Un asesor guía a los usuarios a interactuar con el robot "Pepper" durante una prueba de los asistentes robóticos Pepper y James en la Alcaldía de Medellín el 08 de julio de 2022 en Medellín, Colombia. (Foto de Fredy Builes/Getty Images)

La tecnología adquiere cada vez más importancia en la economía colombiana, pero abordar desafíos como la ciberdelincuencia y la escasez de profesionales digitales cualificados deben ser una prioridad para el país si quiere sacar el máximo partido a sus oportunidades.

Aunque son innegables los beneficios y las oportunidades que la tecnología y la digitalización han proporcionado a Colombia —por ejemplo, la innovación en la búsqueda comercial, productiva y científica y la mayor agilidad de varios procesos productivos e institucionales—, todavía hay factores humanos muy importantes que hacen que sus sistemas sean vulnerables a las amenazas contra la ciberseguridad, el espionaje y las fugas de datos. Estos problemas suponen costes adicionales cuando hay que adaptar y crear unas infraestructuras esenciales para mitigar los posibles peligros. En la actualidad, Colombia no está manteniendo a las instituciones públicas y privadas muy a salvo de los ciberdelincuentes. El país depende cada vez más de la tecnología, pero paralelamente aumentan los problemas de seguridad que le impiden el pleno desarrollo. Ahora que contempla sacar el espectro 5G a subasta en 2023, Colombia debe abordar estos problemas de seguridad o se enfrentará a desafíos aún más graves en el futuro.

En 2021, Colombia fue el sexto país del mundo que más secuestros de sistemas sufrió, con más de 11 millones de amenazas detectadas. Esta estadística muestra los riesgos que corren las instituciones públicas y privadas y por qué debe ser prioritaria la implantación de protocolos de ciberseguridad. Ante el incremento de los ciberataques y los ciberdelitos, es probable que las empresas aumenten su inversión en infraestructuras de ciberseguridad y sus programas de desarrollo e implementación. En 2021, cuatro entidades estatales colombianas sufrieron ataques informáticos. El Invima y el DANE fueron víctimas de un intento de extorsión y recuperaron el funcionamiento de sus servidores gracias a la ayuda de las autoridades y los equipos técnicos. Las fuerzas militares y la fiscalía fueron víctimas de una filtración del grupo Guacamaya, una organización de activismo informático con fines políticos que está en una campaña permanente para desprestigiar a las empresas del sector extractivo y a las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos. En el caso de Colombia, la información filtrada ascendió a más de cinco terabytes de datos (unos 38.000 archivos), con informaciones sobre casos polémicos, como las escuchas telefónicas del Ejército y la Policía, el caso Odebrecht e Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros. Mientras la opinión pública siga pensando que hay una injerencia de las empresas en la política, la reputación de las firmas que quieran hacer contribuciones —aunque sean legales— a campañas electorales o partidos políticos estará en peligro.

Las entidades estatales, tanto nacionales como locales, necesitan mejorar e instaurar protocolos e iniciativas de políticas públicas sobre ciberseguridad. Sobre todo, porque ...