene en Belgrado, menos en las grandes capitales europeas, pero los exabruptos le sirven para controlar los términos de la agenda política, desviar la atención de sus deberes políticos y generar el tipo de desconciertos que él solo puede resolver y, de paso, que varios líderes de la región en campaña electoral le agradezcan sus cruzadas étnicas. No hace tanto, llegó a decir que se opone a la UE, si eso significa aceptar un Estado civil bosnio. Todo lo que conduzca a ello, es una amenaza para su poder político. Como dice Kučukalić: «buscar la salida al bucle sobre el futuro del Estado es una tarea imposible para la clase política actual». Seguiremos esperando a que, si no son los políticos, sean los ciudadanos los que cambien la política.
