Las mafias locales controlan y gestionan de manera ilegal la basura en la región de Campania. Toneladas de residuos peligrosos se concentran en vertederos improvisados o son quemados en hogueras. Bruselas ya se ha pronunciado al respecto, pero ¿qué hace el Estado Italiano?
Al padre Maurizio Patriciello no le da tiempo ni a bajar del coche. Mientras se acerca al portal de la iglesia de Caivano, al norte de Nápoles, dos activistas golpean la ventanilla con los nudillos. La escena se repite una y otra vez, siempre igual. Cada día le informan del descubrimiento de nuevos vertederos improvisados o de hogueras incontroladas de todo tipo de desecho.
Desde los 90, las mafias locales han gestionado de forma ilegal en esta región unos diez millones de toneladas de residuos peligrosos provenientes sobre todo del norte de Italia, escondiendo los desechos especiales bajo tierra o camuflándolos entre los ordinarios. En los últimos años el enterramiento de sustancias peligrosas se ha reducido notablemente, pero el problema se ha desplazado hacia los residuos urbanos, que, mezclados con los de la producción en negro que las pequeñas industrias locales no quieren eliminar por la vía legal, acaban encontrando abrigo al borde de los senderos donde algunos chavales se encargarán de prenderles fuego a cambio de unos pocos euros.
Un año después de la entrada en vigor de la Ley sobre la denominada Tierra de los Fuegos, aún no se han logrado avances importantes, de acuerdo con las organizaciones para la defensa del medio ambiente y los activistas locales. “Hay demasiados retrasos acumulados, una ausencia de proyectos de saneamiento y los datos epidemiológicos continúan siendo alarmantes”, denuncia la asociación Legambiente en un informe presentado en febrero.
Los resultados de los análisis sobre 51 lugares calificados “de alto riesgo” por el Gobierno todavía no se han divulgado, pese a que su publicación estaba prevista para el pasado mes de junio. “Aún no se han analizado 1.335 sitios potencialmente contaminados”, alerta el informe, que define el proceso de saneamiento como una “quimera”. El grupo en defensa del territorio destaca, además, el peligro de que las compañías controladas por las mafias se lucren con los contratos para limpiar el territorio.
Cuando le preguntan a Mauro Pagnano, activista de la Coordinación de Comités de los Fuegos, qué hace en la vida, contesta: “Reuniones”. Conduce por una carretera de campaña al final de la cual se divisa el Vesubio. De repente gira a mano izquierda. Su coche se abre paso por un estrecho camino sin asfaltar, flanqueado a ambos lados por montículos de basura, a unos pocos metros de los cultivos. Se conoce de memoria todos los puntos en los que se amontonan los desechos y, cada día, cámara al hombro, sale a buscar nuevos vertederos improvisados y programar estrategias de acción con otros voluntarios. A duras penas se cubre la boca y la nariz con el cuello de la chaqueta. “¿Para qué, si las partículas tóxicas están por doquier?”, zanja mientras pasea entre paneles de amianto, viejos trastos, muebles, puertas de coches, electrodomésticos oxidados y sacos llenos de retazos de tela, ladrillos y baldosas partidas.
La “emergencia basura” se ha convertido en algo tan frecuente en Campania que ha llegado a desvirtuar el significado etimológico del término. En 2008, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, se dejaba fotografiar con su mejor sonrisa por las calles limpias del centro de Nápoles reivindicando haber solucionado el problema. Su remedio consistió en militarizar el territorio -sin que eso se tradujera en una drástica reducción de las quemas sin control- y ampliar el número de incineradoras y de vertederos.
Bruselas también se ha interesado por el problema de los desechos que carcomen esta zona. La última condena impuesta al Estado italiano llegó en noviembre, cuando la Corte de Justicia europea decretó que el Gobierno era culpable de no haber gestionado correctamente el ciclo de residuos en Campania, privándole de unas ayudas de 18 millones de euros.
Mafia y empresas: una relación de ventajas mutuas
“Hay un sistema de fuerzas económicas y sociales que obtiene beneficios de esta situación”, explica Antonio Polichetti, autor del ensayo Quo Vadis, Italia?, sin dejar de dar vueltas al café con la cucharilla en un bar del caótico centro de Nápoles. “Es por eso que no se solucionará nunca”, agrega.
“La lógica de la basura sigue exclusivamente intereses particulares: los de las empresas que tienen que eliminar residuos a bajo precio, los de los consorcios que limpian las calles, los de las compañías que trabajan en el tratamiento, los de la camorra, los de los funcionarios corruptos que hacen la vista gorda, etc”, según Polichetti. “Con las continuas crisis, las normas se saltan y se concentran todos los poderes en manos de personas que no tienen ningún interés en parar la maquinaria, ni tienen que rendir cuentas de sus acciones”, explica.
La existencia de este ciclo económico pervertido no es ninguna novedad para el Estado italiano, como atestiguan las investigaciones parlamentarias de finales de los 90 y numerosas actas de juicios. “Dentro de veinte años, todos los habitantes de la región estarán en peligro de muerte”, afirmó en 1997 el antiguo tesorero de la camorra, Carmine Schiavone, ante los magistrados. Pese a que este colaborador de la justicia revelara los principales puntos de vertido de residuos tóxicos, el Estado italiano aún está lejos de encontrar una solución al problema y la ecomafia cada año ve incrementar su volumen de negocios. El último informe de Legambiente sobre delitos ambientales señala que en 2013 este sector ingresó unos 3.100 millones de euros por la gestión de residuos peligrosos y unos 700 millones por los residuos urbanos. Campania se sitúa al frente del ránking de este tipo de infracciones, con irregularidades que afectan a todas las fases del ciclo de los residuos-, gracias a la connivencia de mafias, empresas y administraciones locales. Las fábricas pueden falsificar la cantidad o el tipo de residuos a gestionar para que materiales peligrosos se traten como ordinarios, desaparezcan o se dejen en mano de empresas que ofrecen precios irrisorios para gestionarlos.
Legambiente confía en que la nueva ley sobre delitos ambientales, aprobada a principios de marzo por el Senado, marque un paso adelante en la lucha a este fenómeno, al introducir en el Código Penal cuatro nuevos tipos de infracciones, duplicando el plazo de prescripción de las faltas con penas de cárcel de hasta 15 años.
La amenaza para la salud
La gestión ilegal de residuos, además de ser el sector de actividad más rentable para las ecomafias, es también el más peligroso para la salud. Aunque resulta complicado establecer nexos exclusivos de causalidad directa entre contaminación medioambiental y enfermedad, el Instituto Superior de Sanidad de Roma reveló en mayo un preocupante incremento de tumores entre los habitantes de esta zona de confines poco claros en la que viven al menos 500.000 personas. El incremento de mortalidad frente al resto de la región es de hasta el 13% y la alarma se dispara sobre todo en la infancia, con una tasa de hospitalización por tumores a lo largo del primer año de vida que supera entre un 51% y un 68% la media regional.
En 2014, el Gobierno italiano destinó 100 millones de euros para exámenes médicos gratuitos para la población local. Según datos oficiales, solo un ciudadano de cada diez se hizo el chequeo. Los lugareños, sin embargo, niegan haber obtenido información al respecto. “Sin toda esta movilización de activistas, aún estaría preguntándome por qué murió mi hija”, dice Tina Zaccaria, miembro de la asociación Nosotros, Padres de Todos, que aglutina a los que han perdido a sus jóvenes seres queridos por enfermedades vinculadas con la contaminación.
Un porcentaje contestado
El Estado italiano sostiene que las zonas contaminadas son apenas 21,5 kilómetros cuadrados (un 2% de las áreas bajo sospecha), aunque varios expertos han levantando críticas sobre la metodología empleada para evaluar el problema.
“La palabra clave en este asunto es no crear alarma”, replica don Maurizio Patriciello. Sentado en un banquillo de su iglesia, se quita las gafas y se frota los ojos. Está cansado. Cansado de recibir cada día noticias de nuevos casos de tumor y de despedir a feligreses en ataúdes blancos. “Llegará el día en que los focos de los medios de comunicación se apagarán. Aquella será una jornada muy triste”, lamenta. Para que ese día quede lo más lejos posible, don Patriciello hace llegar su voz hasta la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo para pedir que el Estado italiano sea juzgado responsable de omisión por las muertes vinculadas a la contaminación.
¿Y qué pasará el 31 de diciembre de 2019, fecha límite impuesta por Bruselas para el cierre de los vertederos? “Estaremos inundados por la basura o seguiremos enviando los residuos hacia el extranjero, hasta que los otros países se harten de esta situación”, repite Polichetti, el autor de Quo Vadis, Italia?. “Más y más dinero que sale de nuestros bolsillos y que pagamos en tijeretazos a servicios sociales, sanidad, educación y privatizaciones”.
