El espectro de la violencia electoral asoma en América Latina

¿Por qué presentarse como candidato a los comicios en Colombia, México y Brasil implica literalmente jugarse la vida? He aquí un análisis del aumento de la violencia electoral en estos tres países que ahonda en hechos y cifras para conocer las causas.

Esta vez las elecciones presidenciales en Venezuela se han celebrado en un ambiente de relativa tranquilidad, aunque marcado por una bajísima participación y por las sospechas de fraude. El escenario ha sido muy diferente de los comicios de julio de 2017 para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuando hubo al menos 10 muertes en distintos incidentes.

En aquella ocasión, dos candidatos a la ANC fueron asesinados en sendos episodios de violencia electoral. José Luis Rivas Aranguren falleció tras recibir varios impactos de bala durante un acto de campaña en el Estado de Aragua; y el abogado José Félix Pineda Marcano murió también a consecuencia de los disparos recibidos en Ciudad Bolívar.

El candidato Gustavo Petro es escoltado tras su discurso en Medellín, Colombia. Joaquín Sarmiento/AFP/Getty Images

2018 es un año electoral decisivo para América Latina, en el que Colombia, México y Brasil también eligen nuevos presidente. En estos tres países, el espectro de la violencia electoral ha asomado a lo largo de los últimos meses. A principios de este mes el Gobierno de Colombia, que el 27 de mayo celebra el primer turno de las elecciones presidenciales, se vio obligado a aumentar el esquema de seguridad para proteger a los candidatos presidenciales y al ex presidente Álvaro Uribe, con el fin de evitar ataques durante la campaña electoral. La decisión fue tomada después de que el candidato de derechas, Iván Duque, denunciase un plan para atacar la sede su partido con explosivos, al mismo tiempo que el candidato de izquierdas Gustavo Petro reveló que querían asesinarlo.

La violencia electoral ha sacudido tanto la campaña para las elecciones generales como para las presidenciales. A principios de marzo el propio Gustavo Petro, candidato de la coalición Colombia Humana, fue agredido cuando iba a participar en un acto electoral en Cúcuta, una ciudad que está cerca de la frontera con Venezuela. Su coche fue atacado con piedras, que en un primer momento fueron confundidas con tiros. El político tuvo que suspender su agenda por la confrontación entre sus seguidores y detractores. Además, el 16 de mayo la sede de su campaña en Valledupar volvió a ser atacada con ladrillos.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, tampoco se libró de las agresiones. En marzo, un grupo de manifestantes impidió que participase en un acto en apoyo al candidato de su formación, Iván Duque, que iba a celebrarse en Popayán, en la costa del Pacífico colombiano. La policía tuvo que dispersar a los manifestantes contrarios al senador Duque con gases lacrimógenos.

“Los agresores son ciudadanos, gente que está resuelta a agredir al candidato que identifica como adversario del de sus preferencias”, señala Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Llegamos a este extremo por una polarización ideológica suscitada desde las dos orillas electorales que se viven hoy”, agrega Carlos Andrés Arias, gerente del centro de pensamiento Estrategia y Poder.

Sandra Borda, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estudiosa de la resolución de los conflictos armados, relaciona esta violencia en parte con el resultado del referéndum de 2016 para avalar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. “Aquí, el país quedó partido en dos mitades”, afirma.

El país andino tiene un largo historial de violencia electoral ejercida por grupos armados ilegales contra candidatos o votantes. En los 80 y los 90, fueron liquidados más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica, el partido que surgió de las negociaciones con las FARC con el presidente Belisario Betancourt. Otro ejemplo son las sangrientas elecciones presidenciales de 1990, en las que cuatro candidatos fueron asesinados: Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica; su sucesor del Partido Comunista, Bernardo Jaramillo Ossa; Luis Carlos Galán, del Partido Liberal; y Carlos Pizarro, antiguo líder de la guerrilla M19, candidato por la Alianza Democrática M19.

A partir de 2010 esta tendencia parecía haber experimentado un descenso. Sin embargo, los episodios violentos de este año se han multiplicado desde el inicio de la campaña para las elecciones legislativas, que se celebraron el pasado 11 de marzo. Pocos días antes de los comicios, un hombre con machete agredió a la candidata a la Cámara Fanny Zambrano en el departamento de Boyacá, en el centro del país. Hubo tres heridos, entre ellos el hijo de Zambrano, al que tuvieron que ponerle 24 puntos en el brazo. El mismo día, en el departamento de Antioquia estalló un artefacto explosivo en un acto de la candidata al Senado Olga Suárez, causando nueve heridos.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en las elecciones legislativas se registraron riesgos electorales tanto por fraude como por violencia en 170 municipios. Es un dado sensiblemente menor con respecto a los comicios anteriores de 2014, cuando fueron 260 los municipios con riesgos electorales. No obstante, el nivel de riesgo extremo aumentó en 14 municipios, pasando de 50 a 64.

Poco antes de los comicios del 11 de marzo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la violencia electoral en el país. “Urge en Colombia un posicionamiento de todos los candidatos contra la violencia electoral”, afirmó Almagro tras reunirse con el candidato izquierdista Gustavo Petro. Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “solo la inteligencia y los argumentos pueden derrotar la violencia”.

Miembros del partido Movimiento para la Regeneración Nacional hacen un homenaje al alcalde asesinado José Remedios Aguirre, marzo 2018, México. Gustavo Becerra/AFP/Getty Images

En México, donde el 1 de julio también se elige al nuevo presidente, además de 500 congresistas y 3.000 cargos locales, al menos 93 políticos fueron asesinados, según Etellekt, empresa de consultoría especializada en análisis de riesgos y políticas públicas. Estas muertes violentas se produjeron entre el inicio oficial del periodo electoral, el 8 de septiembre de 2017, y el pasado mes de abril. Aunque la campaña todavía no ha terminado, ya ha sido tildada como la más sangrienta de la historia.

La lista de políticos asesinados o agredidos en los últimos meses es muy abultada. Hay precandidatos a la alcaldía, líderes municipales, exalcaldes, gobernadores e incluso un líder estatal. Guerrero, Veracruz y Estado de México son los territorios federales en los que ha habido más crímenes contra candidatos.

Ante esta situación, el secretario general de la OEA mostró su preocupación por la violencia en la campaña electoral en México, que definió como “inaceptable”. “Nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. El primero es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país”, dijo Almagro el pasado mes de marzo durante una visita a Madrid. “Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días. Eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”, añadió.

“Hay que distinguir entre los atentados del crimen organizado y los que tienen que ver con violencia electoral, aunque es difícil. El crimen organizado no existe sin un nivel de compenetración y de colusión con el Estado”, advierte Sandra Ley, profesora e investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los ataques contra autoridades y partidos por parte del crimen organizado se vienen registrando desde mediados de los 90, aunque aumentaron considerablemente a partir de 2006. “Ahora llaman más la atención de los medios de comunicación porque tenemos las mayores elecciones de la historia de México a nivel federal, estatal y municipal. Y es, precisamente, en el nivel municipal que el crimen organizado intenta incidir con más fuerza”, explica Ley a esglobal.

El número de candidatos asesinados refleja los altos índices de criminalidad de México, que según los datos oficiales registrados 2017 fue el año más letal de su historia reciente. Las autoridades en México contabilizaron 25.339 homicidios en 2017, lo que equivalente a una tasa de homicidios de 20,5 por cada 100.000 habitantes. Se trata de un incremento del 23% con respecto a 2016. Es también la cifra más alta desde que empezó a llevarse un registro en 1997, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En esta situación de violencia generalizada, los políticos corren un riesgo mayor de perder la vida. Un estudio demuestra que un político local tiene dos veces más probabilidades de ser asesinado que cualquier otro ciudadano. La novedad este año es que las víctimas no son solo políticos locales. Los candidatos a nivel estatal también están siendo atacados. Es algo que contradice las tendencias registradas hasta la fecha. “Los datos que he recolectado entre 1995 y 2014 junto a mi compañero Guillermo Trejo [profesor de la Universidad de Duke, en Estados Unidos] muestran que el 80% de los atentados está dirigido contra autoridades municipales”, informa Sandra Ley.

El fin de estos atentados es que los grupos criminales puedan ejercer más poder a nivel local. “Para el negocio del crimen organizado es importante tener un control territorial”, afirma esta politóloga. Los ataques contra los políticos se articulan en varias fases: en el periodo previo a la campaña electoral, como una forma de influir en el nombramiento de los candidatos; durante la campaña, para poder incidir en el tipo de políticas públicas que se aplicarán posteriormente; y tras la posesión del cargo, para controlar los nombramientos en puestos clave como seguridad, transporte, infraestructura o comunicación, y para tener acceso a recursos y a políticas consideradas fundamentales para el desarrollo del crimen organizado.

Para Sandra Ley, la violencia en México es solo una de las estrategias usadas por el crimen organizado. La otra es la compra de políticos. “La plata va de la mano del plomo. Hay políticos que se pueden comprar y otros que tienen que ser amedrentados. No podemos olvidar que venimos de 10 años de confrontación abierta del Estado con el crimen organizado, con un proceso de militarización que ha causado la multiplicación de grupos criminales. Al principio de los años 2000 en México había solo cinco organizaciones criminales. Hoy son más de 60. En la actualidad estamos en un contexto de competencia no solo del crimen organizado con el Estado, sino de lucha entre varias organizaciones de crimen organizado con decenas de organizaciones diseminadas en todo el territorio nacional”, explica esta politóloga.

Un hombre con piedras durante la protesta contra el ex presidente brasileño Lula da Silva, marzo 2018. Itamar Aguiar/AFP/Getty Images

En Brasil, donde el 7 de octubre hay elecciones presidenciales y legislativas, además de escoger a los gobernadores estatales, también se han registrado varios casos de violencia. El 25 de marzo, la caravana electoral del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente encarcelado por corrupción, fue recibida con piedras y huevos a su paso por el sur del país. Este acto de precampaña, que llevó a Lula a visitar varios Estados en la región en la que tiene menos seguidores, vivió su momento más tenso dos días después, cuando el autobús en el que viajaba la prensa recibió tres tiros. No hubo heridos. La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, clasificó el episodio como “emboscada”.

Después de la detención de Lula, dos personas resultaron heridas tras un ataque en el campamento montado en Curitiba por seguidores del expresidente. Ocurrió el 28 de abril. Un militante, que recibió un disparo en el cuello, tuvo que ser hospitalizado. “El ataque a tiros contra el campamento en apoyo a Lula es gravísimo. Estamos cruzando a pasos agigantados la frontera que separa la intolerancia de la violencia política abierta. Lo mínimo que se espera en un caso como este es una dura respuesta de las autoridades policiales del Estado del Paraná, una presión permanente de la prensa para que haya una investigación y una punición, y una condena vehemente de todos los líderes políticos. Ahora es el momento de la responsabilidad política, mientras todavía hay tiempo”, afirmó el politólogo Pablo Ortellado el mismo día de la agresión. De momento, no ha habido detenidos, aunque la Policía de Paraná ha informado que se ha abierto una investigación.

La expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) ya había advertido un día antes del primer ataque con tiros contra la Caravana Lula que la violencia podía instalarse en la campaña para las elecciones generales. En un encuentro con la prensa extranjera, en el que estuvo esglobal, Rousseff denunció la presencia de “milicias armadas y de gente con revólveres y bombas” en los actos de precampaña llevados a cabo por el PT en marzo. También destacó el odio de clase de los terratenientes, que llegaron a atacar con látigo a los militantes a favor de Lula. “Actúan como si fuesen una milicia a caballo, y esta milicia usa el látigo, lo que representa claramente una visión del país. La senadora [Ana Amélia] dijo había que recibir [a la caravana Lula] con látigo y fusta. Es inimaginable que una senadora de la República haga eso”, afirmó la expresidente.

“El ataque contra la caravana de Lula es una ofensiva contra una formación política que ha concedido la posibilidad de organización a los excluidos de Brasil, y que la clase media no quiere aceptar”, afirma Carlos Eduardo Martins, politólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. “Se trata de colocar a la izquierda como blanco. La izquierda es consciente de que hay una ofensiva fascista que está siendo ejercida a nivel institucional. La onda fascista es acogida por grupos como la Milicia, que empieza a tener un papel en este sentido”, añade Martins en referencia al asesinado de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Marielle Franco, ejecutada en Río de Janeiro el pasado 14 de marzo. Su muerte tuvo una repercusión a nivel mundial por ser negra y LGBT, y por haber nacido y crecido en una favela.

Como en México, en Brasil los políticos corren el serio riesgo de ser asesinados. Entre 2007 y 2018, al menos 97 alcaldes y concejales murieron de forma violenta. La media es de nueve políticos locales por año. Uno de los años más sangrientos fue 2016, cuando en las elecciones locales de Río de Janeiro fueron asesinados cerca de 15 candidatos a alcaldes y concejales. Las investigaciones apuntan a la Milicia, la organización criminal formada por expolicías y exmilitares, la misma que supuestamente mató a Marielle Franco.

Una mujer protesta por el asesinato de Marielle Franco en Sao Paulo, marzo de 2019. Miguel Schincariol/AFP/Getty Images

“El caso de Marielle es claramente un crimen político que intenta decir a la población pobre de Río de Janeiro que no se inspire en este camino de ascensión social; que su camino es el del narcotráfico, de la subordinación cultural y del uso del cuerpo a través del deporte, de la prostitución o de la música vulgar”, analiza Carlos Eduardo Martins.

Para este politólogo, en las próximas elecciones de Brasil la violencia puede convertirse en la tónica general. “Hay indicios de una escalada de violencia o de intimidación, para desincentivar que la izquierda se organice para disputar la corrida electoral. Es una violencia que se puede repetir perfectamente en otras circunstancias”, advierte Martins. De hecho, en el lanzamiento de su precandidatura como diputado federal, Jean Wyllys (PSOL), el primer político que declaró públicamente su homosexualidad y que ganó fama al escupir contra el diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro durante la votación del impeachment de Dilma Rousseff, reveló que tiene escolta policial después del asesinato de Marielle Franco.

Los altos niveles de criminalidad letal, la creciente polarización política, el poder del narcotráfico y la herencia de dinámicas que se desarrollaron en una época histórica marcada por la guerra y la división nacional son los principales elementos que están contribuyendo a aumentar la violencia electoral en estos países latinoamericanos.