Cómo los homicidios, la criminalidad o las extorsiones asociadas al narcotráfico contraen la actividad económica del país.

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AFP/Gettyimages



La ola de violencia en México no solo tiene como consecuencia el dolor y sufrimiento de las familias de las víctimas, sino también costes económicos directos para la población. A partir de 2006, los cambios estructurales en el negocio de la droga (incremento de la demanda en Estados Unidos, mayor acceso a armas de contrabando y la reducción de la oferta de cocaína proveniente de Colombia) y la intensa política del ex presidente Felipe Calderón para combatir el crimen organizado, disparó los niveles de violencia convirtiendo a México en uno de los países con la tasa de homicidios más alta de América Latina (y del mundo).

El incremento de los índices de violencia han tenido un impacto directo sobre la actividad económica: ha aumentado el desempleo, incrementado el cierre de comercios, disminuido el precio de las viviendas, necesitado de una mayor inversión de recursos públicos en seguridad, perjudicado inversiones extranjeras, frenado el turismo en determinadas zonas e incluso afectado al consumo eléctrico, disminuyéndolo, en aquellas regiones más peligrosas. El crimen, ya sea por la lucha entre cárteles, entre Estado y narcos, o ejercida desde las instituciones hacia la población civil -a través, por ejemplo, de extorsiones-,  ha provocado el desgaste de la confianza en el Gobierno y en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. En definitiva, la violencia le sale muy, muy cara a la población de un país.

Una de las incidencias directas de la violencia está en la disminución del precio de las viviendas. Según explica Sebastián Galiani a esglobal, profesor de Economía de la Universidad de Maryland y coautor del informe Implicaciones económicas de los homicidios del narcotráfico en México, el aumento del 1% de los homicidios disminuye el valor de las viviendas en un 1,8%. “El impacto es grande porque para muchos municipios el precio ha bajado entre el 3 y 4% en este periodo como consecuencia de la violencia. Es más, en los municipios donde la violencia se incrementó de forma permanente, el efecto es 50% todavía mayor”. Esta incidencia, según Galiani, afecta sobre todo a las casas de ingresos bajos, situadas normalmente en las zonas donde operan, en su mayoría, estas bandas criminales.

La violencia tiene un efecto directo también sobre el empleo. El aumento de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes ha disminuido el empleo entre 2% y 3%, mientras que el número de dueños de negocios se ha reducido en casi un 0,5%. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos ha advertido de que, debido a la violencia relacionada con el narcotráfico, alrededor de 230.000 personas han tenido que desplazarse de sus lugares de origen, sobre todo en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y  Michoacán. De ellos, aproximadamente la mitad ha emigrado a Estados Unidos. De esta población emigrante, un gran número son empresarios que deciden trasladar ...