Seis países que tratan de poner fin a enfrentamientos armados que duran ya varias décadas.
Colombia
La victoria de Juan Manuel Santos en las últimas elecciones presidenciales colombianas ha permitido que se siga avanzando en el proceso de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El principal partido de la oposición, controlado por el ex presidente Álvaro Uribe, no ha dejado de criticar las negociaciones considerándolas como un favor hecho a las FARC por parte del Gobierno. La ajustada victoria electoral de Santos ha sido interpretada por algunos analistas como el reflejo de la polarización de opiniones entre la población colombiana acerca del proceso. Comprensible si se tiene en cuenta la desmovilización de los paramilitares articulada en la Ley de Justicia y Paz, de 2005, con numerosos logros pero también con implementaciones altamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, tanto el gobierno de Santos –ministro de Defensa en el período de los crímenes de Estado conocidos como falsos positivos– como las FARC parecen comprometidos a lograr un acuerdo de paz definitivo. En agosto se reanudaron en La Habana, Cuba, las conversaciones entre enviados del Ejecutivo y representantes de la guerrilla. Se ha establecido un marco hexagonal para el proceso de paz. De los seis temas que lo componen, ya se han logrado acuerdos en tres puntos esenciales, cuyo contenido ha sido hecho público recientemente: desarrollo agrario y rural –una de las reivindicaciones históricas de las FARC ha tenido que ver con la distribución de la propiedad de la tierra–; futura participación política del grupo y marco electoral en el que desarrollará; y cultivos ilícitos y relación de la organización con el narcotráfico, acuerdo por el que las FARC se comprometen a desvincularse del narco, principal medio de financiación junto a los secuestros. En esta ronda en curso de negociaciones iniciada en agosto, ambas partes dialogarán sobre las víctimas y la atribución de responsabilidades para establecer quienes han sido los victimarios, así como acerca de las medidas reparatorias que deberán implementarse. Se está lejos de saber el número de víctimas que ha causado el este conflicto. Según las estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, entre paramilitares, guerrillas y fuerzas de seguridad estatales podrían haber asesinado a unas 250.000 personas, a lo que hay sumar los cientos de miles de desplazados y los miles de secuestrados.
Filipinas
Las perspectivas de pacificación en el sur de Filipinas –y sobre todo de la principal isla, Mindanao– nunca han sido mejores desde el inicio del conflicto hace más de cuatro décadas. Algunas estimaciones cifran en 150.000 los muertos, a los que hay que sumar los heridos y los cientos de miles de desplazados. Tras largas negociaciones, en octubre de 2012 se firmaba un acuerdo de paz entre el Gobierno, presidido por Benigno Aquino III, y el principal grupo insurgente musulmán de la isla, el Frente Moro para la Liberación Islámica (FMLI), con unos 10.000 combatientes. Desde entonces, las conversaciones de paz –auspiciadas por países vecinos como Malasia– y las medidas gubernamentales y de los rebeldes para implementar los acuerdos no han dejado de sucederse. El FMLI estaría dispuesto a ceder en su aspiración histórica de crear un estado en el sur de Filipinas –donde la población es mayoritariamente musulmana, en un país en el que los cristianos representa el 80% del censo– a cambio de un amplia concesión de autonomía.
En estos momentos, un proyecto de ley sobre el nuevo estatus de la región sur de Mindanao se encuentra en trámites parlamentarios. Aquino controla ambas cámaras legislativas en las que se debatirán aspectos como si se aprueba la aplicación por parte de los tribunales de la sharia para ciudadanos musulmanes y las competencias que serán atribuidas al nuevo parlamento que debería establecerse para controlar la región autónoma –algunas como seguridad y política exterior permanecerán en manos del gobierno de Manila–. El nombre de esta nueva región será Bangsamoro (‘pueblo moro’), y sustituirá a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán, en vigor desde 1989, uno de los primeros intentos para lograr la estabilidad de la zona que, sin embargo, no consiguió la estabilidad.
El proceso de paz, sin embargo, no está libre de obstáculos. Será complicada la reinserción de los miles de combatientes del FMLI. Y no todos los grupos políticos e insurgentes están de acuerdo con el proceso. Algunos grupos de ex insurgentes que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno hace años –como el Frente Moro de Liberación–, temen quedar marginados del eventual futuro escenario político. Además, otras organizaciones armadas que operan actualmente en la zona no se han sumado a la iniciativa de paz. De entre ellos, el principal es Abu Sayyaf, que según las autoridades filipinas ha seguido perpetrando ataques en los últimos meses. Su líder juró lealtad recientemente al Estado Islámico, y han secuestrado a dos turistas alemanes a los que amenazan con decapitar si Alemania no se retira de la colación internacional que trata de combatir al EI. Piden también el pago de un millonario rescate. Según muchos analistas, el proceso de paz tiene una fecha límite importante para su completa implementación: 2016, el años que se termina el sexenio de Benigno Aquino.
Birmania
Seis décadas de conflictos armados entre el gobierno central de Birmania y diversas minorías étnicas han comenzado a encauzarse en los últimos meses hacia la mesa de negociaciones. Ya se han celebrado varias reuniones entre representantes del Gobierno militar del país y de la mayoría de los grupos armados, la última en abril de este mismo año que permitió la aprobación de un borrador para un futuro alto el fuego a nivel nacional. El objetivo es ambicioso e inédito. Hasta la fecha únicamente se habían mantenido negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo y algunas organizaciones insurgentes.
Los grupos armados étnicos son muy diferentes, y operan en distintas zonas del país, por ejemplo, los Kachín en el norte, los Shan y los Rohingya en el este, o los Karen y Mon en el centro-sur. Todos los ellos, y sobre todo las minorías de las que proceden, han sufrido en las últimas décadas las operaciones militares llevadas a cabo por la dictadura birmana, que ha sido acusada de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en sus campañas de contrainsurgencia. Las conversaciones de paz no están siendo fáciles. Se espera que sea un largo proceso, auspiciado por las Naciones Unidas y por miembros de la diplomacia china (Pekín tiene numerosos intereses económicos en el país y una larga relación con el régimen militar). Algunos representantes de los grupos armados ya han lamentado la intransigencia gubernamental, que pide un desarme total sin ofrecer garantías de que se ofrecerán a cambio contraprestaciones políticas y económicas. También han denunciado que el Ejército sigue llevando a cabo operaciones militares contra los insurgentes, algo que podría comprometer todo el proceso. La paz, que para los grupos rebeldes debería resultar en un estado federal, podría complicarse por la cercanía de las próximas elecciones generales previstas para 2015.
Afganistán
Tras varios meses de negociaciones post electorales entre bambalinas, Afganistán tiene nuevo Gobierno. Ashraf Gani, ex economista del Banco Mundial de la etnia pastún, será el presidente, mientras que el tayiko Abdulá Abdulá podrá asumir un cargo creado expresamente para él y equiparable al de primer ministro. El acuerdo entre ambos candidatos incluye una cláusula para repartirse los altos cargos del Estado y un plan para cambiar en el futuro la Constitución e incluir la figura del primer ministro, decisión que se deberá tomar en una asamblea constituyente con los líderes tribales –loyajirga– de aquí a dos años. El nuevo Ejecutivo tendrá que decidir si continúa las negociaciones con los talibanes iniciadas por el ex presidente Hamid Karzai, de las que no ha trascendido casi nada. El extremo secretismo de las mismas impide saber en qué punto están ni qué disposición tienen ambas partes para alcanzar un acuerdo. Barack Obama ha declarado públicamente que apoya cualquier negociación que pueda traer la paz a Afganistán. También el vecino Pakistán –de cuya voluntad depende también en buena medida la futura estabilidad de Afganistán– ha mantenido a su vez conversaciones con los talibanes paquistaníes. A nivel internacional, además de la relación con Islamabad, las autoridades de Kabul tendrán que lidiar también con los intereses en Afganistán de su vecino Irán.
Ghani firmará finalmente un nuevo Acuerdo Bilateral de Seguridad con Estados Unidos que garantiza la permanencia de las tropas estadunidenses en el país más allá de 2014. Previsiblemente, esta firma permitirá a las autoridades afganas contar con una posición más fuerte en las negociaciones con los talibanes, cuyos ataques han causado este año cientos de víctimas. A corto plazo, el Gobierno afgano tendrá también que negociar ingresos –la mayor parte de sus presupuestos depende de la ayuda extranjera– para poder hacer frente al pago de los salarios de sus funcionarios. Los talibanes no son el único obstáculo que tiene el gobierno de Kabul para controlar el territorio nacional. ¿Conseguirá Ashraf Gani fortalecer al Estado frente a los poderosos caciques locales –también llamados señores de la guerra– que controlan amplios sectores étnicos, recursos y grupos armados? Hablamos de personajes como el uzbeko Abdul Rashid Dostum, incluido como segundo de abordo en la candidatura que presentó Ghani, y acusado de crímenes de guerra en su lucha contra los talibanes.
Senegal
En mayo de este año, Salif Sadio, el líder del movimiento político armado independentista de Casamance, conocido como Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MDFC), anunció un alto el fuego de su grupo. Recogía así la mano tendida por el presidente de Senegal, MackySall –elegido en 2012–, que se había materializado en unas primeras conversaciones entre el Gobierno central y representantes de los independentistas celebradas en el Vaticano en 2013.
El conflicto separatista en la zona senegalesa de Casamance comenzó en 1982. La región cuenta con una población mayoritariamente cristiana y animista, a diferencia del resto de Senegal, predominantemente musulmán. El disparatado establecimiento de fronteras entre las potencias coloniales de la región -Francia e Inglaterra- condicionaron que Casamance esté separado de Senegal por Gambia, aunque al este sí engarza con el territorio senegalés. Desde Casamance se ha acusado a la principal etnia del país, la Wolof, de haber marginado históricamente al sur.
El gobierno de Senegal está tratando de negociar la paz ofreciendo una descentralización administrativa, además de considerables inversiones, nacionales y de organismos internacionales, que permitan desarrollar la débil economía de Casamance. Los obstáculos para alcanzar el fin del conflicto son relevantes. Además del desminado de muchas hectáreas de terreno, también se tendrá que hacer frente a la situación de los desplazados internos y de los refugiados. Un asunto determinante en las negociaciones será cómo se reparte el control sobre las importantes reservas de hidrocarburos situadas frente a las costas de Casamance.
Turquía
El proceso de paz entre los líderes kurdos y el Estado turco marchaba relativamente bien hasta el mes de agosto. Se había aprobado en el parlamento de Ankara un marco legal que permitiera desarrollar unas conversaciones de paz con esta minoría. Meses antes, el líder de los kurdos, Abdulá Öcalan, había declarado que su pueblo no perseguiría ya sus derechos mediante las armas, ordenando la retirada de suelo turco de los guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (el PKK). El escenario se ha complicado en estas últimas semanas. La expansión del Estado Islámico ha provocado un desastre en las poblaciones kurdas de Siria e Irak, con cientos de miles de desplazados y refugiados. Los kurdos turcos no se ven respaldados por Ankara –que teme un rearme– en sus aspiraciones de combatir a los integristas. Además, muchos kurdos acusan al gobierno turco de haber llegado demasiado lejos en su apoyo a los grupos yihadistas que combaten en Siria.
El conflicto ente los kurdos turcos y el Estado turco ha dejado unos 40.000 muertos en los últimos 30 años. A las acciones armadas de los primeros –calificadas por los turcos, por EE UU y por la Unión Europea de terroristas–, el Ejército y las autoridades turcas respondían con una represión brutal, que incluyó el bombardeo y quema de aldeas en los 90, lo que motivo que entre 2 y 3 millones de kurdos se convirtieran en desplazados internos. Las cosas empezaron a cambiar a partir de 2012. Se comenzaron a reconocer derechos reclamados por esta minoría como la enseñanza de la lengua kurda en las escuelas, o el uso de su idioma en la televisión y en los tribunales. El líder del PKK encargado de negociar con Ankara ha sido Abdulá Öcalan, encarcelado desde 1999 en una prisión de máxima seguridad situada en una isla del Mar de Mármara. Para algunos analistas, Öcalan no tiene ya el ascendente que tenía sobre su comunidad, y no es seguro que los acuerdos a los que llegue vayan a ser respetados por el resto de líderes kurdos. Tampoco está claro si el ahora presidente turco, Recep Tayyip Erdogan –elegido en agosto– podrá controlar a los halcones contrarios a las negociaciones, tanto políticos como militares. El futuro del proceso de paz entre los kurdos turcos y Ankara parece más ligado que nunca a los destinos de los kurdos iraquíes y sirios.
