La integración europea marca la orientación de
las reformas
estatutarias y constitucional en España.


En el actual debate constitucional y estatutario se olvida una realidad básica:
España ya no es un Estado-nación. Desde 1986, es Estado miembro
de la Unión Europea y pertenece a una comunidad política más
amplia. Las reglas y las instituciones de Bruselas crean una disciplina jurídica
y económica sobre sus miembros y limitan y orientan no sólo lo
que pueden hacer en el día a día, sino también las reformas
de tipo constitucional que afecten a la estructura del Estado. La Unión
condiciona la capacidad de reinventarse de sus miembros. Nuestro país,
sin embargo, aborda la reforma del Estado como si la participación en
la construcción europea no condicionara los márgenes de maniobra
y, lo que es más importante, no ofreciera orientaciones de gran calado
para abordar esta empresa.

Más de la mitad del Derecho que se aplica hoy en España viene
directa o indirectamente de Bruselas. La integración europea modifica
el equilibrio de poderes interno previsto en la Constitución española,
la sede y la forma del ejercicio de los poderes del Estado, sus límites
y los controles sobre los gobernantes. Por ello, es difícil negar una
pérdida de soberanía del pueblo español, entendida como
la capacidad de gobernarse a sí mismo, lo que es, por otra parte, inherente
a todo proceso de integración en una unidad mayor.

En el caso de nuestro país, las comunidades autónomas han visto
cómo no pocas de sus competencias las ejercen con preferencia las instituciones
comunitarias (medio ambiente, consumidores, libertades económicas…),
mientras ellas se limitan a aplicar las normas europeas o, como mucho, a desarrollarlas.
Su capacidad de maniobra y representación en la Unión es, además,
muy limitada.

Pero al mismo tiempo que se ha europeizado, España es hoy, junto con
Bélgica, el país más descentralizado de la UE, hasta el
punto de que algunos analistas han señalado que la única manera
que tiene el Estado central de armonizar normas autonómicas es hacerlo
desde la Unión. Las 17 autonomías han comprobado que ahora Bruselas
es más un límite a las pretensiones de las regiones que una oportunidad
para debilitar al poder central.

Desde mediados de los 90, asistimos, en un buen número de Estados miembros,
a la movilización de algunas regiones para tener voz en Bruselas y fijar
límites a la actuación comunitaria. Los efectos de la centralización
de poder en el ámbito europeo se traducen en la pérdida efectiva
de competencias por parte de las regiones, y éstas se movilizan para
conservar lo que entienden que es suyo. Cuantas más cosas haga la UE
futura, más dificultad encontrará un Estado miembro para impedir
que algunos de sus territorios busquen tener más voz en ella. En el ámbito
de la UE, las regiones han encontrado voz no sólo en el limitado -y
meramente consultivo- Comité de las Regiones, sino a través
de su representación propia e informal ante Bruselas y mediante procedimientos
de formación de la ...