Cuál es la situación de Irlanda del Norte y cuáles son los retos a los que debe hacer frente.
En buena compañía el viaje pasa volando, dice un refrán irlandés. Sin embargo, el Brexit, Boris Johnson y las recientes elecciones en Irlanda del Norte están superando los límites del folklore celta. En este punto, es casi imposible explicar de manera plausible por qué Irlanda del Norte apareció tan poco en el debate público y la campaña política del Brexit, lo irresponsable que está siendo Johnson en sus maniobras respecto al Protocolo de Irlanda del Norte y cómo el Sinn Fein —el partido político que en su momento estuvo asociado al IRA— se las arregló para vencer en las elecciones solo veintitantos años después del Acuerdo del Viernes Santo. Si bien las maldiciones siempre han formado parte de la cultura irlandesa, estos días la realidad parece alimentar el mito a la perfección.
Desde 1912, año en que se debatió la independencia de Irlanda en Westminster y un parlamentario liberal relativamente desconocido llamado Thomas Agar-Robartes propuso que cuatro condados del norte quedaran excluidos del acuerdo, muy pocas disputas políticas han arraigado tanto en el imaginario colectivo en todo el mundo. Dondequiera que han viajado los irlandeses, las historias de los Problemas (the Troubles) les han seguido, impulsadas por la inacabable tradición literaria del país, su rico patrimonio musical, una seductora atracción para los cineastas y el éxito de la exportación irlandesa más famosa: el pub. Los asuntos irlandeses, se podría decir, se han convertido en asuntos del mundo.
Todo esto se traduce en que una buena parte del mundo está siguiendo los chanchullos de Boris Johnson en la aplicación (o falta de aplicación) del protocolo, además de hacer sus propias apuestas políticas tras la victoria del Sinn Fein. Tratemos entonces de poner algo de orden en el caos, comenzando con Johnson, RIP.
El cada vez más débil control del poder de Johnson, que acabó en dimisión forzada
El protocolo se acordó durante las negociaciones del Brexit como solución a la cuestión de cómo gestionar la única frontera terrestre de Gran Bretaña con la UE: la que existe entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El protocolo prioriza la paz conseguida mediante el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, básicamente trazando una frontera aduanera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, pero tras entrar en vigor en 2021 se enfrenta ya a una amenaza existencial.
Apenas una semana después de que el 41% de su propio partido votara a favor de la moción de censura interna en la que se jugaba su continuidad en el puesto de primer ministro, en junio de este año, Johnson presentó a la Cámara de los Comunes la ley que le permitirá cancelar la aplicación de partes significativas del protocolo. En resumen, era el mismo viejo cuento de “Bruselas es un asco, nosotros somos la bomba”. De hecho, parte de la nueva legislación borraría unilateralmente la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en los asuntos de Irlanda del Norte. Esto se produce además en un momento de alta tensión entre la UE y el Reino Unido, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impedido recientemente que un vuelo del gobierno británico saliera de Londres para llevar refugiados a Ruanda en un dramático giro de los acontecimientos. Como señalaron Rowena Mason y Jessica Elgot en The Guardian, Johnson “ha declarado la guerra a la ley”. A la postre, demasiado incluso para el excéntrico Boris.
Más allá de la pregunta obvia —¿Existe algún plan en Downing Street con o sin Johnson?— subyace una complicada bomba de relojería política que podría detonar en uno, dos o todos los lados de ambos canales, irlandés e inglés. Para simplificar, hay cuatro áreas en las que el protocolo molesta especialmente a Londres:
Controles aduaneros. Como era de esperar, los unionistas en Belfast no están contentos con el gasto y la logística añadidos ni con el valioso tiempo perdido en una nueva frontera con su propio Estado. Londres propone ahora una especie de “carril verde” de bajo mantenimiento para los productos que cruzan el canal a Belfast mientras mantiene un “carril rojo”, con todos los controles de la UE, para los productos que viajan a la República de Irlanda. En otras palabras, de prosperar, recuperaría la soberanía sobre los controles aduaneros.
Estándares de calidad. El protocolo obliga a que todo lo que llegue a Irlanda del Norte cumpla con los estándares de calidad de la UE (CE), independientemente de que su destino final sea Irlanda del Norte o la República de Irlanda. Londres dice ahora que si es solo para el mercado del norte, la mercancía podría tener únicamente el sello del estándar británico (UKCA), significativamente más bajo en la mayoría de los casos. De nuevo, el argumento es: ¿por qué los súbditos de la reina deberían estar expuestos a los draconianos estándares de Bruselas?
Recortes de impuestos. Londres argumenta que, a causa del protocolo, no puede ofrecer a las empresas y la población de Irlanda del Norte las deducciones fiscales que aplica al resto del Reino Unido. Esto resulta especialmente importante en el caso del IVA de la Unión Europea, una de las grandes ventajas que usó como argumento la campaña a favor de abandonar la UE.
Jurisdicción. Downing Street cree que es “injusto” que Irlanda del Norte, de facto parte del mercado único, se rija por decisiones tomadas en Bruselas y no por sus propias instituciones autónomas. Y, como mencioné antes, aparentemente la humillación máxima es someterse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
¿Tienen sentido estas cuatro demandas? Es probable que se pueda encontrar una cierta lógica para las cuatro si se busca con el suficiente empeño. El problema radica en que, hace apenas dos años, Johnson, en nombre del Reino Unido, firmó un tratado internacional jurídicamente vinculante que se comprometió a respetar. Negociar el acuerdo del Brexit había sido un dolor de cabeza precisamente por algo, y, sin duda, Boris había competido en las elecciones, y ganado, basándose en la idea de “vamos a concluir el Brexit”, pero en realidad ya lo está “desconcluyendo”.
Imagine al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enviando una carta a la reina Isabel diciendo que el aeropuerto de Gibraltar ya no se puede utilizar con fines civiles, rompiendo así unilateralmente el tratado bilateral de 2006 firmado por ambos países. No podemos imaginarlo sencillamente porque sería ilegal. O, en palabras del comisario interinstitucional de la UE, Maroš Šefčovič, “legalmente inconcebible”.
Además, ¿por qué querría Johnson entrar en los libros de historia como el primer ministro que violó descaradamente el derecho internacional y puso en peligro las relaciones británicas con sus aliados de toda la vida? De hecho, ¿por qué querría ejercer aún más presión sobre el frágil equilibrio del Acuerdo del Viernes Santo? En última instancia, ¿el partido conservador y la democracia británica estarían dispuestos a seguir permitiéndole sus extravagancias políticas de enfant terrible? Demasiados frentes abiertos y demasiado complicados incluso para un Premier con fama de “trilero”.
Es cierto que no sería el único primer ministro en violar el derecho internacional, pero 2022 no es la era Churchill, y ni siquiera 2003 cuando Tony Blair embarcó al Reino Unido en una guerra ilegal. Hay ciertos precedentes que deberían evitarse. Además, la invasión de Ucrania por parte de Putin ha convertido el respeto por el derecho internacional en un tema bastante sensible en estos momentos.
Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿por qué Johnson insistía tanto contra el protocolo? La primera respuesta está clara: quiere permanecer en el cargo. Johnson estaba tratando de sofocar la agitación en su propio partido complaciendo al núcleo duro de los euroescépticos que garantizaba su supervivencia como primer ministro. El primer ministro ganó la moción de censura por 63 votos (211 contra 148), lo que representa al 59% de sus compañeros de partido. Theresa May, que se vio obligada a dimitir como primera ministra y líder del partido, ganó la suya por un 63% en 2018. La táctica me recuerda a mi época como asesor de comunicación de la vicepresidenta de España, mi jefe había escrito en la pared: “¡Es el partido, estúpido!”. Johnson claramente estaba más preocupado por su supervivencia que por las consecuencias de sus decisiones políticas, por irresponsables o dañinas que fueran para su país. Aparentemente, tenía miedo de que la gente, al final, viera al payaso que le gusta ser en lugar del líder salvador que a él le gusta ver en el espejo.
Como parte de su dudoso plan para permanecer en Downing Street, a la desesperada, Johnson trató de utilizar los viejos sentimientos de patriotismo y la nostalgia británica por el excepcionalismo, combinados con un relato de aspiraciones churchillianas para tiempos de guerra. Esto ha culminado en las duras y exageradas reacciones diplomáticas a la invasión de Ucrania por parte de Putin, diseñadas para ser desplegadas durante la celebración del Jubileo de la Reina, y en una legislación de inmigración draconiana seguida por la sugerencia de que el Reino Unido podría abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos.
Un momento complicado para Irlanda del Norte
El ambiente político pospandémico se ha vuelto delicado en Irlanda del Norte. Los disturbios y la violencia sectaria han venido en gran parte motivados por la sensación unionista de que el protocolo está separando aún más a los protestantes de su “patria”. En un movimiento cuestionable, el líder unionista y ministro principal de Irlanda del Norte, Paul Givan, renunció en febrero de 2022 en protesta por el protocolo y convocó elecciones.
Llegaron las elecciones, y es cierto que una victoria unionista en Irlanda del Norte podría haber ocultado el descontento bajo la alfombra, con un Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) envalentonado trabajando con los conservadores contra el protocolo. Pero el Sinn Fein tenía otros planes. Centrándose menos en cuestiones de identidad religiosa y más en las del día a día como la sanidad y las políticas sociales, el antiguo brazo político del IRA convenció a la mayoría de Irlanda del Norte para votarles por primera vez en la historia. Uno solo puede imaginarse la cara de Boris Johnson cuando llegaron los resultados, si bien la mayor parte de las encuestas ya lo veían venir.
Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Fein, ahora tiene derecho a convertirse en ministra principal de Irlanda del Norte. Y, como dictan las disposiciones consociacionales del Acuerdo de Viernes Santo, Jeffrey Donaldson, del DUP, tendrá que convertirse en viceministro principal. Este, como era de esperar, no quiere asumir su cargo hasta que los “problemas del protocolo” se solucionen. Política de callejón sin salida.
Todo esto dejaba a Johnson con un dilema: “resolver los problemas del protocolo” hubiera implicado casi con toda seguridad violar (de nuevo) el derecho internacional y, más dramáticamente, alimentar el monstruo de una frontera dura entre las dos Irlandas, ya sea este límite físico o imaginario. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Y la enfermedad puede incluso agravarse si el Sinn Fein entra, como algunos pronostican, en la coalición de gobierno de la República de Irlanda en las próximas elecciones. La unificación vuelve a ser el tema de conversación recurrente. Y el referéndum es el elefante en la habitación. La presidenta del Sinn Fein y líder de la oposición irlandesa en el Dail, Mary Lou McDonald, incluso sugirió recientemente un plazo para un cambio significativo “en el transcurso de esta década”. No se necesita ser un experto para comprender las ondas sísmicas que esto habrá enviado hasta Westminster, pero ya será demasiado tarde para Boris, empeñado en tomarse muy al pie de la letra las famosas palabras de Oscar Wilde: “Sé tú mismo. Todos los demás están ya ocupados”.
