Después de una década en el poder, el Presidente de Ecuador comienza a sufrir síntomas de desgaste. Lo cuestionan los movimientos sociales que lo llevaron al poder.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante una entrevista en Quito. Rodrigo Buendía/AFP/Getty Images
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante una entrevista en Quito. Rodrigo Buendía/AFP/Getty Images

En 2006, Rafael Correa hacía historia en Ecuador al llegar al poder con Alianza País y emprender lo que llamó la Revolución Ciudadana, encaminada a establecer en este país latinoamericano un “socialismo del siglo XXI” a través de amplias reformas políticas, económicas y sociales. Correa, economista formado en Bélgica y Estados Unidos, contó con el apoyo del emergente movimiento indígena, organizado en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en un ambiente de repudio popular a las medidas de ajuste neoliberal y en un momento de generalizado ascenso en América Latina de los llamados gobiernos progresistas. Ecuador se unió a esa ola de cambio, que encontró en Ecuador, Venezuela y Bolivia, los países fundadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), el discurso más transformador.

El idilio entre Correa y los movimientos sociales tuvo su máxima expresión en la firma de la Constitución de Montecristi de 2008, que incluyó los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en lengua quechua, que sintetizan una cosmovisión en la que la satisfacción de las necesidades humanas y el cuidado de la naturaleza coexisten en armonía. Además, la naturaleza es sujeto de derechos: por primera vez, una Carta Magna incluía los derechos de la naturaleza, como haría también Bolivia en su constitución de 2009.

Sin embargo, la inclusión de los derechos de la naturaleza no ha impedido que se sigan fomentando en el país los proyectos petroleros, mineros y del agronegocio que desafían las formas de vida de las comunidades indígenas y amenazan con destruir sus territorios. ...