Cómo los homicidios, la criminalidad o las extorsiones asociadas al narcotráfico contraen la actividad económica del país.

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AFP/Gettyimages


La ola de violencia en México no solo tiene como consecuencia el dolor y sufrimiento de las familias de las víctimas, sino también costes económicos directos para la población. A partir de 2006, los cambios estructurales en el negocio de la droga (incremento de la demanda en Estados Unidos, mayor acceso a armas de contrabando y la reducción de la oferta de cocaína proveniente de Colombia) y la intensa política del ex presidente Felipe Calderón para combatir el crimen organizado, disparó los niveles de violencia convirtiendo a México en uno de los países con la tasa de homicidios más alta de América Latina (y del mundo).

El incremento de los índices de violencia han tenido un impacto directo sobre la actividad económica: ha aumentado el desempleo, incrementado el cierre de comercios, disminuido el precio de las viviendas, necesitado de una mayor inversión de recursos públicos en seguridad, perjudicado inversiones extranjeras, frenado el turismo en determinadas zonas e incluso afectado al consumo eléctrico, disminuyéndolo, en aquellas regiones más peligrosas. El crimen, ya sea por la lucha entre cárteles, entre Estado y narcos, o ejercida desde las instituciones hacia la población civil -a través, por ejemplo, de extorsiones-,  ha provocado el desgaste de la confianza en el Gobierno y en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. En definitiva, la violencia le sale muy, muy cara a la población de un país.

Una de las incidencias directas de la violencia está en la disminución del precio de las viviendas. Según explica Sebastián Galiani a esglobal, profesor de Economía de la Universidad de Maryland y coautor del informe Implicaciones económicas de los homicidios del narcotráfico en México, el aumento del 1% de los homicidios disminuye el valor de las viviendas en un 1,8%. “El impacto es grande porque para muchos municipios el precio ha bajado entre el 3 y 4% en este periodo como consecuencia de la violencia. Es más, en los municipios donde la violencia se incrementó de forma permanente, el efecto es 50% todavía mayor”. Esta incidencia, según Galiani, afecta sobre todo a las casas de ingresos bajos, situadas normalmente en las zonas donde operan, en su mayoría, estas bandas criminales.

La violencia tiene un efecto directo también sobre el empleo. El aumento de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes ha disminuido el empleo entre 2% y 3%, mientras que el número de dueños de negocios se ha reducido en casi un 0,5%. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos ha advertido de que, debido a la violencia relacionada con el narcotráfico, alrededor de 230.000 personas han tenido que desplazarse de sus lugares de origen, sobre todo en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y  Michoacán. De ellos, aproximadamente la mitad ha emigrado a Estados Unidos. De esta población emigrante, un gran número son empresarios que deciden trasladar sus negocios al otro lado de la frontera.

Los desplazamientos forzados por la violencia no solo perjudican a la oferta laboral sino también a la inversión en capital, la existencia de empresas y la creación de nuevos negocios, según asevera el informe Las consecuencias económicas de la violencia en México, del programa de Pobreza y gobernabilidad de la Universidad de Stanford. México es el segundo país de América Latina donde sus empresas han tenido más pérdidas como consecuencia directa de robos, agresiones, vandalismo o incendios contra los establecimientos. Las empresas mexicanas pierden alrededor del 1,4% de sus ventas anuales a consecuencia directa de la violencia. En este ránking las empresas venezolanas son las más perjudicadas del continente, el valor de sus pérdidas por el crimen asciende al 1,44%, según el Banco Mundial. El coste total debido a la inseguridad y el delito contra las empresas en México asciende a casi siete millones de euros, que equivale a 0,75% del PIB del país, según datos del  Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de 2011

Otro de los indicadores asociados con el nivel de actividad económica es el consumo de electricidad. Los municipios con más actividad criminal consumen hasta un 7,4% menos per cápita. Un descenso en el consumo indica además que se han producido disminuciones significativas en el desarrollo económico local. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un aumento de un homicidio por cada 100.000 habitantes en zonas de paso para el tráfico de drogas, disminuye los ingresos municipales un 1,2%. Y hay que tener en cuenta que el número de homicidios en las regiones de paso para los narcos se ha triplicado en los últimos años.

La guerra entre los cárteles por el control de las rutas del tráfico de droga viene acompañada del incremento de la violencia en todas sus formas. También las políticas de enfrentamiento directo contra los cabecillas de los cárteles, ha aumentado la violencia, por varias razones. Por un lado, porque se abre una lucha de poder tanto dentro de la organización como con otros grupos criminales por controlar el mercado de la droga. Pero por otro, ha aumentado a la vez la criminalidad común, ya que al caer el capo, cae también el control de muchas de sus células delictivas que se quedan sin empleo y vuelven a delinquir, robando, secuestrando y extorsionando a la población civil. Cuando este nivel de violencia se prolonga en el tiempo, alcanzando lo que la Universidad de Stanford llama “umbral de guerra”, es cuando se produce una contracción fuerte de la actividad económica.

Los costes de la violencia en un país como México, donde las extorsiones forman parte del sistema, no solo vienen por parte del crimen organizado, sino también de las autoridades y fuerzas del orden. Según el informe del Barómetro Global de Corrupción 2013, seis de cada diez mexicanos ha pagado algún tipo de soborno a la policía en el último año. En este país, por cada cien delitos solo se generan ocho informes policiales, y se pronuncia una sentencia judicial. Esta situación se traduce en una inevitable pérdida de confianza en las instituciones.

Todos estos son algunos de los indicadores económicos que se pueden cuantificar con datos y estadísticas pero no son los únicos. Ni, a pesar de todo, los más graves. También hay otros, los costes intangibles, que son más difíciles de evaluar. Son los que incluyen la pérdida de la calidad de vida de las víctimas, los cambios en la conducta o los traumas personales. Son la pérdida de confianza interpersonal, de capital social debido al miedo, a la vulneración del orden y la falta de libertad. Posiblemente, los más difíciles de recuperar a largo plazo.

 

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