Los refugiados de Sudán y Eritrea ponen en cuestión uno de los principios fundacionales de Israel. 

israel
AFP/Getty Images


Han pasado cinco años desde que una mayoría en el Parlamento israelí, 63 diputados sobre un total de 120, firmara un documento contra la expulsión de los refugiados que habían llegado a Israel escapando de la guerra civil y de las persecuciones religiosas en Sudán. Por aquel entonces, los refugiados llegados a Israel no contaban más de dos mil personas y se encontraban,  en su mayoría, en el desierto del Négev, repartidos en kibutz y en ciudades como Beer Sheba. Habían llegado a pie, pasando por Egipto, y con la esperanza de una vida mejor en “un Estado que hacía barbaridades” –en palabras de Emanuel, un adolescente recién llegado a Ibim, una aldea de la Agencia Judía, en 2007- según les habían advertido en Jartum o en El Cairo.

Actualmente residen  en Israel entre 45.000 y 60.000 inmigrantes africanos en busca de asilo, según el mismo premier israelí, Benjamín Netanyahu. El sur de Tel Aviv se ha convertido en una verdadera colonia de inmigrantes procedentes de Sudán y Eritrea, y tras diversas convulsiones sociopolíticas en las que han sido protagonistas, el debate sobre qué hacer con este colectivo ha cobrado una gran importancia en el Gobierno y en la sociedad israelí.

Desde 2005, cuando los refugiados empezaron a cruzar la frontera del Sinaí, comenzó una luna de miel, mediática y diplomática,  entre los sudaneses perseguidos por el Gobierno islamista de Jartum e Israel.  Simon Deng, por ejemplo, que fue un niño esclavo, ahora reside en EE UU y es un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Sudán, ha apoyado, vehementemente, a Israel en los foros internacionales por haber recibido a miles ...