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Un hombre que apoya a Donald Trump en un mítin en Charleston después de que el Presidente estadounidense rebajara la regulación a la industria del carbón, 2018. MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

Pese a las evidencias científicas sobre el calentamiento global y sus consecuencias, el gobierno de Estados Unidos está desmantelando las medidas y legislación existente para preservar el medio ambiente, la fauna, la flora y la salud de los ciudadanos. El presidente Donald Trump impulsa la industria del carbón, el consumo de petróleo, el uso del plástico, y ha retirado a su país del Tratado de París para reducir las emisiones contaminantes.   

Un incidente ocurrido el pasado junio entre un miembro de inteligencia del Departamento de Estado y sus jefes puso en evidencia las conflictivas relaciones de la administración de Donald Trump con el cambio climático. Rod Schoonover, analista de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, y profesor en la Universidad de Georgetown, preparó un testimonio para el Congreso sobre el impacto que el cambio climático podrá tener en la seguridad nacional de EE UU y del sistema internacional.

El Departamento de Estado intentó que Schoonover no testimoniara. Como esto no fue posible, tomó la decisión de no incluir su presentación en los registros del Congreso. En julio el analista renunció a su puesto como protesta por la censura.

Durante la campaña electoral y su presidencia, Trump ha negado la existencia del cambio climático, aduciendo que es un invento de China para frenar la industria estadounidense.

Coherente con esta negación de las evidencias científicas sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases (mayoritariamente provenientes de residuos fósiles) que contaminan y calientan la atmósfera, Trump nombró en la dirección de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) a reconocidos negacionistas, y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París (2015).

Así mismo, revirtió medidas que había tomado el gobierno de Barack Obama para la protección ambiental, como la de reemplazar gradualmente los coches que producen altos niveles de CO2 por otros más eficientes, y limitar las emisiones de plantas energéticas. La administración Trump también ha anulado las reglas que protegían a especies animales amenazadas de extinción de la industria y obras de infraestructura, y ha levantado el veto sobre la importación de piezas de caza mayor.

Una de las medidas más controvertidas de Trump fue ordenar que se reiniciaran las exploraciones petrolíferas en el Ártico y en parte de la costa Atlántica que había detenido Barack Obama. En marzo pasado un juez federal de Alaska frenó esa orden presidencial.

 

El negacionismo

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Un activista vestido de oso polar protesta contra la política de Trump respecto al Ártico., Washington, EE UU. Win McNamee/Getty Images

En su visión negacionista del cambio climático, la Casa Blanca consideró la cadena de incendios que hubo en 2018, desde California hasta Suecia, Portugal y Japón, como producto de “malas medidas de protección ambiental”. Más recientemente, Trump se negó a firmar un tibio comunicado conjunto con los socios del G-20 sobre el cambio climático que pone como objetivo controlar el incremento mundial de la temperatura en 1,5 grados Celsius.

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (PICC) considera que, inclusive si se alcanza esa temperatura, la situación será muy grave, con efectos como la desaparición de los arrecifes de corales, aumento del número de desplazados y el fin de millones de hectáreas de cosechas. Los territorios considerados por Naciones Unidas como Pequeños Estados Insulares (las islas Mauricio, Maldivas, Fiji, Samoa y Salomón, entre otras) desaparecerán. Según el PICC, las aguas subirán 77 centímetros para 2100 si se mantienen los niveles actuales de calentamiento.

Más cercano a la Torre Trump, en Manhattan, estudios del Departamento de Conversación Ambiental del Estado de Nueva York indican que el aumento del nivel del agua en el Océano Atlántico pondrá en peligro a parte de la ciudad de Nueva York, problema agravado por el incremento de la frecuencia de tornados y tormentas.

Esto tiene relación directa con la ola de calor, la más fuerte que se conozca, que afectó a Europa el pasado julio. Esta se desplazó hacia Groenlandia, produciendo por segunda vez en menos de un año un fuerte deshielo, perdiéndose 240.000 millones de toneladas de hielo, que aumentan el volumen de las aguas oceánicas.

Un estudio realizado por The United States Global Climate Change Research Program, que incluye a 13 agencias del Gobierno estadounidense, alertó en noviembre pasado sobre las duras consecuencias que tendrá el cambio climático para ese país, en particular para el sector rural, si no se toman medidas urgentes. La Casa Blanca y el coro de expertos y centros pagados por una serie de empresarios, entre otros los Hermanos Koch, dueños de un imperio industrial, lanzaron una rápida ofensiva sobre el estudio.

 

Asedio a funcionarios  

La renuncia del analista de inteligencia Schoonover se une a las de decenas de funcionarios que se han visto obligados a dejar sus puestos por no poder hacer su trabajo o recibir presiones. La revista Foreign Policy acaba de recoger, bajo el título “La guerra en la sombra de Donald Trump sobre el cambio climático”, testimonios de empleados del Gobierno que han sufrido “censura, miedo y represión”.

Paralelamente, estudios sobre contaminación del aire y el agua han sido suprimidos por el Ejecutivo. La organización Environmental Data & Governance Initiative señala que una cuarta parte de todas las referencias al cambio climático en las páginas web del Gobierno han sido eliminadas.

Pese a esta ofensiva, Trump ha reivindicado en las últimas semanas, usando cifras vagas y falsas, que Estados Unidos tiene los mejores índices del mundo en relación a la contaminación. Estas afirmaciones se deberían a una preocupación creciente entre los votantes republicanos sobre los efectos del calentamiento global. Encuestas realizadas por el Washington Post-ABC News señalan que el 62% de los votantes desaprueban la forma en que el Presidente está manejando la cuestión ambiental, y un estudio de las Universidades de Yale y George Mason muestra que siete de cada 10 estadounidenses creen que el calentamiento global existe.

 

Predicciones desestimadas

El caso del analista de inteligencia Schoonover es particularmente notable por las implicaciones que tiene en el campo de la paz y la seguridad en y más allá de Estados Unidos. El diario New York Times publicó su testimonio, con las partes censuradas y con las anotaciones de sus jefes en la unidad de inteligencia. La lectura del texto y los comentarios son un extraordinario ejemplo de la confrontación entre un análisis científico y críticas ideológicas que niegan el cambio climático.

El testimonio es, en realidad, un resumen de numerosos análisis científicos (que son calificados como “propaganda alarmista” por funcionarios del Departamento de Estado que lo revisaron) y del PICC.  El punto de partida es que los grandes cambios climáticos que han ocurrido hasta ahora en el planeta se han debido a razones geológicas, pero ahora hemos entrado en la era Antropocéntrica, o sea, que los cambios se deben a la utilización que hacen los seres humanos de los recursos planetarios.  El antropólogo Thomas Hylland Eriksen considera que el planeta está “recalentado” debido a una industrialización (y otras prácticas como el turismo masivo) que ha sobrepasado y abusado de las capacidades físicas del mismo.

En la introducción de su testimonio, Schoonover indica que “el cambio climático tendrá amplias implicaciones para la seguridad nacional de EE UU en los próximos 20 años debido a perturbaciones globales, riesgos crecientes de inestabilidad política, tensiones crecientes por recursos entre países, un número mayor de crisis humanitarias relacionadas con el clima, competencias geopolíticas emergentes y efectos adversos en las fuerzas militares”.

Según el autor, habrá un incremento de migraciones masivas, de las zonas rurales a las ciudades, debido al deterioro de las condiciones en numerosos países, y entre los más y menos prósperos. Se verán también afectadas las estructuras urbanas, especialmente en áreas costeras, y los Estados tendrán que reorientar recursos para combatir los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la ciudad de Jakarta (Indonesia) está invirtiendo 40.000 millones de dólares para construir un muro de 24 metros de alto que proteja a la ciudad del aumento de las aguas.

 

Impacto sobre Estados ‘frágiles’

El deshielo de los polos producirá tensiones geopolíticas por nuevas rutas y recursos. Según un análisis del Advisory Council on International Affairs (Países Bajos), se estima que el 13% de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas y el 30% de las reservas de gas se encuentran en el Ártico. En esta región habrá nuevas rutas de navegación lo largo de las costas rusas y canadienses, y a través del Polo Norte.

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Personas desplazadas a causa de la sequía y el hambre en Somalia. TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Estas perspectivas crean expectativas sobre el potencial económico del Ártico, pero también preocupa los conflictos que se puedan generar entre los países que poseen partes de su territorio (Canadá, Dinamarca, EE UU, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia). Estamos, dice el investigador Vicenç Fisas ante “la paradoja ártica, en la que el calentamiento global inducido por los seres humanos impulsa el derretimiento precipitado de la capa de hielo del Ártico, facilitando a su vez el acceso a nuevos recursos de petróleo y gas”.

El incremento de la temperatura afectará a poblaciones vulnerables, en particular niños y ancianos. Las enfermedades tropicales se transmitirán con mayor facilidad y las infraestructuras sanitarias se verán saturadas. La producción de alimentos estará afectada, especialmente la agrícola debido a las sequías, y la pesca por el agotamiento y contaminación de los bancos de peces. Aumentarán las tensiones por recursos, en particular el agua y las tierras cultivables, y por efectos de la deforestación. Habrá más incendios y esto, a la vez, incrementará el calentamiento global.

Los denominados Estados frágiles o con crisis de las instituciones se verán particularmente afectados por conflictos de diversa intensidad entre sus ciudadanos, y entre estos y gobiernos con baja legitimidad que utilizan los recursos naturales para su beneficio. “En las próximas décadas, dice el analista, los efectos sobre la falta de Estado serán dramáticas, y quizá sin precedentes”. Se calcula que 2.000 millones de personas viven en zonas de conflicto y países inestables. En ellas se agudizarán las crisis humanitarias.

Los ejemplos son numerosos. El cultivo de trigo, base de la dieta en Egipto, se verá seriamente afectado. Las sequías en Siria entre 2007 y 2010 causaron una crisis alimentaria que produjo migraciones internas masivas y fue una de las causas de la guerra civil que se inició en 2012. Casi todos los países de Oriente Medio sufren una profunda falta de agua, eso acelerará la competencia por este recurso.

Un estudio realizado para el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido sobre varios Estados frágiles muestra que en Afganistán habrá un 50% menos de agua en 2040, unido al aumento de temperatura, mayor evaporación, menos cantidad de lluvias y falta de infraestructuras afectarán la vida de millones de familias. Esta combinación de factores agudizará el conflicto violento en ese país y la incorporación de más jóvenes a las organizaciones armadas no estatales, y llevará a más comunidades a dedicarse a cultivos ilícitos.

En Somalia habrá un 62% más de posibilidades de que se agraven los enfrentamientos armados si persisten las sequías. Por su parte, la escasez de recursos hídricos, altas temperaturas y clima extremo conducirán a competencias violentas en Irak por recursos entre comunidades con diferentes identidades étnicas.

 

Más conflictos violentos

Durante las últimas dos décadas se ha discutido en medios académicos si el cambio climático genera conflictos armados. Para una serie de investigadores la relación no es directa, y las raíces de las guerras de diferentes intensidades tienen sus orígenes en razones políticas, económicas, de identidades y desarrollo. La crisis ambiental es un componente más que puede tener un efecto multiplicador, pero que debe ser analizado caso a caso.

Otros estudios alertan que la aceleración del cambio climático influye en el incremento del número de conflictos. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, publicado en junio pasado en Nature, considera que en el último siglo el factor ambiental ha influido entre un 3% y un 20% en la generación de conflictos. A la vez, predice que si la temperatura aumenta en 4 grados Celsius (algo que ocurrirá si no se frenan las tendencias actuales), habrá un crecimiento del 26% en el número de conflictos armados. Incluso en el caso que la temperatura se quede en los 2 grados que propone el Acuerdo de París, habría un incremento del 13% en el número de conflictos.

“Apreciar el papel del cambio climático y sus impactos en la seguridad es importante no solamente para entender el costo social de las crecientes emisiones que calientan la atmósfera, sino para priorizar las respuestas, que incluirían ayuda y cooperación”, indica Katharine Mach, principal autora del estudio directora del Stanford Environment Assessment Facility.

En la sociedad civil global, y en organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, crece la idea de que un componente de la gobernabilidad democrática es tomar medidas coordinadas interna e internacionalmente sobre el medio ambiente. Las políticas de nacionalismo antiambientalista impulsadas por la Administración Trump, coherentes con su aislacionismo agresivo y racista, le sitúan día a día fuera del campo democrático.