Columnas de humo se elevan fruto de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum, Sudán. (Ahmed Satti/Getty Images)

La situación actual parece formar parte de una que sigue un patrón cíclico. ¿Cuáles son los posibles escenarios? 

La República de Sudán está viviendo desde las últimas semanas una situación de violencia y desestabilización que desgraciadamente no es nueva y parece que incluso cumple con un cierto patrón cíclico. Actualmente, el enfrentamiento entre el general Abdelfatah al Burhan, cabeza del Consejo Soberano y de las Fuerzas Armadas, y el general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) trae recuerdos de golpes de Estado y luchas de poder que no son nuevos. 

Desde la independencia de Sudán en 1956, país antes formado por lo que hoy es la República de Sudán y la República de Sudán del Sur, en cualquier periodo democrático ha surgido un gobierno de corte militar. Además, es fundamental tener en cuenta que el país nació con la carga de la guerra civil entre grupos rebeldes de lo que hoy es Sudán del Sur y las élites del norte, lo cual sentaría las bases del estallido de la denominada Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972) y de una Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005). Al golpe del general Ibrahim Abbud en 1958, que gobernó hasta 1964, sucedió un breve periodo democrático hasta la denominada Revolución de Mayo de Yaafar al Numeiri en 1969, que dirigió el país hasta 1985. Tras Numeiri, un breve régimen bipartidista fue interrumpido por el golpe de Estado de 1989, esta vez de la mano del brigadier Omar al Bashir y los islamistas civiles del Frente Islámico Nacional (FIN), liderado por el carismático Hassan al Turabi.

Bashir y Turabi protagonizaron hasta 1999 un ejercicio bicéfalo del poder, con un sistema político dominado por el FIN, primero y el Partido del Congreso más tarde, que abogaba por la imposición de una identidad arabizada y una interpretación radical del islam a la manera de Turabi. Esto supuso la llegada a Sudán de miembros de grupos radicales islamistas de todo el mundo, así como el aumento de la opresión de los no musulmanes y de los musulmanes que no compartían el extremismo, por lo que tanto los cristianos o animistas dinkas, nuer o nuba del sur y el centro del país, como los musulmanes de Darfur o de las regiones del Mar Rojo sufrieron la violencia del régimen. 

El Ejército sudanés participó activamente en la represión y se crearon y reforzaron grupos paramilitares que intensificaron la violencia sobre los grupos y organizaciones que no aceptaban el régimen. Ni siquiera tras la salida de Turabi del Gobierno en 1999, cesaría dicha represión, aunque las presiones internacionales propiciaron la firma de la paz con los rebeldes del sur y, a la postre, la independencia de Sudán del Sur en el verano de 2011.

No obstante, los esfuerzos de paz en el sur contrastaron con el aumento de la opresión en Darfur y el genocidio perpetrado por unidades del Ejército y paramilitares contra la población musulmana, pero no arabizada, como los fur, los zaghawa o los masalit. Los tristemente famosos yanyauid pasaron, de ser una suerte de bandidos, a convertirse en un grupo paramilitar, incluso contando con uniformes del ejército regular. Además, el pago obtenido incentivó el reclutamiento y atrajo a muchos jóvenes de tribus arabizadas, como los baggara, en un contexto de falta de otras oportunidades. Todo ello, en el marco de una estrategia dirigida y organizada desde Jartum y con las ganancias del petróleo como combustible.

En el escenario de guerra en Darfur, diversos grupos armados trataron de contener la represión gubernamental y paramilitar y para, a su vez, hacerles frente, en 2013 desde Jartum se crean las FAR, lideradas por Hamdan Dagalo, llamado Hemedti, muchos de cuyos miembros provenían de los yanyauid, como él mismo, nacido en el seno de una tribu arabizada darfurí. El general Al Burhan, por su parte, proviene de una aldea al norte de Jartum y se formó como oficial del Ejército de Tierra, participando en la Segunda Guerra Civil y en las hostilidades en Darfur como oficial. Aunque ejecutores de la violencia del régimen de Al Bashir, ambos participaron de las protestas populares que en 2019 lo desalojaron del poder y gracias al protagonismo de la sociedad civil, fueron obligados a aceptar un acuerdo de reparto del poder con grupos democráticos, dando lugar a un Gobierno de transición civil-militar con Al Burhan como presidente, Hemedti como vicepresidente y Abdulla Hamdok como primer ministro civil. Desgraciadamente, cuando llegó el momento de que ambos cambiaran de puesto, Al Burhan se negó, y los demócratas fueron desalojados del poder mediante el golpe de Estado de octubre de 2021, con lo cual el ciclo formado por períodos cortos de democracia-golpe de Estado-dictadura militar volvía a manifestarse.

El jefe del gobernante Consejo Soberano de Sudán y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, y su lugarteniente, Mohamed Hamdan Dagalo, en una ceremonia en Jartum, Sudán. (Mahmoud Hjaj/Getty Images)

Los esfuerzos de la sociedad civil y la oposición política organizada entorno a las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), cuyos miembros provienen de la izquierda tradicional, grupos religiosos pacifistas, los tradicionales movimientos unionistas y el partido Umma, así como grupos de profesionales, dieron sus frutos con un Acuerdo Marco Político firmado el 5 de diciembre de 2022, que establecía un calendario para un acuerdo final antes del 1 de abril de ese año. Mediante ese acuerdo, las FAR de Hemedti debían integrarse plenamente en el Ejército regular bajo un mando único, lo que dejaría a éste al margen del poder, por lo que él mismo propuso postergar diez años dicha integración. Al Burhan ya veía desde hacía algún tiempo a las FAR como una amenaza a su propio poder, por lo que exigió un máximo de dos años para dicha integración. Sin margen para el acuerdo, ambos han recurrido a la fuerza, lo cual recuerda a la disputa entre Turabi y Bashir en 1999, con la diferencia de que Hedmeti cuenta con efectivos militares preparados y curtidos en la guerra y la represión en Darfur. Precisamente, hay que volver al régimen de Bashir (1989-2019) para entender por qué la movilización de las organizaciones políticas, incluidas las FLC, los comités de resistencia, las asociaciones profesionales y el movimiento feminista ha sido fundamental para organizar la protesta civil, pero no tanto para lograr que cristalizara una alternativa política al Ejército y a las FAR. La brutal represión de la disidencia y la oposición política por parte de Bashir y la utilización de la violencia como herramienta casi única para el ejercicio del poder, ha socavado la capacidad de conformar formaciones políticas de oposición y convirtió a las instituciones estatales en instrumentos a su servicio y al de las élites militares-islamistas, las cuales siguen manejando los hilos desde Jartum. El primer ministro Hamdock ha intentado atraer el apoyo internacional para financiar la transición hacia un régimen civil. Sin embargo, sus esfuerzos no han sido suficientes ni ágiles, ante el Ejército de Al Burhan y las FAR de Hedmeti que se rearmaban para estar preparados para la actual confrontación.

Paradójicamente, Hedmeti se ha declarado defensor de la transición a un Gobierno civil, alegando que Al Burhan no ha hecho lo suficiente para depurar al Ejército de los efectivos islamistas que aún quedan tras la caída de Bashir. Teniendo en cuenta, además, que la élite político-militar de Jartum sigue desconfiando de él por considerarlo un forastero de Darfur, por lo que Hedmeti se ha convertido en un elemento incómodo para las mismas élites que lo usaron como martillo del poder cuando fue necesario.

Por su parte, Al Burhan ha tratado de tender puentes con los antiguos rebeldes darfuríes, algunos de ellos integrados en el Gobierno y, aunque bajo su control quedan los yacimientos petrolíferos, los combates están dificultando su explotación. Además, el manejo por parte de Hedmeti y las FAR de las minas de oro de Darfur proporcionan a éstos un importante flujo regular de recursos para enfrentar al Ejército regular, lo cual complica aún más la situación.

En el plano internacional, Hemedti ha recibido financiación de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a cambio del envío de efectivos de las FAR a Yemen para luchar contra los rebeldes hutíes y parece que cuenta con apoyo de Rusia y Eritrea. De hecho, visitó recientemente ambos países como representante gubernamental, quizás con alguna agenda oculta preparando el terreno para las actuales hostilidades. Al Burhan, sin embargo, cuenta con el apoyo del régimen egipcio de Al Sisi, el cual necesita un Gobierno sudanés afín para asegurarse su gestión del Nilo y, por tanto, no debería de ser hostil a las potencias occidentales. 

La creación del Quad y la Troika formadas por Arabia Saudí, EE UU, Gran Bretaña, EAU y Noruega supuso un avance en cuanto a foro gubernamental de resolución del conflicto, aunque se ha demostrado insuficiente. Por otro lado, dado el escepticismo sobre el papel de la ONU en Sudán, con diversas misiones como la UNMISS, UNMIS, UNAMID o la actual UNITAMS, muchos analistas apuntan a la Unión Africana (UA) y a la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) para liderar la creación de un proceso internacional y coordinar la presión sobre Al Burhah y Hemedti. No obstante, la debilidad de ambas organizaciones y su escasa influencia para consensuar posturas entre los miembros de la Quad y Rusia y China dificultan su papel.

En este complicado escenario, una consensuada reacción internacional se antoja fundamental para terminar con las hostilidades y acabar con la violencia. Sin este apoyo internacional, los escenarios futuros podrían ser los siguientes: la victoria de uno de los dos bandos y, por ende, la aniquilación del contrario, o una situación de doloroso empate que prolongue el conflicto indefinidamente. 

En todo caso, si el apoyo internacional llegara, el protagonismo de una transición hacia una verdadera democracia debe recaer en la sociedad civil sudanesa que cuenta con grupos activos y que podrían protagonizar el cambio. Desde las asociaciones de estudiantes o de mujeres, desde las influyentes organizaciones de profesionales, o desde los movimientos religiosos sufíes y con el apoyo de las fuerzas políticas democráticas se podría conformar una plataforma que propicie la transición y la paz. Y esto podría ser así, porque en Sudán siempre han sido los movimientos de la sociedad civil los que han tomado la iniciativa del cambio, por lo que necesitan el soporte de la comunidad internacional y que ésta no termine apoyando al militar de turno por intereses geopolíticos o económicos.