Murales político-sociales y graffitis en el muro que separa a Israel y Cisjordania en Belén (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images).

Hace 30 años, representantes del Gobierno israelí y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se reunieron en Madrid para iniciar negociaciones bilaterales. El llamado Proceso de Paz de Oriente Medio (PPOM) concebido en esa reunión, y supuestamente destinado a lograr un futuro de paz y justicia en el territorio situado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ha consolidado, en cambio, una realidad nefasta: la ocupación permanente con un proyecto de colonización en constante expansión por parte de Israel.

Hoy, familias enteras de Beita a Sheikh Jarrah se enfrentan a expulsiones forzadas, nuevos asentamientos se están construyendo anexando todo el territorio y las organizaciones que documentan y denuncian estas violaciones del Derecho internacional y los derechos humanos están acusadas de terrorismo o antisemitismo.

A pesar de esta realidad, que cada vez más expertos reconocen como apartheid, los principales patrocinadores occidentales del PPOM, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, han presentado a lo largo de los pasados 30 años, iniciativas políticas bajo apariencia de “construcción de la paz” e imponiendo un marco de negociaciones bilaterales. El PPOM fue presentado como el ejemplo definitivo de resolución de crisis políticas insolubles a través del marco de negociaciones bilaterales, que han dominado la política hegemónica estadounidense desde los 90.

El marco de negociaciones bilaterales es totalmente inocuo en el contexto de lucha por la liberación y los derechos y, en lugar de impulsar una solución para poner fin a décadas de exilio, subyugación y ocupación, ha permitido consolidar la situación actual.

Primero, el PPOM carece de términos de referencia mutuos y no se basa en la buena fe. Para que cualquier negociación pueda alcanzar una solución justa, es necesario que exista un interés mutuo en alcanzar un acuerdo entre dos partes iguales. Esto se conoce como “negociar de buena fe” y requiere una base comúnmente acordada para alcanzar un resultado.

Las negociaciones empezaron con la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU como supuesta base, que establece los parámetros para una “solución de dos estados”. Pero el Gobierno israelí solo aceptó sentarse a la mesa de negociaciones con la OLP por dos razones, y estaba claro que no tenía intención de llegar a los parámetros de la resolución 242. En primer lugar, su participación se debió al impulso generado por la resistencia palestina durante la Primera Intifada, que puso la lucha palestina por la autodeterminación en el mapa mundial. En segundo lugar, Israel estuvo bajo la presión del entonces presidente estadounidense George H. Bush, que había retenido 10.000 millones de dólares en garantías de préstamos que Israel buscaba para absorber a decenas de miles de colonos judíos soviéticos (que al final serían asentados principalmente en las colonias de Cisjordania). Fue una de las dos veces que EE UU ejerció presión condicionada sobre Israel.

Tras estancarse las negociaciones oficiales, conversaciones secretas entre Israel y la OLP llevaron a los “Acuerdos de Oslo” (que reúnen varios acuerdos y declaraciones). A día de hoy, son los únicos documentos escritos entre israelíes y palestinos. Los acuerdos no hacen referencia al Derecho internacional. Israel se las arregló para evitar cualquier término de referencia que pudiera hacerle responsable de la violación de derechos fundamentales de la población palestina, como rechazar la terminología de “ocupación”, y que entonces se aplicara el 4° Convenio de Ginebra.

Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes le arrebata una bandera palestina a una mujer durante las escaramuzas al margen de la controvertida Marcha de la Bandera, organizada por nacionalistas de derecha israelíes (Yefimovich via Getty)

El ex primer ministro israelí, Isaac Rabin, tras firmar los acuerdos, afirmó su visión ante el Parlamento (Knesset) y dijo que solo aceptaría “menos que un estado” para los palestinos e incluiría “el establecimiento de bloques de colonias en Judea y Samaria.” Con esto, consolidaba la visión colonial de anexión permanente ya presente en los planes de previos líderes como el Plan Allon de 1967 o el Plan Drobles de 1978.  Hasta la actualidad, Israel no ha reconocido la existencia del pueblo palestino como grupo nacional, lo que implicaría reconocer su derecho a la autodeterminación.

En este marco, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), nacida de los Acuerdos de Oslo, fue diseñada específicamente con el fin de desempeñar un papel en la pacificación y el control de los palestinos, en lugar de conducirlos hacia la libertad y la soberanía. La OLP cambió así la lucha por la emancipación por una forma limitada de autogobierno sitiado por Israel y dependiente de él. El proceso se convirtió en un mecanismo para afianzar la ocupación militar israelí a través de una clase dirigente palestina comprometida con el mantenimiento del statu quo.

El marco del proceso —la Declaración de Principios— estableció directrices generales sin un calendario claro ni incentivos para que Israel cediera en ninguna de las cuestiones fundamentales (agua, retorno de los refugiados y Jerusalén) o mecanismo en caso de fracaso, en una dinámica de poder claramente asimétrica. Israel centró sus esfuerzos en valerse del período provisional y convertir las negociaciones en un proceso sine die. Esto le ha permitido continuar con la construcción de colonias ilegales, incluso durante el período de negociaciones de Oslo.

Por su parte, los negociadores palestinos estaban mal preparados para garantizar el cumplimiento de cualquiera de sus demandas y los pocos expertos, marginados. Khalil Tafakji, renombrado cartógrafo palestino, relata en su libro que, invitado por Yasir Arafat y los negociadores palestinos en 1993, intentó exponer la realidad sin ser escuchado: “No sé si alguien les prometió que tendrían un Estado, pero yo les hablo partiendo de los mapas, y si los miramos, no hay ningún Estado palestino […] no tienen nada”.  En 2011, la cadena Al Jazeera reveló más de 1.600 documentos secretos sobre las negociaciones desarrolladas entre 1999 y 2010. Los documentos confirmaron que los negociadores palestinos hicieron numerosas concesiones sin ninguna transparencia, consulta o aval por parte de su pueblo.

En el PPOM se echa en falta también un intermediario honesto y un mecanismo de rendición de cuentas. EE UU asumió el papel de intermediario, a pesar del prolongado apoyo militar y diplomático a Israel. Washington no sólo no ha exigido responsabilidades a Tel Aviv por sus persistentes y graves violaciones del Derecho internacional y por sus crímenes de guerra en Gaza, sino que ha utilizado reiteradamente su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que otros lo hagan.

Durante más de un siglo, y desde la Declaración Balfour de 1917, como detalla el historiador Rashid Khalidi en su último libro, las potencias occidentales han apoyado al movimiento sionista y a Israel negándose a reconocer a las y los palestinos como un pueblo con derechos nacionales. En relación con las negociaciones de Oslo, Dennis Ross, el negociador estadounidense, dijo entonces al Ministro egipcio que “el objetivo principal era garantizar que los intereses de Israel fueran atendidos.”

Mantener vigente el PPOM ha permitido a Israel y a sus aliados subyugar a la población palestina y a sus actuales dirigentes, empleando tres estrategias: la creación de hechos consumados sobre el terreno, la manipulación narrativa para culpar a las víctimas y la intimidación de la comunidad internacional.

Los Acuerdos de Oslo han permitido a Israel avanzar su empresa de colonización a través de la expansión de las colonias, haciendo así efectiva la doctrina de “el máximo de tierra con el mínimo de árabes” sin obstáculo. Ha desplegado tácticas como crear zonas militares en tierras palestinas, prohibir el acceso de las comunidades rurales a sus tierras agrícolas y fuentes de agua, destruir sus viviendas, casas, construir el Muro e imponer un bloqueo total a Gaza. Israel se hizo experto en la política de “hechos consumados", agregando cada vez más hechos como condiciones a negociar. Así se espera de los palestinos que negocien su libertad y sus derechos fundamentales mientras Israel sigue colonizando y afianzando el apartheid como una realidad irreversible.

Israel ha conseguido manipular la narrativa y culpar a los palestinos por el fracaso de las negociaciones y por la violencia que se les inflige, haciendo posible un proyecto de anexión sin rendición de cuentas. En efecto, el ex Ministro de Relaciones Exteriores israelí Abba Eban dijo en 1973 que “los árabes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad.” La frase se ha convertido desde entonces en un eslogan antipalestino por el cual se les responsabiliza de rechazar siempre todas las ofertas de paz, pero esta afirmación no resiste el examen de los hechos. Este discurso sigue dominando en torno al fracaso de los Acuerdos de Camp David de 2000: se suele creer que Arafat rechazó allí una oferta muy generosa del ex primer ministro Ehud Barak. Sin embargo, tal y como relataron los negociadores en 2001: “en sentido estricto, nunca hubo una oferta israelí. Decididos a preservar su posición en caso de fracaso, los israelíes siempre se detuvieron un paso antes —si no varios— de una propuesta.” A lo largo de varias décadas, tras un sinfín de cumbres y mesas redondas, la OLP aceptó muchos compromisos y propuestas en base de la resolución 242. Israel, en cambio, no se comprometió.

Israel califica cualquier intento del pueblo palestino de defender sus derechos fuera del marco fallido de las negociaciones bilaterales como “medidas unilaterales” que “perjudicarían la paz.”. Peor: en los últimos años, ha lanzado campañas acusando falsamente de terrorismo a los grupos palestinos defensores de los derechos humanos. Pero también Israel hostiga a la comunidad internacional cada vez que sus miembros protestan contra las violaciones de derechos, equiparando la lucha palestina y criticas de Israel con el antisemitismo. Estas presiones están servidas por todos lados: de acusar a la Corte Penal Internacional (CPI) de capitular ante el “terrorismo diplomático” palestino o presionar a una universidad estadounidense para retirar una tutora de curso por criticar a Israel.


Muchas personas y familias perdieron sus hogares a causa de la destrucción de los ataques aéreos israelíes (Mohammed Zaanoun/ Universal Images Group via Getty Images)

Hablar de boquilla sobre el supuesto proceso de paz, las negociaciones y la “solución de dos Estados” sin ningún mecanismo de rendición de cuentas ha contribuido a la cultura de impunidad bajo la que opera Israel hoy en día.

Israel puede cada vez más “achicar el conflicto” —como lo repite su nuevo gobierno— mediante el impulso de medidas económicas o “concretas” que solo han profundizado la dependencia de la AP respecto de la hegemonía israelí, facilitando así el apartheid y la empresa de colonización.

A pesar de haber finalizado en 1999, y a pesar de las numerosas amenazas huecas de la OLP de rescindirlos, los Acuerdos de Oslo siguen siendo el único marco vigente que dicta las dinámicas políticas, institucionales y económicas entre los dirigentes palestinos e Israel. Hay que romper este ciclo.

Cualquier proceso que no tenga los derechos inalienables de los palestinos —y los pueblos en general— como punto de partida, que no reconozca cómo se deniega de manera sistemática por parte de Israel estos derechos y no imponga rendición de cuentas, no es un proceso que pueda lograr la paz.