La crisis sanitaria global ha dejado al descubierto las deficiencias laborales, la desprotección social y la violación de los derechos humanos que sufren las mujeres trabajadoras en los países árabes.
El mundo árabe contabilizó 8,8 millones de personas desempleadas en 2019, de las cuales 3,8 millones eran mujeres, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras el impacto de la pandemia en las tasas de paro para la misma región se estima que el número total de personas sin trabajo puede aumentar hasta los 9,1 millones en 2021: 5,2 millones serían hombres y 3,9 millones mujeres.
En mayor o menor medida, la crisis sanitaria global sigue afectando a gran parte de los países del mundo en diferentes olas. La situación ha dejado al descubierto las numerosas deficiencias en los ámbitos laborales que afectan a las trabajadoras en el mundo árabe, alcanzando niveles sin precedentes de violaciones de los derechos humanos, según ha registrado la Confederación Sindical Árabe (ATUC en sus siglas en inglés) en los últimos meses.
Sin olvidar aquellos sectores de actividad altamente feminizados como los sanitarios, la educación y los servicios de limpieza, los ámbitos laborales especialmente afectados durante la pandemia han sido aquellos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico y las trabajadoras agrícolas que son ocupados en gran parte por migrantes. Este sector de población debido a su extremada vulnerabilidad ha sido sometido a patrones injustos de explotación, sexismo, desigualdad, restricciones de género y numerosas políticas y formas de trabajo inseguras, racistas y xenófobas, que ya eran frecuentes antes de la irrupción de la pandemia y que se han exacerbado durante la misma.
Entre las graves violaciones que el sindicalismo árabe ha registrado en esta etapa se observan la pérdida de sus medios de vida, la violación de sus derechos en el trabajo, la violación de derechos humanos elementales y la absoluta desprotección social. Gran parte de estas mujeres que han trabajado y trabajan en el sector informal no están cubiertas por ningún sistema de seguridad social y carecen del derecho a vacaciones pagadas, de acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios básicos de protección de la maternidad.
ATUC, a modo de ejemplo, ha revisado la situación de las mujeres etíopes en Líbano. Según las cifras que ofrece la central sindical internacional árabe, se calcula que en este país hay más de 300.000 trabajadoras domésticas de diversas nacionalidades extranjeras que se han visto perjudicadas de manera extraordinaria por las condiciones impuestas por la crisis económica durante la pandemia de la Covid-19.
En el caso de las mujeres etíopes, decenas de ellas fueron objeto de expulsión arbitraria de sus puestos de trabajo y se quedaron en la calle. Sus salarios, recibido en libras libanesas según el nuevo tipo de cambio oficial, no tienen ya ningún valor a la hora de hacer transferencia a sus familias en Etiopía, que se ven obligadas a convertir este dinero en dólares.
La moneda local, en este período, perdió dos tercios de su valor frente al dólar lo que da una idea de la extrema situación que se atraviesa en el país. El dólar llegó a alcanzar las 4.200 libras en junio de 2021 frente a las 1.507 libras anteriores al colapso del sistema libanés. El tipo de cambio hizo que muchos empleadores se vieran, además, incapaces de pagar los salarios de las trabajadoras extranjeras, sumidos en su propia crisis, y que como efecto inmediato, las empleadas fueran expulsadas, se quedaran sin casa, sin dinero, excluidas y sin ningún tipo de protección. O bien que muchas de ellas aguantaran trabajando en condiciones extremas sin cobrar por el miedo a ser expulsadas y expuestas a un destino desconocido.
Así se dio uno de los casos más extremos que hemos conocido en este período con la crisis de las trabajadoras domésticas etíopes en Líbano que pidieron ser evacuadas y repatriadas a su país de origen. Hay que saber además que el Ministerio de Asuntos Exteriores etíope les informó de su decisión de obligar a quienes quisieran regresar a su tierra natal a correr con los gastos del procedimiento de cuarentena en los hoteles con un coste de 770 dólares americanos: una cifra equivalente al salario de cinco meses de trabajo en Líbano. Por otra parte, la aerolínea Etiopía Airlines impuso también el pago del billete de avión en dólares estadounidenses a quienes deseaban retornar.
Ante semejante tragedia humana tuvieron que intervenir varias partes en el conflicto: el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y el Comité de Trabajadoras de Etiopía con el apoyo de la Federación Nacional de Sindicatos de Empleados y Trabajadores del Líbano( Fenasol) hasta poder llegar a algunos acuerdos en esta crisis y facilitar la salida de parte de las trabajadoras y algunas mejoras en las condiciones de su regreso.
Pero las migraciones que abocan a las mujeres a condiciones de altísima informalidad o de trabajo forzoso son muy anteriores a las provocadas por la pandemia. Ya en 2016, la OIT señalaba Líbano como un destino preferente de las trabajadoras domésticas migrantes que provenían del sureste asiático y de África.
Se trataba en ese momento de un colectivo de unas 250.000 mujeres reclutadas en sus países de origen por particulares y por agencias especializadas libanesas que superaban las 500 en ese año. Estas mujeres terminaban siendo sometidas al terrible sistema de kafala o esponsorización. De este caso, se ha ocupado en profundidad la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, que ha creado, a través de sus proyectos de cooperación sindical internacional con la central sindical libanesa Fenasol, diferentes espacios de formación con las trabajadoras domésticas para facilitar el conocimiento de sus derechos humanos laborales y los mecanismos jurídicos de que disponen para defenderlos.
Según las informaciones recabadas por la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, los testimonios de las mujeres entrevistadas en el terreno son muy similares y así lo narra su directora, Esther Caballé, en un artículo dedicado al caso de las trabajadoras domésticas asiáticas en Líbano: “Los testimonios de estas mujeres se asemejan: enfrentan jornadas laborales superiores a las 17 horas diarias, perciben salarios muy bajos (situados entre los 100 y los 200 dólares mensuales) o ni los perciben, tampoco disponen ni de horas ni de días de descanso, no pueden salir del hogar y acaban siendo víctimas de maltrato físico y violencia sexual con plena impunidad y con la connivencia de la kafala. Ya que las trabajadoras, de forma unilateral, no pueden rescindir la kafala con el empleador/a, ya que solo se permite a la empleada finalizar la relación laboral en los supuestos de abuso físico o sexual certificado por un médico, cuando se produzca un impago del salario o bien cuando se demuestre que el trabajador/a fue recluido/a contra su voluntad, esto, de facto, supone la imposibilidad de que las víctimas de este sistema puedan denunciar, por sí solas, los abusos de que son víctimas, ya que de esa denuncia derivaría la pérdida de la kafala y su permiso para seguir residiendo en el país. Esto ha supuesto una mayor incidencia de la siniestralidad entre las empleadas del hogar. El Gobierno libanés reconoció que de media dos trabajadoras domésticas fallecían cada semana como resultado de un homicidio, un suicidio o un intento fallido de fuga desesperada”.
De ahí la importancia de que los Estados árabes ratifiquen el Convenio 189 de la OIT (2011) que protege los derechos de los y las trabajadoras domésticas. Convenio, cabe decir aquí, que aún sigue en proceso de ratificación por parte de España. Éste refleja claramente el derecho a organizarse por parte de estas trabajadoras, asegura la libertad de asociación y la negociación colectiva. Cuando un país ratifica y aplica el Convenio 189, que especialmente afecta a las mujeres trabajadoras migrantes por los sectores de actividad que suelen ocupar, proporciona a los sindicatos locales una base legal para apoyarlas, por ejemplo, en el derecho de asociación y sindicalización. Pero además también abarca los derechos humanos básicos, la regulación de agencias de contratación y la igualdad de trato para las trabajadoras migrantes del servicio doméstico.
El Convenio 189 permite a los países de origen proteger los derechos de sus trabajadoras en el extranjero y, de hecho, les ofrece la posibilidad de alinear sus leyes laborales, facilitado que las naciones emisoras y receptoras trabajen juntas para mantener los derechos de las empleadas domésticas migrantes. Sabemos que en la mayor parte de los Estados las trabajadoras domésticas no están totalmente protegidas por la ley y, al estar aisladas, pueden ser explotadas y maltratadas como hemos visto en el caso de las etíopes en Líbano.
La lista de países que aún no han ratificado este Convenio desde 2011 en el mundo sigue siendo demasiado extensa. De entre los Estados árabes que son miembros de la OIT no lo han hecho aún los siguientes: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Catar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen.
Al margen de estos casos específicos de mujeres migrantes en Líbano donde, como se dijo, se han detectado situaciones extremas y de trabajo forzoso en muchos casos, en lo que se refiere al resto de trabajadoras en la región árabe, extranjeras o nativas, hay que decir de manera general que los sistemas de protección social siguen siendo deficientes y son escasas las nuevas estrategias para modificar las legislaciones que los regulan.
Conviene recordar aquí el valiente, necesario y oportuno libro del periodista marroquí Hicham Houdaifa, A la mujer y a la mula, vara dura: se trata de una radiografía de la esclavitud moderna y de la violencia económica contra las mujeres, en este caso, en el Marruecos del siglo XXI a través de una serie de reportajes y testimonios que el autor recoge en diferentes ubicaciones dentro y fuera del país.
Con esta obra, Houdaifa pretendía dar testimonio fiel en los reportajes que componen el libro de la precaria situación que viven las mujeres marroquíes y las prácticas esclavistas que sufren. Mujeres que sobreviven en condiciones indignas y esclavas en el medio rural, en las regiones montañosas del Atlas marroquí, y en ciudades pequeñas como Berkan, Midelt y Kalaat Sraghana, así como niñas trabajadoras en el servicio doméstico para familias de las grandes urbes como Casablanca y Rabat, entre otras casuísticas. La narración va más allá de las fronteras marroquíes para explicarnos cómo sus compatriotas caen atrapadas en las redes internacionales de la prostitución de los Estados del Golfo.
Lamentablemente las medidas de protección social en los países árabes siguen siendo insuficientes para las mujeres y no incluyen a grupos que quedan marginados como las trabajadoras de sectores informales o las viudas que no perciben pensiones de viudedad en muchos casos. Podemos ya imaginar que el sufrimiento de las mujeres trabajadoras árabes que viven en zonas de conflicto y de guerra se torna extremo y es urgente activar leyes que las protejan, como las leyes sobre el trabajo y la seguridad social para que puedan gozar de una mayor cobertura.
Al igual que con la ratificación del convenio 189, si hay algo que pueda contribuir de manera notable al avance de algunas realidades del mundo del trabajo para las mujeres en los Estados árabes será posiblemente la ratificación y el cumplimiento real en el terreno del Convenio 190 de la OIT, que se refiere al acoso y a la violencia en el ámbito laboral.
La sola ratificación de este histórico convenio, aunque requiera de un desarrollo posterior efectivo en el terreno que será a todas luces complejo y con obstáculos, tendría un importante impacto en las legislaciones nacionales árabes.
Sería un gran paso en el avance de los derechos laborales y sindicales muy especialmente para las mujeres. Además, lo novedoso de este convenio, y de ahí la importancia de su ratificación, es que se aplica en el mundo laboral e incluye el acoso o la violencia por parte de terceros de modo que no pueden ser descartados los espacios privados o íntimos de las personas, y este hecho es de vital importancia a la hora de las reformas legales en la región árabe.
Este convenio es aún muy joven, ya que fue aprobado durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019. Por el momento, solo nueve países en el mundo han procedido a su ratificación: Argentina, Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Mauricio, Namibia, Somalia y Uruguay. No ha habido aún ninguna ratificación por parte de ningún Estado árabe, a pesar de las intensas campañas que las organizaciones sindicales han llevado a cabo en algunos lugares como Marruecos, Túnez o Jordania. Además, hay que decir que solo nueve naciones árabes cuentan con alguna legislación contra el acoso sexual, la desigualdad salarial y los abusos contra la mujer.
Numerosas ONG y organizaciones sindicales de la región árabe han señalado la alta violencia a la que están sometidas las mujeres en todos los sectores de actividad desde el agrícola hasta los más altos cargos públicos. Ámbitos, como se dijo, sin apenas leyes de protección contra la violencia y el acoso a las mujeres. Organizaciones feministas árabes han indicado que se trata de uno de los mayores desafíos y, sin duda, la ratificación del Convenio 190 y las reformas legislativas podrían ayudar a la erradicación de estas violencias en el mundo del trabajo.
